Uruguay: Frente Amplio anulará amnistía a militares
Montevideo, Agencias
Pese a la recomendación en contrario realizada por el presidente José Mujica, el Plenario Nacional del oficialista Frente Amplio (FA) resolvió por amplia mayoría que sus diputados aprueben el jueves en el Congreso un proyecto de ley que anula la amnistía los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), se informó el domingo.
La norma ya fue aprobada por el Senado, por lo que si Mujica no la veta, lo que ha descartado hasta el momento, se convertirá en ley.
Según analistas citados por el diario El País, la decisión del Plenario dañará la imagen institucional del país y significa una derrota para Mujica, quien había recomendando a los diputados no votarla para no pasar por encima de dos consultas populares en 1989 y 2009 que reafirmaron la vigencia de la ley.
Rosario Queirolo, politóloga y docente de la Universidad de Montevideo, aludió a las divisiones internas del oficialismo y señaló que "ahora hay dos puntos encontrados visibles que ponen a todos en una situación muy incómoda. Se juega otra cosa, el tema no es caducidad sí o no, es si podemos desconocer dos pronunciamientos populares".
El Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, aunque hay algunos legisladores oficialistas que han manifestado reparos a esta iniciativa e incluso han anunciado que votarán en contra.
El plenario de la coalición de izquierda, el máximo organismo de dirección de la fuerza política de gobierno, tomó la resolución el sábado de noche por 137 votos a favor, solo uno en contra y ocho abstenciones.
Paralelamente, decidió crear una comisión especial para que, en un plazo de 30 días, evalúe impulsar un referéndum para que la ciudadanía ratifique o rectifique la nueva ley.
Esta sería la tercera vez que se convoca a la ciudadanía a pronunciarse sobre el tema, pues en las dos ocasiones anteriores se rechazó una propuesta para dejarla sin efecto.
La eliminación de esta amnistía, dispuesta por la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada en 1986 como contrapartida de la amnistía a ex guerrilleros tupamaros y presos políticos, ha provocado una crisis en el Frente Amplio.
El Senado aprobó por mayoría su eliminación el 12 de abril, pero el oficialismo sufrió la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro, un ex tupamaro al igual que Mujica, y la posible deserción de Jorge Saravia, que votó en contra.
Juan C. Doyenart director de Interconsult señaló que "el principal responsable del cortocircuito en el Frente Amplio es el presidente. Del Poder Ejecutivo salió la ley interpretativa" que se trasladó al congreso por el canciller Luis Almagro, originando esta intrincada coyuntura.
Constitucionalistas han advertido que la eliminación de la amnistía es una violación a la constitución porque desconoce los dos plebiscitos, de 1989 y 2009, en los que la ciudadanía se manifestó a favor de mantener la norma.
Mujica había dicho a los diputados que no se puede pasar por encima de estos dos plebiscitos y que pueden pagarse costos electorales de futuro, pero reiteró que no vetará la anulación si finalmente es sancionada.
Pese a la recomendación en contrario realizada por el presidente José Mujica, el Plenario Nacional del oficialista Frente Amplio (FA) resolvió por amplia mayoría que sus diputados aprueben el jueves en el Congreso un proyecto de ley que anula la amnistía los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), se informó el domingo.
La norma ya fue aprobada por el Senado, por lo que si Mujica no la veta, lo que ha descartado hasta el momento, se convertirá en ley.
Según analistas citados por el diario El País, la decisión del Plenario dañará la imagen institucional del país y significa una derrota para Mujica, quien había recomendando a los diputados no votarla para no pasar por encima de dos consultas populares en 1989 y 2009 que reafirmaron la vigencia de la ley.
Rosario Queirolo, politóloga y docente de la Universidad de Montevideo, aludió a las divisiones internas del oficialismo y señaló que "ahora hay dos puntos encontrados visibles que ponen a todos en una situación muy incómoda. Se juega otra cosa, el tema no es caducidad sí o no, es si podemos desconocer dos pronunciamientos populares".
El Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, aunque hay algunos legisladores oficialistas que han manifestado reparos a esta iniciativa e incluso han anunciado que votarán en contra.
El plenario de la coalición de izquierda, el máximo organismo de dirección de la fuerza política de gobierno, tomó la resolución el sábado de noche por 137 votos a favor, solo uno en contra y ocho abstenciones.
Paralelamente, decidió crear una comisión especial para que, en un plazo de 30 días, evalúe impulsar un referéndum para que la ciudadanía ratifique o rectifique la nueva ley.
Esta sería la tercera vez que se convoca a la ciudadanía a pronunciarse sobre el tema, pues en las dos ocasiones anteriores se rechazó una propuesta para dejarla sin efecto.
La eliminación de esta amnistía, dispuesta por la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada en 1986 como contrapartida de la amnistía a ex guerrilleros tupamaros y presos políticos, ha provocado una crisis en el Frente Amplio.
El Senado aprobó por mayoría su eliminación el 12 de abril, pero el oficialismo sufrió la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro, un ex tupamaro al igual que Mujica, y la posible deserción de Jorge Saravia, que votó en contra.
Juan C. Doyenart director de Interconsult señaló que "el principal responsable del cortocircuito en el Frente Amplio es el presidente. Del Poder Ejecutivo salió la ley interpretativa" que se trasladó al congreso por el canciller Luis Almagro, originando esta intrincada coyuntura.
Constitucionalistas han advertido que la eliminación de la amnistía es una violación a la constitución porque desconoce los dos plebiscitos, de 1989 y 2009, en los que la ciudadanía se manifestó a favor de mantener la norma.
Mujica había dicho a los diputados que no se puede pasar por encima de estos dos plebiscitos y que pueden pagarse costos electorales de futuro, pero reiteró que no vetará la anulación si finalmente es sancionada.
