Bolivia defiende inclusión social en nueva ley de telecomunicaciones
La Paz, PL
El gobierno boliviano ratificó hoy que la nueva Ley de Telecomunicaciones que está en debate en el legislativo defiende la inclusión social, prevista en la Constitución Política del Estado, de 2009.
En declaraciones a medios estatales de prensa, el viceministro del sector, Wilmer Flores, precisó que en la elaboración de esa norma evaluaron resultados de un diagnóstico en el cual se aprecian desbalances en relación con otras naciones de la región.
Según el funcionario, en 2005 el uno por ciento de la población (de unos nueve millones de habitantes) tenía acceso en su domicilio a internet y en 2010 solo se creció un punto porcentual, lo que significa que se trata de una asignatura pendiente.
En el caso de las instituciones, dijo, de 5,2 por ciento de acceso a la red de redes en 2005, el pasado año se llegó a 12 por ciento, por lo que todavía es muy bajo el crecimiento, afirmó.
Por otro lado, de unas 29 mil poblaciones diferentes existentes en el país suramericano, agregó, en 2005 se registraron 26 mil sin estos servicios, y todavía en 2010 unas 20 mil mantenían esa situación.
Flores confirmó que en Bolivia los servicios de internet son 10 veces más caros que otros países vecinos, como Chile; además de incidir el analfabetismo digital, sobre todo en zonas rurales.
Al respecto infirmó que el actual Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis) considera el acceso a internet como un servicio básico.
También señaló que entre las limitaciones está en que para acceder a una interconexión local (pagina web) entre un ministerio y un banco, ejemplificó, la navegación transita por servidores en Estados Unidos, lo que encarece el servicio.
Asimismo explicó que la Ley universalizará las comunicaciones en Bolivia, tomando en cuenta la futura adquisición del satélite Túpac Katari, al cual será puesto en órbita a fines del año 2013 o principios de 2014 con ayuda de China.
Igualmente destacó que ese sector es estratégico en el desarrollo del país para cuidar la soberanía, la independencia y proteger la dignidad nacional.
En días pasados, un grupo de trabajo del parlamento aprobó el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación.
El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio, resaltó que entre los aspectos más importantes se encuentra la incorporación del servicio de Internet al alcance de todos los bolivianos.
También añadió el reconocimiento legal y oficial de los documentos electrónicos, que permitirá que exista un mejor flujo de información.
El proyecto de Ley será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento y posteriormente será enviado a la Cámara Alta (Senado) para ser revisado y aprobado.
La norma también reconoce la otorgación de licencias, que en su mayoría están vigentes hasta 2018.
La futura ley establece, además, los derechos de los usuarios y de los proveedores de servicios, que serán seguidos por la Autoridad de Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT).
Una de las ventajas es que declara al espacio electromagnético como un recurso natural que será protegido por el Estado Plurinacional.
El gobierno boliviano ratificó hoy que la nueva Ley de Telecomunicaciones que está en debate en el legislativo defiende la inclusión social, prevista en la Constitución Política del Estado, de 2009.
En declaraciones a medios estatales de prensa, el viceministro del sector, Wilmer Flores, precisó que en la elaboración de esa norma evaluaron resultados de un diagnóstico en el cual se aprecian desbalances en relación con otras naciones de la región.
Según el funcionario, en 2005 el uno por ciento de la población (de unos nueve millones de habitantes) tenía acceso en su domicilio a internet y en 2010 solo se creció un punto porcentual, lo que significa que se trata de una asignatura pendiente.
En el caso de las instituciones, dijo, de 5,2 por ciento de acceso a la red de redes en 2005, el pasado año se llegó a 12 por ciento, por lo que todavía es muy bajo el crecimiento, afirmó.
Por otro lado, de unas 29 mil poblaciones diferentes existentes en el país suramericano, agregó, en 2005 se registraron 26 mil sin estos servicios, y todavía en 2010 unas 20 mil mantenían esa situación.
Flores confirmó que en Bolivia los servicios de internet son 10 veces más caros que otros países vecinos, como Chile; además de incidir el analfabetismo digital, sobre todo en zonas rurales.
Al respecto infirmó que el actual Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis) considera el acceso a internet como un servicio básico.
También señaló que entre las limitaciones está en que para acceder a una interconexión local (pagina web) entre un ministerio y un banco, ejemplificó, la navegación transita por servidores en Estados Unidos, lo que encarece el servicio.
Asimismo explicó que la Ley universalizará las comunicaciones en Bolivia, tomando en cuenta la futura adquisición del satélite Túpac Katari, al cual será puesto en órbita a fines del año 2013 o principios de 2014 con ayuda de China.
Igualmente destacó que ese sector es estratégico en el desarrollo del país para cuidar la soberanía, la independencia y proteger la dignidad nacional.
En días pasados, un grupo de trabajo del parlamento aprobó el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación.
El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio, resaltó que entre los aspectos más importantes se encuentra la incorporación del servicio de Internet al alcance de todos los bolivianos.
También añadió el reconocimiento legal y oficial de los documentos electrónicos, que permitirá que exista un mejor flujo de información.
El proyecto de Ley será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento y posteriormente será enviado a la Cámara Alta (Senado) para ser revisado y aprobado.
La norma también reconoce la otorgación de licencias, que en su mayoría están vigentes hasta 2018.
La futura ley establece, además, los derechos de los usuarios y de los proveedores de servicios, que serán seguidos por la Autoridad de Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT).
Una de las ventajas es que declara al espacio electromagnético como un recurso natural que será protegido por el Estado Plurinacional.