Precios de alimentos por las nubes: ¿Latinoamérica vulnerable?
María Julia Mayoral (Prensa Latina *)El encarecimiento de productos básicos genera tensiones inflacionarias y pone en riesgo la seguridad alimentaria de amplios sectores de la población en América Latina, mientras los pronósticos a escala global tampoco resultan halagüeños.
A juicio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), tal volatilidad crea incertidumbre y representa un obstáculo a la inversión y la acumulación sostenida de capacidades tecnológicas y productivas en los países del área.
La Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, consideró que el alza en renglones agrícolas, minerales y energéticos impacta a toda la región, aunque hay variaciones entre los Estados por su condición de exportadores o importadores netos de los llamados commodities (productos primarios).
Un reporte de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que en febrero de 2011 el índice de precios de los alimentos batió récord histórico, al medir una canasta básica hipotética compuesta por cereales, azúcar, productos oleosos, carne y lácteos.
Auque en marzo y abril hubo un ligero descenso, estos indicadores continúan un 36 por ciento por encima de los valores registrados hace un año.
Con esos aumentos, tiende a disminuir el consumo de nutrientes por parte de los segmentos más pobres de la población, y se instauran condiciones para desequilibrios insostenibles en las cuentas corrientes de los países, alertó la Cepal.
Ministros de Agricultura de los Estados miembros del Grupo de los 20 (G-20) analizaron, los pasados 19 y 20 de mayo, la volatilidad de los commodities y examinaron las tendencias de los principales rubros agropecuarios en cuanto a oferta y demanda internacionales.
En el contexto del foro, celebrado en Buenos Aires, el ministro de Economía argentino, Amado Boudou, responsabilizó a la especulación financiera por los altos precios de los alimentos, pues la tendencia alcista rebasa ampliamente las fluctuaciones determinadas por la correlación oferta-demanda.
La organización no gubernamental GRAIN, especializada en temas agrícolas, estima que el dinero especulativo en alimentos, creció de los cinco mil millones de dólares en 2000 a 175 mil millones en 2007 y el negocio sigue en ascenso.
Tampoco pueden ignorarse los estragos provocados por fenómenos climáticos y el encarecimiento de los costos agrícolas asociados al alza en la cotización de los hidrocarburos.
Sin embargo, la crisis en el terreno alimentario no está provocada por escasez en las producciones.
Expertos en la materia ubican como centros del conflicto el destino de las ofertas y a la falta de equidad en la distribución.
Cerca de un tercio de los alimentos producidos anualmente en el orbe para el consumo humano, aproximadamente mil 300 millones de toneladas, se pierden o desperdician, precisó un estudio de la FAO.
Realizada en Lima, Perú, la V Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre calculó, en mayo de este año, que más de 52 millones de habitantes en la región padecen por malnutrición.
Pese a los esfuerzos de los gobiernos, no se ha logrado reducir significativamente la inseguridad alimentaria y nutricional, señalaron los participantes en el foro.
Soberanía alimentaria
Considerada la zona más desigual en la distribución de los ingresos, América Latina resulta un escenario con marcados contrastes en cuanto a producción y acceso de los ciudadanos a suministros básicos para su alimentación.
Los países con mayor dependencia de las importaciones de comida figuran entre los más vulnerables, aunque en este sentido las políticas y planes de gobierno también marcan diferencias.
Tras el fracaso del neoliberalismo en el subcontinente, el rescate del papel del Estado aparece entre las alternativas más esperanzadoras para salir del estancamiento productivo o, en otros casos, hacer que los progresos macroeconómicos se expresen en la vida de la gente.
Desde ese prisma, varios gobiernos optan por intervenir en las actividades agrícolas, incluidas las industriales.
En opinión de la representante de la FAO en Bolivia, Elisa Panadés, merecen reconocimiento las medidas del gobierno de Evo Morales destinadas a erradicar el hambre en esa nación suramericana.
La especialista destacó la voluntad política del Estado Plurinacional para impulsar la labor de los pequeños agricultores y fomentar estrategias inclusivas de distribución de los resultados productivos.
Entre los aciertos, Panadés mencionó la entrega de bonos de ayuda a sectores en desventaja social, junto al despliegue de programas como Desnutrición Cero, Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Valorización de la Economía Campesina de Camélidos.
