Bancos serán clausurados si no entregan información de transacciones sospechosas
La Paz, Erbol
El viceministro de Pensiones, Mario Guillen, señaló que el Decreto Supremo 910 que faculta al gobierno cancelar la autorización de funcionamiento de las entidades financieras que no cumplan con entregar información a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de transacciones monetarias sospechosas.
Guillen dijo que con esa nueva normativa todas las entidades están obligadas a reportar información permanente sobre esos casos.
‘Dependiendo de la gravedad se pueden aplicar sanciones desde amonestaciones escritas hasta multas a inhabilitaciones temporales a los ejecutivos hasta la cancelación de registro para las entidades que realmente hayan incumplido o hayan hecho una falta que esté pasando ya a un ilícito penal’, dijo.
Asimismo indicó que esta política está inmersa en un marco internacional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento a bandas criminales de la cual Bolivia es conformante.
‘Nosotros somos parte de un grupo de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo’, indicó.
Por otra parte el diputado por Convergencia, Luis Felipe Dorado, señaló que el decreto desincentivará la llegada de recursos al país además de vulnerar los derechos de las personas.
‘Es atentatorio contra derechos fundamentales que marcan la Constitución, esperemos conocer a fondo el decreto y hacer los respectivos recursos que podamos hacer para respetar y proteger el derecho privado, el derecho a sus recursos de cada ciudadano boliviano o extranjero’.
Juan Luis Gantier, también diputado de oposición, indicó que con esta acción el gobierno pode en evidencia que no existe en el país seguridad jurídica para las inversiones.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillen, señaló que el Decreto Supremo 910 que faculta al gobierno cancelar la autorización de funcionamiento de las entidades financieras que no cumplan con entregar información a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de transacciones monetarias sospechosas.
Guillen dijo que con esa nueva normativa todas las entidades están obligadas a reportar información permanente sobre esos casos.
‘Dependiendo de la gravedad se pueden aplicar sanciones desde amonestaciones escritas hasta multas a inhabilitaciones temporales a los ejecutivos hasta la cancelación de registro para las entidades que realmente hayan incumplido o hayan hecho una falta que esté pasando ya a un ilícito penal’, dijo.
Asimismo indicó que esta política está inmersa en un marco internacional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento a bandas criminales de la cual Bolivia es conformante.
‘Nosotros somos parte de un grupo de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo’, indicó.
Por otra parte el diputado por Convergencia, Luis Felipe Dorado, señaló que el decreto desincentivará la llegada de recursos al país además de vulnerar los derechos de las personas.
‘Es atentatorio contra derechos fundamentales que marcan la Constitución, esperemos conocer a fondo el decreto y hacer los respectivos recursos que podamos hacer para respetar y proteger el derecho privado, el derecho a sus recursos de cada ciudadano boliviano o extranjero’.
Juan Luis Gantier, también diputado de oposición, indicó que con esta acción el gobierno pode en evidencia que no existe en el país seguridad jurídica para las inversiones.