Unos 5,3 millones de bolivianos definirán con su voto administradores de justicia en Bolivia
La Paz, Abi
Aproximadamente 5,3 millones de bolivianos elegirán por primera vez el 16 de octubre en forma directa a los magistrados de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justicia y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura de una nómina de 125 candidatos que son preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Será la primera vez en el mundo que los ciudadanos definirán con su voto a quienes administrarán justicia, en el marco de un proceso de "revolución en la justicia", destacó el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma.
Por ese hecho, la expectativa mundial está puesta en la experiencia boliviana para marcar un rumbo democrático que se prevé que sea replicado en forma gradual en otras naciones.
Morales ha destacado que, de esa manera, se iniciará un profundo proceso de reestructuración del Poder judicial "para que la justicia sea aplicada en forma equitativa sin mediar presiones políticas, económicas o de grupos de poder, como sucedió en el pasado".
De acuerdo con el Reglamento Interno de Preselección de candidatos para los Tribunales de los cuatro organismos judiciales, los postulantes deben ser abogados de profesión y con un ejercicio de por lo menos ocho años para garantizar idoneidad, capacidad y experiencia.
En los comicios de octubre, los ciudadanos elegirán de una lista de 28 magistrados para el Tribunal Constitucional, de los cuales 14 deben ser mujeres y por lo menos uno o una de origen indígena y campesino.
Mientras que para el Tribunal Supremo de Justicia serán 54 los postulantes, seis por cada departamento. Igualmente las listas deben incluir un 50 por ciento de profesionales mujeres y uno de origen indígena campesino.
En el caso del Tribunal Agroambiental, los elegidos deben surgir de una lista de 28 candidatos y 15 del Consejo de la Magistratura.
El artículo 21 del mencionado Reglamento subraya que, una vez que sean preseleccionados los postulantes, las listas serán remitidas al Tribunal Electoral Plurinacional para dar inicio al proceso complementario de difusión de sus perfiles y la propia administración de los comicios.
El TSE cumplirá esas funciones en un plazo de tres meses.
A su vez, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene un plazo de dos meses para la preselección, que incluyen pruebas y entrevistas a los postulantes, las mismas que tendrán amplia cobertura para el conocimiento de los electores antes de que depositen su voto en las urnas.
Las inscripciones de postulantes están abiertas para que Comisiones Especiales del Senado y de la Cámara de Diputados las reciban y verifiquen el cumplimiento de los requisitos antes de elevarlas a consideración de la ALP al más alto nivel.
Posteriormente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaborará el reglamento para la difusión de las hojas de vida de los candidatos y de las entrevistas a las que deban someterse.
Con el fin de consensuar un Reglamento que respete los mandatos de la Constitución Política, el presidente del TSE ha realizado consultas ante los representantes de los organismos colegiados y de propiedad de los medios de comunicación para conocer sus criterios.
Ovando ha reiterado que, "de ningún modo, se violará el respeto a la libertad de expresión y de información".
El ministro de Comunicación, Iván Canelas, anotó que para estos comicios no se debe confundir "información con propaganda" debido a que las características de la consulta electoral judicial son diferentes.
"Se trata de elegir a los mejores profesionales que se encargarán de administrar justicia en forma ecuánime sin estar sometidos a cuoteos, ni presiones de ninguna índole", enfatizó.
Con el fin de facilitar la elaboración del Reglamento, la Comisión de la Cámara de Diputados aprobó en grande el jueves en la madrugada el proyecto de Ley de Modificaciones al artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral que debe pasar por todas instancias legislativas antes de remitirla al TSE.
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, manifestó que las modificaciones al mencionado artículo garantizarán "el ejercicio del pleno derecho a la información y a la libre expresión de los postulantes para que sean conocidos ampliamente a través de los medios de comunicación, en sujeción a los mandatos de la Carta Magna".
Marca dijo que los postulantes, que suman hasta hoy 300, aceleran la legalización de sus documentos en diferentes instancias estatales para presentarlos oficialmente ante el Legislativo.
El TSE dispuso igualmente la apertura del registro biométrico desde este jueves para los nuevos electores, en especial ciudadanos que hayan cumplido la mayoría de edad o vayan a hacerlo hasta el 16 de octubre, además de las personas que hayan cambiado de domicilio de residencia.
