La Haya acusa a Gadafi de ordenar violaciones
El fiscal de la Corte Penal Internacional asegura tener pruebas de que soldados libios recibieron medicinas similares al Viagra para fomentar crímenes sexuales
La Haya, El País
La Haya, El PaísLa Corte Penal Internacional (CPI) investiga un nuevo aspecto de la represión organizada por Muamar el Gadafi contra las revueltas populares: ordenar la violación de mujeres. Las acusaciones de violaciones en masa perpetradas en Libia no son nuevas. Pero según Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte, "disponemos de información indicando que Gadafi mismo las autorizó para castigar a la población". Según explicó ayer el jurista ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el líder libio habría provisto a sus tropas de medicinas para potenciar las agresiones sexuales. "Varios aspectos de nuestras pesquisas confirman la compra de sustancias tipo Viagra, que aumentarían la posibilidad de una violación", dijo.
Hasta la fecha, la CPI había intentado averiguar si el mandatario libio conocía los asaltos, "o bien estos se habían producido en los barracones militares". De poder atribuirle a Gadafi la autoría de las órdenes dadas, Ocampo le acusaría de violación masiva como arma de guerra. En mayo, ya pidió a los jueces su arresto por crímenes contra la humanidad. Saif el Islam, hijo del dictador libio, "que actúa como si fuera primer ministro", según el fiscal, figura también en la orden de detención. Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, completa la lista de los máximos responsables de la represión.
El pasado abril, Susan Rice, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, no logró convencer a la comunidad internacional de que el líder libio "impulsaba a sus tropas a cometer crímenes sexuales con ayuda de Viagra". La diplomática carecía entonces de pruebas concluyentes, y la denuncia quedó desdibujada. En marzo, la cadena árabe de noticias Al Yazira recogió el testimonio de varios médicos libios que dijeron haber encontrado pastillas de Viagra en los bolsillos de soldados afines al régimen del dictador. Ese mismo mes, Eman al-Obeidi, una mujer libia, irrumpió en el hotel Rixos de Trípoli, la capital, denunciando su violación por soldados de Gadafi. Licenciada en Derecho, la joven, de 29 años, denunció el asalto ante la prensa internacional. Detenida por las fuerzas de seguridad gubernamentales, huyó del país tras ser puesta en libertad. El 5 de junio, obtuvo asilo político en Estados Unidos. "En Libia no se había usado antes la violación para controlar a la población civil", señaló ayer Moreno Ocampo. El fiscal no pudo dar cifras concretas sobre las víctimas, pero sí apuntó "varios centenares en algunas zonas".
Hasta la II Guerra Mundial, la violación se consideraba "una realidad inevitable en tiempo de conflicto armado". La Convención de Ginebra de 1949 (conjunto de normas internacionales para "humanizar las guerras") aboga por la protección de la mujer ante las violaciones. Sin embargo, no incluyó la agresión sexual entre las infracciones graves a perseguir por parte de los Estados. Desde el genocidio de Ruanda, con el intento de exterminio de la población tutsi por parte del Gobierno, de etnia hutu, la situación es distinta. Según datos de la ONU, al menos 500.000 mujeres ruandesas fueron violadas con intención genocida. Es decir, se intentó exterminar su comunidad.
El Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), y la Corte Penal Internacional, han sentado a su vez precedentes legales. El estatuto del TPIY, que juzga a los criminales de la guerra de los Balcanes, considera la violación un crimen contra la humanidad. En función de las circunstancias, también puede ser crimen de guerra. Para la CPI, la violación y la esclavitud sexual, así como la prostitución, esterilización y embarazos forzados, son crímenes contra la humanidad cuando se cometen de forma sistemática.
Mientras el fiscal Moreno Ocampo informaba en Nueva York a la ONU, el diplomático libio Mustafa Shaban aseguró que el Gobierno de Gadafi, "está siendo agredido a gran escala". Shaban habló ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra (Suiza). Sobre la mesa, aparecía un informe sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos -cometidas por las autoridades y los insurgentes- en Libia. En su intervención, el emisario de Gadafi señaló a "la oposición, mercenarios extranjeros y medios de comunicación" como responsables de los abusos.
Hasta la fecha, la CPI había intentado averiguar si el mandatario libio conocía los asaltos, "o bien estos se habían producido en los barracones militares". De poder atribuirle a Gadafi la autoría de las órdenes dadas, Ocampo le acusaría de violación masiva como arma de guerra. En mayo, ya pidió a los jueces su arresto por crímenes contra la humanidad. Saif el Islam, hijo del dictador libio, "que actúa como si fuera primer ministro", según el fiscal, figura también en la orden de detención. Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, completa la lista de los máximos responsables de la represión.
El pasado abril, Susan Rice, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, no logró convencer a la comunidad internacional de que el líder libio "impulsaba a sus tropas a cometer crímenes sexuales con ayuda de Viagra". La diplomática carecía entonces de pruebas concluyentes, y la denuncia quedó desdibujada. En marzo, la cadena árabe de noticias Al Yazira recogió el testimonio de varios médicos libios que dijeron haber encontrado pastillas de Viagra en los bolsillos de soldados afines al régimen del dictador. Ese mismo mes, Eman al-Obeidi, una mujer libia, irrumpió en el hotel Rixos de Trípoli, la capital, denunciando su violación por soldados de Gadafi. Licenciada en Derecho, la joven, de 29 años, denunció el asalto ante la prensa internacional. Detenida por las fuerzas de seguridad gubernamentales, huyó del país tras ser puesta en libertad. El 5 de junio, obtuvo asilo político en Estados Unidos. "En Libia no se había usado antes la violación para controlar a la población civil", señaló ayer Moreno Ocampo. El fiscal no pudo dar cifras concretas sobre las víctimas, pero sí apuntó "varios centenares en algunas zonas".
Hasta la II Guerra Mundial, la violación se consideraba "una realidad inevitable en tiempo de conflicto armado". La Convención de Ginebra de 1949 (conjunto de normas internacionales para "humanizar las guerras") aboga por la protección de la mujer ante las violaciones. Sin embargo, no incluyó la agresión sexual entre las infracciones graves a perseguir por parte de los Estados. Desde el genocidio de Ruanda, con el intento de exterminio de la población tutsi por parte del Gobierno, de etnia hutu, la situación es distinta. Según datos de la ONU, al menos 500.000 mujeres ruandesas fueron violadas con intención genocida. Es decir, se intentó exterminar su comunidad.
El Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), y la Corte Penal Internacional, han sentado a su vez precedentes legales. El estatuto del TPIY, que juzga a los criminales de la guerra de los Balcanes, considera la violación un crimen contra la humanidad. En función de las circunstancias, también puede ser crimen de guerra. Para la CPI, la violación y la esclavitud sexual, así como la prostitución, esterilización y embarazos forzados, son crímenes contra la humanidad cuando se cometen de forma sistemática.
Mientras el fiscal Moreno Ocampo informaba en Nueva York a la ONU, el diplomático libio Mustafa Shaban aseguró que el Gobierno de Gadafi, "está siendo agredido a gran escala". Shaban habló ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra (Suiza). Sobre la mesa, aparecía un informe sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos -cometidas por las autoridades y los insurgentes- en Libia. En su intervención, el emisario de Gadafi señaló a "la oposición, mercenarios extranjeros y medios de comunicación" como responsables de los abusos.
