Oficialistas y opositores denunciaron manejos ilegales de alcaldesa Pimentel

Oruro y La Paz, Abi
El Concejo municipal de Oruro aprobó, en pleno, la denuncia formulada a principios de mayo contra la alcaldesa Rocío Pimentel, del Movimiento Sin Miedo (MSM), por "conducta antieconómica" e "incumplimiento de deberes", explicó el jueves el titular de este órgano legislativo, Germán Delgado, al asegurar que el trámite fue suscripto, lo mismo por oficialistas que por opositores.

"Los concejales del Movimiento Sin Miedo (oficialismo en la alcaldía de Oruro) apoyaron y aprobaron para que se eleve esta denuncia (ante el Ministerio Público), donde dijeron que hay que denunciar todas estas irregularidades", precisó al explicar las causas que llevarían a la ex periodista Pimentel a la silla del acusado y tras rechazar que se trate de un proceso político, tal como lo ha denunciado el líder del partido de la alcaldesa, el ex alcalde de La Paz, Juan del Granado.

Pimentel es acusada de contratar, unilateralmente y a contrapelo de la ley, a un funcionario para la célula anticorrupción del municipio capitalino, de asignarle un salario mensual de 6.240 bolivianos, el doble del tope que establece la escala salarial de la Alcaldía, y también por pasar por altor dos observaciones del Concejo, entre ellas una ordenanza, que le advertía sobre la irregularidad.

"Pero la señora Alcaldesa hace una contratación del funcionario, doctor (José María) Alesandri (y lo contrata) con la suma de 6250 (bolivianos de haber mensual)", detalló Delgado.

De acuerdo con el titular del Concejo, la resolución para la denuncia judicial contra Pimentel fue votada por 9 de 11 miembros del Concejo de Oruro.

El gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) controla 5 de los 11 curules del Concejo, el MSM, partido de Pimentel, 4, la Unidad Nacional un asiento y la agrupación política San Felipe de Austria el restante.

Pimentel, encauzada por el Ministerio Público, ha denunciado que su formalización por la Fiscalía del Distrito responde, en el fondo, a una supuesta intención política para tumbarla del cargo que ocupa desde mayo de 2010, cuando ganó las elecciones locales, un mes antes.

"El Concejo municipal ha determinado elevar la denuncia al Ministerio Público, no porque quiere el MAS, o alguna autoridad, sino por cumplir la Ley", explicó Delgado al tiempo de describir los esfuerzos realizados por el Legislativo municipal por evitar, en la vía de la persuasión, que Pimentel contrate discrecionalmente al funcionario anticorrupción y ahora enfrente cargos administrativos.

Delgado insistió en que, "mediante una resolución del Concejo municipal", expedida en junio de 2010, se advirtió a Pimentel que actuaba de forma ilegal en la contratación del Delegado Municipal de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y que, no obstante, la Alcaldesa porfió en su decisión y ordenó el pago de sueldos por 5 meses hasta octubre a favor de Alesandri.

En medio de ese lapso, subrayó Delgado, el Concejo pidió a Pimentel frenar la contratación hasta que no sea aprobado un reglamento de funciones.

Asimismo, "hace caso omiso" y más tarde, nuevamente "con otra resolución nosotros, como Concejo, se le instruye a la Alcaldesa que mientras no exista el manual de funciones aprobado por el Concejo no puede cumplir sus funciones este funcionario (Alesandri), pero lamentablemente vuelve a hacer caso omiso", describió Delgado.

La fiscal Irma Chambilla imputó el lunes último a Pimentel y anunció su decisión de pedir la detención preventiva de la autoridad municipal.

"Corresponde una audiencia de medidas cautelares que seguramente el señor juez, quien conoce la causa, fijará el día y hora de la audiencia. Dentro de las medidas cautelares por la comisión del delito la detención procede?, sostuvo Chambilla que el jueves fue relevada del caso

Su lugar en el proceso lo ocupará su colega Manuel Santos.

La sola decisión de la Fiscalía bastaría para que Pimentel sea suspendida del cargo hasta que su caso sea sustanciado por un juez, de acuerdo con la Ley de Autonomías.

El MSM ha denunciado la formalización de Pimentel de "acoso político" y el propio Del Granado, dijo haber identificado "un fraude procesal (en que) se han fabricado actuaciones", presuntamente por el MAS.