Aproximadamente 5,3 millones de bolivianos elegirán por primera vez el 16 de octubre en forma directa a los magistrados de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justicia y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura de una nómina de 125 candidatos que son preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Será la primera vez en el mundo que los ciudadanos definirán con su voto a quienes administrarán justicia, en el marco de un proceso de "revolución en la justicia", destacó el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma.
Por ese hecho, la expectativa mundial está puesta en la experiencia boliviana para marcar un rumbo democrático que se prevé que sea replicado en forma gradual en otras naciones.
Morales ha destacado que, de esa manera, se iniciará un profundo proceso de reestructuración del Poder judicial "para que la justicia sea aplicada en forma equitativa sin mediar presiones políticas, económicas o de grupos de poder, como sucedió en el pasado".
De acuerdo con el Reglamento Interno de Preselección de candidatos para los Tribunales de los cuatro organismos judiciales, los postulantes deben ser abogados de profesión y con un ejercicio de por lo menos ocho años para garantizar idoneidad, capacidad y experiencia.
En los comicios de octubre, los ciudadanos elegirán de una lista de 28 magistrados para el Tribunal Constitucional, de los cuales 14 deben ser mujeres y por lo menos uno o una de origen indígena y campesino.
Mientras que para el Tribunal Supremo de Justicia serán 54 los postulantes, seis por cada departamento. Igualmente las listas deben incluir un 50 por ciento de profesionales mujeres y uno de origen indígena campesino.
En el caso del Tribunal Agroambiental, los elegidos deben surgir de una lista de 28 candidatos y 15 del Consejo de la Magistratura.
El artículo 21 del mencionado Reglamento subraya que, una vez que sean preseleccionados los postulantes, las listas serán remitidas al Tribunal Electoral Plurinacional para dar inicio al proceso complementario de difusión de sus perfiles y la propia administración de los comicios.
El TSE cumplirá esas funciones en un plazo de tres meses.
A su vez, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene un plazo de dos meses para la preselección, que incluyen pruebas y entrevistas a los postulantes, las mismas que tendrán amplia cobertura para el conocimiento de los electores antes de que depositen su voto en las urnas.
Las inscripciones de postulantes están abiertas para que Comisiones Especiales del Senado y de la Cámara de Diputados las reciban y verifiquen el cumplimiento de los requisitos antes de elevarlas a consideración de la ALP al más alto nivel.
Posteriormente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaborará el reglamento para la difusión de las hojas de vida de los candidatos y de las entrevistas a las que deban someterse.
Con el fin de consensuar un Reglamento que respete los mandatos de la Constitución Política, el presidente del TSE ha realizado consultas ante los representantes de los organismos colegiados y de propiedad de los medios de comunicación para conocer sus criterios.
Ovando ha reiterado que, "de ningún modo, se violará el respeto a la libertad de expresión y de información".
El ministro de Comunicación, Iván Canelas, anotó que para estos comicios no se debe confundir "información con propaganda" debido a que las características de la consulta electoral judicial son diferentes.
"Se trata de elegir a los mejores profesionales que se encargarán de administrar justicia en forma ecuánime sin estar sometidos a cuoteos, ni presiones de ninguna índole", enfatizó.
Con el fin de facilitar la elaboración del Reglamento, la Comisión de la Cámara de Diputados aprobó en grande el jueves en la madrugada el proyecto de Ley de Modificaciones al artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral que debe pasar por todas instancias legislativas antes de remitirla al TSE.
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, manifestó que las modificaciones al mencionado artículo garantizarán "el ejercicio del pleno derecho a la información y a la libre expresión de los postulantes para que sean conocidos ampliamente a través de los medios de comunicación, en sujeción a los mandatos de la Carta Magna".
Marca dijo que los postulantes, que suman hasta hoy 300, aceleran la legalización de sus documentos en diferentes instancias estatales para presentarlos oficialmente ante el Legislativo.
El TSE dispuso igualmente la apertura del registro biométrico desde este jueves para los nuevos electores, en especial ciudadanos que hayan cumplido la mayoría de edad o vayan a hacerlo hasta el 16 de octubre, además de las personas que hayan cambiado de domicilio de residencia.