Legislativo cierra esta semana fase de impugnaciones y pasa a preselección de candidatos
 |
La Paz, ABI
Las Comisiones legislativas encargadas del registro de los postulantes a magistrados de cara a las elecciones judiciales del 16 de octubre están declaradas en sesión permanente para cerrar esta semana la fase de impugnaciones e ingresar a la de preselección de candidatos.
La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Cecilia Ayllón, dijo que esas Comisiones trabajarán hasta el domingo para recibir las impugnaciones, incluidos los feriados.
"Estamos trabajando con intensidad para recibir la documentación de personas que consideren que los habilitados a la fase de preselección no hayan cumplido con los requisitos", señaló.
Agregó que igualmente aquellos postulantes que fueron inhabilitados en la fase de registro y que consideren que cumplieron con todos los requisitos pueden presentar su reclamo.
La asambleísta informó que hasta el momento se han presentado nueve impugnaciones de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura, mientras que se conoce que hay cinco para el Tribunal Constitucional y Agroambiental, las que merecerán la evaluación de los legisladores.
De acuerdo con los informes los habiltados son 56 para el Tribunal Constitucional, 131 al Tribunal Supremo de Justicia, 48 al Tribunal Agroambiental y 115 al Consejo de la Magistratura.
Ayllón puntualizó que "las impugnaciones deben estar suficientemente probadas para que no estén simplemente originadas en antipatías personales con algunos de los postulantes".
La asambleísta lamentó que algunos sectores políticos de oposición se hayan dado a la tarea de "desprestigiar y desvirtuar el proceso con falsas acusaciones".
"El objetivo de estos sectores es evitar que se realicen las elecciones judiciales, y, peor aún, que Bolivia frene el camino que manda la Constitución para la construcción de una nueva justicia que sea administrada en base a la Ley y sin estar sujeta a presiones políticas o económicas", indicó.
Agregó que si algún ciudadano considera que alguno de los habilitados para la fase de preselección, que suman 350, no cumpliera con las exigencias requeridas por el Reglamento pueden presentar sus objeciones.
"Una vez que se reciban las impugnaciones, las Comisiones Legislativas tendrán tres días para emitir resoluciones al respecto, ya sea desestimando las mismas o avalándolas", afirmó.
Reiteró que los principales requisitos exigidos a los postulantes es la nacionalidad boliviana, el cumplimiento de sus deberes militantes en el caso de los hombres, un ejercicio mínimo de ocho años de la profesión de leyes, no pesar sobre ellos sentencias penales o fiscales y no tener filiación política.
"Si alguno de los postulantes, hombres y mujeres, no hayan cumplido con estos requisitos serán impugnados", agregó.
Con relación a la fase complementaria de cinco días para la inscripción de nuevos postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, Ayllón aclaró que se origina en el propósito de cumplir con lo que exige la Ley.
"Lamentablemente no se registró la equidad de género en las postulaciones para el TSJ en los departamentos de Chuquisaca, Beni y Pando, por lo que se espera subsanar ese problema en esta fase complementaria", anotó.
Para la asambleísta, una vez cumplidas las fases de impugnación y de complementación para las postulaciones del TSJ, el Legislativo ingresará a la preselección que demandará un tiempo de 12 días de intenso trabajo.
"En la fase de preselección se entrevistará a los postulantes en base a la evaluación de sus méritos profesionales para definir a los candidatos que pugnarán por los cargos de administración en el Órgano Judicial en los comicios a celebrarse el 16 de octubre", enfatizó.
De acuerdo con las estimaciones, de un total de 350 postulantes, el Legislativo debe definir 125 para que concurran a los cargos ejecutivos de los Tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y AgroAmbiental y al Consejo de la Magistratura.
Las elecciones judiciales en Bolivia marcan un paso inédito en el mundo porque será la primera vez que se da al ciudadano el derecho de elegir con su voto a los administradores de justicia. En el pasado ese paso era definido en base a cuoteos políticos.
Tras la preselección de candidatos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) será el responsable de administrar durante tres meses la difusión de los perfiles profesionales de todos los candidatos en los medios de comunicación para que la población acuda a las urnas imbuida de la suficiente información.
