Nasralá dice que no se arrestará a los sospechosos del caso Hariri
Beirut, Agencias
El líder del movimiento chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, aseguró hoy que nadie podrá detener a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri y descartó que vaya a haber una guerra civil en el Líbano.
"Ninguna fuerza podrá detener a los mencionados en el acta de acusación... ni en 30 días, ni en 30 o 300 años", dijo Nasralá en una videoconferencia transmitida por las televisiones libanesas.
El dirigente del grupo chií pronunció esta alocución dos días después de que las autoridades de Beirut recibieran del Tribunal Especial para el Líbano el acta de acusación del caso Hariri, en la que, según la prensa libanesa, se inculpa a cuatro miembros de Hizbulá.
Aun así, "no habrá conflicto entre suníes y chiíes, no habrá guerra civil. Todos deben confiar y estar tranquilos. Debe haber un gobierno responsable y dispuesto a tratar de modo nacional un acontecimiento de dicha índole", indicó el líder chií.
Y ello a pesar de que, según Nasralá, el Tribunal Especial para el Líbano "tiene varios objetivos; entre ellos, atentar contra la imagen de la Resistencia (brazo armado de Hizbulá) y causar un conflicto entre libaneses, sobre todo, entre suníes y chiíes".
En ese sentido, acusó a la corte de no permitir que se lleven a cabo pesquisas sobre Israel y de cooperar con él.
"Este tribunal desde su creación no ha permitido a nadie investigar a Israel. Ellos (los investigadores del tribunal) han ignorado y desatendido las pruebas", aseguró
Esa organización siempre ha negado la implicación de alguno de sus militantes en este caso y en agosto del año pasado Nasralá dio a conocer hechos y fotos, aunque no pruebas contundentes, sobre la presunta implicación de Israel.
Nasralá se quejó de que los investigadores del Tribunal Especial para el Líbano "cooperaron con Israel" en vez de prestar atención a las pruebas presentadas por su grupo.
A lo largo del discurso del cabecilla de Hizbulá se intercalaron imágenes que supuestamente demostraban que la mayoría de los empleados del tribunal están relacionados con Israel, la CIA o el FBI.
Nasralá acusó, además, de corrupción a los trabajadores del tribunal y se mostró una grabación en la que uno de los ayudantes, el exfiscal del tribunal Detlev Mehlis, supuestamente recibía dinero.
Según los medios de comunicación libaneses, las cuatro personas acusadas de estar involucradas en el magnicidio de Hariri son cuatro miembros del grupo chií Hizbulá, identificados como Mustafa Badredin, Selim Ayyash, Assad Sabra y Hasan Anaisse.
Sobre esas cuatro personas, Nasralá destacó que "tiene una historia de resistentes contra la ocupación".
El ministro libanés del Interior, Maruan Charbel, se mostró ayer ambiguo sobre la filiación política de los inculpados, ya que pese a que negó en un comunicado haber revelado su identidad como dijeron algunos medios de información, afirmó implícitamente que se trata de miembros de Hizbulá.
Desde el jueves pasado, las autoridades del Líbano disponen de 30 días para cumplir con los mandatos de arresto, y pasado ese plazo, se hará publica el acta de acusación y se convocará a los acusados ante la sede de la corte internacional, en Holanda.
El líder del movimiento chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, aseguró hoy que nadie podrá detener a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri y descartó que vaya a haber una guerra civil en el Líbano.
"Ninguna fuerza podrá detener a los mencionados en el acta de acusación... ni en 30 días, ni en 30 o 300 años", dijo Nasralá en una videoconferencia transmitida por las televisiones libanesas.
El dirigente del grupo chií pronunció esta alocución dos días después de que las autoridades de Beirut recibieran del Tribunal Especial para el Líbano el acta de acusación del caso Hariri, en la que, según la prensa libanesa, se inculpa a cuatro miembros de Hizbulá.
Aun así, "no habrá conflicto entre suníes y chiíes, no habrá guerra civil. Todos deben confiar y estar tranquilos. Debe haber un gobierno responsable y dispuesto a tratar de modo nacional un acontecimiento de dicha índole", indicó el líder chií.
Y ello a pesar de que, según Nasralá, el Tribunal Especial para el Líbano "tiene varios objetivos; entre ellos, atentar contra la imagen de la Resistencia (brazo armado de Hizbulá) y causar un conflicto entre libaneses, sobre todo, entre suníes y chiíes".
En ese sentido, acusó a la corte de no permitir que se lleven a cabo pesquisas sobre Israel y de cooperar con él.
"Este tribunal desde su creación no ha permitido a nadie investigar a Israel. Ellos (los investigadores del tribunal) han ignorado y desatendido las pruebas", aseguró
Esa organización siempre ha negado la implicación de alguno de sus militantes en este caso y en agosto del año pasado Nasralá dio a conocer hechos y fotos, aunque no pruebas contundentes, sobre la presunta implicación de Israel.
Nasralá se quejó de que los investigadores del Tribunal Especial para el Líbano "cooperaron con Israel" en vez de prestar atención a las pruebas presentadas por su grupo.
A lo largo del discurso del cabecilla de Hizbulá se intercalaron imágenes que supuestamente demostraban que la mayoría de los empleados del tribunal están relacionados con Israel, la CIA o el FBI.
Nasralá acusó, además, de corrupción a los trabajadores del tribunal y se mostró una grabación en la que uno de los ayudantes, el exfiscal del tribunal Detlev Mehlis, supuestamente recibía dinero.
Según los medios de comunicación libaneses, las cuatro personas acusadas de estar involucradas en el magnicidio de Hariri son cuatro miembros del grupo chií Hizbulá, identificados como Mustafa Badredin, Selim Ayyash, Assad Sabra y Hasan Anaisse.
Sobre esas cuatro personas, Nasralá destacó que "tiene una historia de resistentes contra la ocupación".
El ministro libanés del Interior, Maruan Charbel, se mostró ayer ambiguo sobre la filiación política de los inculpados, ya que pese a que negó en un comunicado haber revelado su identidad como dijeron algunos medios de información, afirmó implícitamente que se trata de miembros de Hizbulá.
Desde el jueves pasado, las autoridades del Líbano disponen de 30 días para cumplir con los mandatos de arresto, y pasado ese plazo, se hará publica el acta de acusación y se convocará a los acusados ante la sede de la corte internacional, en Holanda.