Según informó el viceministro boliviano de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, el Estado invertirá en 2011 otros 52 millones de dólares a fin de incrementar la producción de hortalizas y granos, con destino a la población.
El coordinador nacional del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, Remy González, informó que el Gobierno distribuirá este año un total de 500 millones de dólares entre pequeños y grandes productores agrícolas mediante diversos mecanismos de apoyo.
Entre los programas en marcha, figura la ejecución de sistemas de riego y suministro de agua a zonas rurales, mediante la inversión de unos 100 millones de dólares, confirmó el mandatario Evo Morales.
"Bolivia -evaluó el estadista- no debe esperar a que los países industrializados cambien las políticas de desarrollo causantes de la crisis alimentaria, sino promover programas de producción para enfrentar el problema".
Naciones latinoamericanas con mayor estándar económico también ponen sus ojos en el fomento de las capacidades locales, así lo ilustran las medidas aprobadas recientemente en Brasil por la presidenta Dilma Rousseff.
En su habitual programa radial de los lunes, Café con la presidenta, la dignataria ratificó el pasado 23 de mayo la decisión de atender las necesidades de unos cuatro millones 300 mil hogares que viven de la agricultura familiar.
Entre las decisiones destacó la liberación de fondos equivalentes a unos nueve mil 420 millones de dólares para financiar la próxima cosecha de los pequeños productores, con inicio en julio próximo.
Además prevé la reducción de intereses en los préstamos concedidos a los trabajadores rurales por medio del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, y la creación de una superintendencia en la Caja Económica Federal para el desarrollo habitacional en el campo.
Cada centavo que el gobierno invierte en la agricultura familiar se multiplica, aumenta la producción y el consumo, reduce el precio de los alimentos y ayuda a colocar más comida en la mesa de muchas familias, apreció la dignataria.
Reconocidos por la FAO y otras instituciones internacionales, los avances de Venezuela en el campo alimentario descansan fundamentalmente en la intervención del Estado en la promoción de inversiones y la entrega de mayores garantías a los productores. En los últimos 12 años, el consumo anual de carne en el país aumentó de 407 mil toneladas a 601 mil, con ello el per capita pasó de 17,6 a 25 kilogramos, ejemplificó el titular de Alimentación, Carlos Osorio.
La Administración del presidente Hugo Chávez recurrió a la nacionalización de empresas asociadas al sector entre ellas compañías agroquímicas y comercializadoras de alimentos, a fin de evitar especulaciones y controles monopólicos.
Al mismo tiempo promovió la recuperación tierras para cultivos, que según cifras oficiales suman más de 2,5 millones de hectáreas desde 1999 hasta la fecha.
Para el viceministro venezolano de Agricultura Iván Gil, las políticas gubernamentales de recuperación de tierras, entrega masiva de créditos, acceso a tecnología y cooperación internacional explican el aumento de la producción y la distribución de alimentos.
En la búsqueda de alternativas para encarar problemas comunes, Bolivia y Venezuela acordaron en marzo último la creación de una empresa grannacional de producción de alimentos.
La ministra boliviana de Desarrollo Rural, Nemecia Achacollo, significó que la nueva entidad cuenta con un capital inicial de 60 millones de dólares para fomentar el cultivo de maíz y trigo.
Representantes de ambos países, aseguraron que la grannacional trabajará en producción, procesamiento, intercambio, distribución y comercialización de distintos renglones.
Dentro de esos surtidos incluyeron soya, papa (patata), maíz amarillo, trigo y arroz. A la par señalaron el interés de identificar potenciales rubros de inversión para el procesamiento industrial de productos agrícolas y pecuarios.
Entidades como la referida grannacional forman parte de los proyectos surgidos mediante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.
Aunque con realidades diversas, naciones de América Latina y el Caribe evidencian que los caminos para atenuar o resolver el déficit alimentario necesitan fórmulas contrapuestas a las leyes del mercado, donde especuladores y grandes empresas tratan de maximizar dividendos a costa de hambrear a millones.
(*) La autora es jefa de la Redacción Suramérica de Prensa Latina.
