Legislativo inicia fase crucial de definición de candidatos para elecciones judiciales
La Paz, ABILa elección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial ingresa el martes en su fase crucial cuando el Plenario comience a considerar los informes de las Comisiones Mixtas que tuvieron a su cargo la preselección.
El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Alvaro García Linera, ha convocado a una sesión Plenaria para que los legisladores inicien el debate con el fin de lograr acuerdos sobre los candidatos en base a los informes de las Comisiones.
Los informes han sido entregados el pasado fin de semana con la evaluación de los méritos de los postulantes, su trayectoria profesional, contribución académica y las entrevistas a las que respondieron ante los legisladores.
La definición de los candidatos se realizará tras un debate entre los legisladores y con el respaldo de los dos tercios del voto para que cuenten con el pleno aval antes de ingresar a la recta final del proceso electoral.
Será la primera vez en el mundo, no solamente en Bolivia, que los ciudadanos definirán con su voto a los futuros administradores de justicia, un hecho inédito que ha generado expectativa en otras naciones que pretenden replicar la experiencia democrática que ha emprendido el país.
Las elecciones judiciales que implicarán la definición de los responsables de los Tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura se celebrarán el 16 de octubre.
Los asambleístas deberán elegir 125 candidatos y candidatas a los organismos judiciales, de los que el pueblo definirá finalmente 56, de más de cinco centenares de postulantes en una primera etapa.
Los postulantes tuvieron que pasar por su exclusión al no haber presentado los requerimientos exigidos por el reglamento, como una experiencia mínima de ocho años en el ejercicio de la abogacía, ser impugnados por diversos motivos y finalmente porque algunos renunciaron.
Los legisladores de oposición cuestionaron el proceso y los más radicales consideraron que debía anularse por considerar que algunos de los preseleccionados "no están aptos para ejercer esos cargos de responsabilidad judicial".
El reglamento establece que la selección de los candidatos se producirá por separado para cada Tribunal y el Consejo de la Magistratura.
Los asambleístas deberán elegir a 28 candidatos para el Tribunal Constitucional, de los que la mitad deben ser mujeres en sujeción a la equidad de género y al menos ocho auto identificados como indígenas originarios y campesinos.
Mientras que para el Tribunal Supremo de Justicia serán seis por cada departamento, igualmente respetando la equidad de género y la incorporación de candidatos identificados como indígenas-originario-campesinos.
A su vez, el Consejo de la Magistratura deberá tener un máximo de 15 postulantes con garantías de respeto a la equidad de género y la inclusión de candidatos de origen campesino indígena y originario.
Una vez que la Asamblea Legislativa defina la lista de candidatos deberá remitirla al Órgano Supremo Electoral para que tome a su cargo la fase final del proceso con la difusión de los méritos y hojas de vida de los postulantes en los medios de comunicación para que se den a conocer a los electores.
Se estima que por lo menos cinco millones de bolivianos acudirán a las urnas el 16 de octubre para elegir a los nuevos administradores de justicia.
El reglamento establece que el Tribunal Supremo electoral es el único organismo encargado de gestionar, elaborar y difundir información oficial de los datos personales y méritos de candidatos durante los 45 días previos a la votación.
Agrega que las hojas de vida de los candidatos serán divulgados por espacios televisivos, radiales, material impreso, separatas, periódicos de alcance nacional, departamental y local.
Los candidatos "Per se" no podrán llevar adelante campañas electorales en los medios de comunicación, aunque sí podrían ser entrevistados.
"El Tribunal Supremo Electoral coordinará con los medios de comunicación del Estado los espacios para la difusión de los datos personales y méritos de las y los candidatos, y cubrirá los costos de la difusión", señala el reglamento.
"Ninguno de los candidatos o instituciones podrán llevar adelante campañas electorales propias a favor o para denostar a otros postulantes", anota.
El TSE anunció que contratará a empresas de monitoreo para impedir que los candidatos utilicen el tiempo de las entrevistas para desarrollar campañas electorales.
El presidente del TSE, Wilfredo Ovando, dijo que si se comprobara esos excesos, los responsables serán inmediatamente excluidos.
Los medios de comunicación también están prohibidos de difundir encuestas electorales y solamente podrán hacerlo los correspondientes a las consultas de las bocas de urnas a partir de las 20.00 horas del día de la elección.
