Leopoldo Fernández incluyó en lista de testigos en su defensa al presidente Morales
La Paz, Abi
En su desesperado afán de evitar un dictamen condenatorio por la masacre de Porvenir, el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, incluyó paradójicamente en su lista de testigos al presidente del Estado Evo Morales y a ex ministros de Estado.
La abogada de las familias de la víctimas de la masacre, Mary Carrasco, dijo el jueves a la ABI que los ex ministros son los de la Presidencia, Gobierno y de Defensa, Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada y Walker San Miguel.
Dijo que Fernández también puso en la lista a algunos de sus allegados, como el senador de Convergencia Nacional, Roger Pinto, al ex comandante de Policía en Pando, Silvio Magarzo, y hasta al comentarista de televisión Carlos Valverde, "quien nunca estuvo en la zona, ni conoce a cabalidad lo sucedido".
La abogada indicó que el juicio sobre la masacre de Porvenir ingresó el jueves a una fase crucial testifical para determinar responsabilidades sobre el hecho, donde el principal investigado es precisamente el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Carrasco, dijo que el miembro de la Comisión de Investigación del caso, el mayor de Policía Julio Larrea Moscoso, el primer testigo del caso, hizo importantes revelaciones.
"El Mayor Larrea fue el primer testigo de la fase testifical y estableció que, más allá de las imágenes mostradas por la televisión o por los medios de comunicación, se ha establecido que la masacre se produjo con todas las agravantes, por lo que amerita la continuidad del proceso", anotó.
Subrayó que otro de los datos dados por Larrea muestra que todos los indicios confirmaron que Fernández "conocía perfectamente lo que iba a ocurrir varios días antes del suceso".
Los hechos se produjeron cuando un grupo de personas armadas interceptaron una marcha de campesinos que se trasladaba el 11 de septiembre de 2008 a Cobija para reclamar por sus reivindicaciones de tierras.
"Fernández se comunicaba en forma permanente por teléfono con el grupo de hombres a su mando que eran funcionarios de la Prefectura, del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) y del Comité Cívico que fue enviado a interceptar la marcha", confirmó Carrasco, al mencionar las revelaciones de Larrea.
Agregó que las investigaciones también establecieron que las muertes y heridas ocurridas en el hecho fueron a consecuencia de disparos de armas de fuego calibre 22 tipo escopeta, que portaban las personas al servicio de Leopoldo Fernández.
La abogada informó que el grupo de choque de la Prefectura, el SEDCAM y el Comité Cívico fue el pilar de los hechos desencadenados en Porvenir con la masacre de más de una decena de campesinos.
Indicó que las conclusiones de la comisión investigadora de la Policía y del Ministerio Público verificaron que Fernández también conocía sobre el cavado de tres zanjas para impedir la marcha de los campesinos, donde se produjeron algunas de las muertes.
Carrasco enfatizó que la parte acusadora tiene 300 testigos para demostrar lo sucedido en Porvenir, por lo que está dispuesta a utilizar toda la prueba para sustentar el proceso penal.
"La estrategia de la defensa del ex prefecto de Pando es dilatar el proceso para que no prosiga", anotó, al subrayar que, sea el tiempo que sea necesario, los abogados de las víctimas seguirán adelante.
Informó que las familias de las víctimas de la masacre cuentan con cuatro abogados contra seis de Fernández.
"Cada abogado tiene su tiempo para interrogar a cada uno de los testigos, por lo que estimamos que la fase testifical podría concluir en diciembre, tomando en cuenta que las audiencias solamente se desarrollan los días jueves y viernes de cada semana", enfatizó.
Manifestó que la fase testifical dio inicio a todo un proceso que incluirá las fases documental, presentación de pruebas materiales, inspecciones oculares y otras.
Una vez concluidas esas etapas se iniciarán los alegatos e inmediatamente el Tribunal Sexto de Sentencia deberá dictar sentencia condenatoria o absolutoria.
Fernández se encuentra detenido desde septiembre de 2008, inicialmente en la cárcel de San Pedro, en pleno centro de La Paz, y desde el 24 de febrero en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en espera de la continuidad del proceso en su contra como el principal imputado.
El ex prefecto de Pando es acusado de ser el autor intelectual de la masacre, lo que ha negado con reiteración.
