Jueza y 2 fiscales a la cárcel en una semana: justicia trona a 100 días de elecciones
La Paz, AbiA 13 semanas de su remoción en las urnas, la justicia de Bolivia mostró decadencia terminal con el encarcelamiento por prevaricación, cohecho y vínculos con el tráfico de narcóticos de una jueza, un fiscal y un ex fiscal, lo que dio pie a la Policía acorralada por la corrupción, a exponer el viernes su impotencia ante la venalidad de las autoridades judiciales.
La última de las crisis en el sistema judicial boliviano vigente tiene lugar en momentos en que la defensa de encausados por genocidio ejercita típicas chicanas para dilatar, en la Corte Suprema, el juicio instaurado por las familias de los 67 asesinados y 500 heridos por bala en la insurrección popular de octubre de 2003 que zanjó con la caída del ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.
Una suerte de purga inédita comenzó el fin de semana penúltimo cuando un fiscal en la jurisdicción de El Alto, Johnny Humberto Borges, fue detenido al comprobársele extorsión y cohecho activo y, más tarde, puesto tras de rejas en la cárcel San Pedro de La Paz.
Apenas cruzó el umbral de la penitenciaría de La Paz, al menos 13 supuestamente afectados por sus extorsiones se acercaron a los estrados judiciales para rematarlo.
A media semana, otro fiscal en funciones hasta marzo último fue acusado de cobrar 8.000 dólares para facilitar la liberación de un procesado por narcotráfico.
El ex fiscal Herlan Eid Rivero, hallado en poder de los billetes producto de la extorsión, dijo, no obstante, que había sido objeto de una "trampa".
"Me pagaron 500 dólares para que yo atienda un caso y a los 15 minutos me aprehenden en la calle y los billetes marcados. Esto es una vergüenza, es un abuso que supera todo. Eso es fabricarle un delito a una persona", denunció el ex fiscal que, lo mismo que su colega Borges y una jueza ya encarcelada, alegó inocencia.
Sobre el ex fiscal pesan 17 procesos administrativos y la comisión de una serie de delitos tipificados en el Código Penal.
La jueza Jenny Prado fue enviada este mismo viernes a la cárcel La Paz luego de ser sumariada por articular, desde su puesto de, dizqué, administradora de justicia, bandas de asaltantes y atracadores internacionales que la Policía había desarticulado a costa de bajas.
Se trata de la primera jueza encarcelada de manera expeditiva por prevaricar sin embozos en Bolivia, en la última década.
A la salida del juzgado, Prado, sobre quien pesan nada menos 33 acusaciones formales, entre ellas facilitar la liberación de maleantes avezados, dijo haber pedido, ella misma, su detención, en aras de comprobar su inocencia.
"No voy a interferir en la investigación", afirmó sin enfados mientras un pelotón de policías y agentes del Ministerio Público impedía que la ex jueza sea agredida en la calle, de camino a la cárcel.
El abogado del Ministerio de Gobierno, Dennis Rodas, dijo que el gobierno del presidente Evo Morales ha resuelto combatir cuerpo a cuerpo la inmoralidad manifiesta en la justicia, en medio de una suerte de regocijo popular expresado en encuestas callejeras difundidas por la televisión.
"Existe una persecución penal pública legal a, no solamente a jueces, sino operadores de justicia que hayan favorecido a delincuentes prontuariados que después hayan cometido ilícitos que se pudieran haber evitado si estos jueces disponían lo que en realidad la Ley les faculta y les ordena, es decir precautelar la seguridad de los ciudadanos", afirmó.
El último de los efluvios intestinales que exuda el sistema judicial boliviano, a 100 días de las elecciones populares que lo renovarán estructuralmente, se cebó en los familiares de las víctimas de la denominada 'masacre de octubre', que denunciaron una confabulación para evitar se emita una sentencia contra los procesados y dilatar las audiencias hasta que la Corte Suprema se disuelva y dé paso al nuevo Tribunal Supremo de Justicia.
Eso supone estirar el proceso un par de años.
La lentitud, que puede expresarse en años y hasta décadas, en el proceso de fallos y sentencias es el cáncer del sistema judicial boliviano en vías de expiración.
Un grupo de familiares de los caídos en octubre de 2003, que estaba movilizado para evitar que Sánchez de Lozada consolide su intención de enviar gas boliviano a Estados Unidos por un puerto chileno, implementó desde el pasado lunes una vigilia en puertas del la Corte Suprema, en la ciudad de Sucre (sudeste), para exigir que el Tribunal no dé lugar a más solicitudes de los acusados, que frenan deliberadamente el proceso.
"Ocho años. Nos indigna que no se haya podido dictar la sentencia, y no vamos a permitir esas estrategias", afirmó Juan Quispe, presidente de la Asociación de los Familiares de las Víctimas de Octubre.
Poco más menos 5,3 millones de bolivianos elegirán el 16 de octubre a 9 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, a 7 magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional, a 7 tribunos para el Tribunal Agroambiental y a 5 consejeros para el Consejo de la Magistratura.
