Un pueblo en el centro del tráfico de autos a Bolivia

La Paz, Agencias
El caserío chileno de Cariquima, a escasos metros de la frontera, es el lugar en que los contrabandistas "encaletan" vehículos que, días más tarde, serán comercializados en ferias libres, en las ciudades bolivianas de Challapata, Oruro y Cochabamba.
En el poblado de Cariquima, ubicado a 27 kilómetros de Colchane, sólo se escuchan radios bolivianas. En el caserío aimara, de unas 70 viviendas de adobe, casi no hay signos de estar en territorio chileno. Al mediodía, el lugar es un verdadero pueblo fantasma: la escuela está vacía. Además de un pequeño hostal, hay dos negocios de vulcanización y venta de aceite y gasolina. El resto son precarias casas, con extensos patios internos y amplios portones para el ingreso de autos.

El panorama cambia radicalmente en la noche. Según Carabineros, durante las primeras horas de la madrugada, el pueblo despierta para recibir a los vehículos que son "encaletados" (o escondidos) en las casas. Los habitantes son testigos también de la "levantada" de los automóviles, que salen en caravana con rumbo a Bolivia.

"Por contrabando, sólo llevamos más de 100 vehículos incautados este año", explica el capitán de la subcomisaría de Colchane, Roberto Saravia, el mismo que encabezó la detención de 14 militares bolivianos la madrugada del 17 de junio pasado.

Cariquima es uno de los puntos cúlmines de un delito que comienza en Iquique. Los convenientes precios de vehículos que se venden en la Zona Franca bien explican la alta presencia de camionetas, jeeps y van 4x4 de origen japonés en las calles de la "Tierra de Campeones". En los galpones de la Zofri, un jeep 4x4 BMW cuesta US$ 74 mil, mientras en Santiago puede alcanzar unos US$ 136 mil.

Pero la apariencia de éxito y bienestar en la ciudad esconde otras zonas más oscuras: según Carabineros, al menos el 20% de esos vehículos no termina circulando en las calles del norte. Y de los que sí son comprados para rodar por las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, hasta cuatro son robados en un día. Sólo entre enero y mayo de este año van 520 vehículos sustraídos.

Con la promulgación de la ley dictada por el Presidente boliviano, Evo Morales, que otorga una amnistía hasta el 1 de julio para regularizar vehículos indocumentados, la ecuación se ha vuelto perfecta: modelos caros a precios bajos, una frontera vulnerable y bandas organizadas, dispuestas a ingresar decenas de vehículos de contrabando o transar autos robados por paquetes de cocaína que, al ser vendidos, triplican las ganancias.

Las bandas inician el recorrido en la ruta internacional, que comienza en el cruce de la Panamericana con Huara. Desde ahí, el camino se interna hacia la cordillera y se bifurca en diversas rutas "hechizas", formadas por las huellas de los vehículos, que se desparraman por los cerros y salares del altiplano.

Una de ellas es la que se abre cerca del kilómetro 121, hacia Cariquima. Otras llegan hasta alguno de los 83 pasos no habilitados que cruzan la frontera hacia Bolivia.

"El altiplano es como una mesa de pool, no requiere características especiales para cruzar por algunos sectores", describe el gobernador de Tamarugal, Espártago Ferrari.

Además de la vastedad del territorio, hay otros desafíos: en la subcomisaría de Colchane hay sólo 24 carabineros, que cada noche patrullan los mil kilómetros que atraviesan la zona fronteriza. Hasta febrero de este año eran sólo 14 y tenían un vehículo prestado.

Desde la llegada del capitán Saravia, ahora cuentan con tres patrullas con tracción. Pero no basta: la red vial de la zona sólo tiene una ruta recién pavimentada. El resto son caminos de tierra, que no facilitan el trabajo de control, sobre todo, porque las bandas se internan sin luces, por rutas que conocen de memoria.

"Es muy complejo establecer el delito de contrabando, porque recién se produce cuando el automóvil logra cruzar la frontera. Lo único que podemos hacer es señalar la presunción. Le hemos pedido ayuda al gobierno boliviano, porque, en definitiva, el fraude se constituye por el lado boliviano y merma los ingresos de ellos", indica el gobernador de Tamarugal.

En el robo de vehículos, la impunidad es casi la misma. "Es un negocio atractivo para los delincuentes, porque el riesgo es bajo, ante la posibilidad de ser descubierto frente al amplio beneficio. El tribunal sólo establece el delito de receptación, que tiene penas menores. El otro día pasé a control a un imputado que tenía dos condenas por robo y una receptación. Todas por vehículos 4x4. El, yo y el tribunal sabíamos que iba a quedar libre", señala el fiscal Patricio Llancamán.

Afirma que se requieren cambios legales para permitir recabar más pruebas para establecer el delito de robo, que tiene una pena de cinco años y un día.

"Técnicas como la interceptación telefónica, usar a un agente encubierto o uno revelador son definidas por el legislador para el tráfico de drogas, no para la problemática de los vehículos robados. Si tuviéramos esas herramientas, podríamos presentar más pruebas en los juicios", agrega el fiscal.