Mantienen arraigo contra Doria Medina en proceso sobre fábrica FANCESA
Sucre, AbiEl empresario cementero y jefe de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, seguirá arraigado debido a que fue suspendida el lunes la sesión en las que sus abogados solicitaron la suspensión de esa medida sustitutiva.
La suspensión de la audiencia se produjo ante la inasistencia de los fiscales que solicitaron inclusive la detención de Doria Medina.
Doria Medina debe presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público, en el marco del proceso que se sigue en su contra por la administración de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA), propiedad de la Gobernación del sureño departamento de Chuquisaca.
La jueza Jimena Mendizábal dispuso el arraigo del empresario el pasado 4 de mayo.
Junto a Doria Medina fueron arraigados los ex rectores de la Universidad San Francisco Xabier (USFX), Jaime Barrón y Jaime Robles, mientras que el actual rector de ese centro de educación, Walter Arízaga, debe responder al proceso sin medidas coercitivas en su contra.
La USFX era uno de los socios de FANCESA, junto a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) de propiedad de Doria Medina.
Además del arraigo y la obligación de presentarse cada 15 días, Doria Medina tuvo que acreditar cuatro garantes para que avalen su comportamiento entre tanto se ventila el proceso.
Doria Medina ha calificado las medidas como "ilegales" y dijo que su "único pecado, al ser socio de FANCESA en el departamento de Chuquisaca, fue haber promovido el crecimiento de la empresa y la creación de 1.000 nuevos empleos".
El Ministerio Público, representado por el fiscal Weimar Guzmán, había pedido la detención preventiva de Doria Medina y de los ex rectores de la UFSX para que respondan por daños a la economía del departamento.
Guzmán señaló que existe el peligro de fuga de los imputados o que lleven adelante acciones que obstaculicen el proceso.
Enfatizó que el empresario Doria Medina "se adjudicó irregularmente el 33,34 por ciento de las acciones de FANCESA. En 1999, SOBOCE asumió el control de la cementera chuquisaqueña a través del pago de 12 millones de bolivianos a la universidad departamental. El Gobierno dispuso en septiembre de 2010 la recuperación de los títulos a favor de la Gobernación de Chuquisaca.
Doria Medina y los accionistas de SOBOCE exigieron al Gobierno una compensación de 82 millones de dólares por la reversión de las acciones al Estado.
La jueza Mendizábal determinó la pasada semana la anotación preventiva de los bienes de Doria Medina y la congelación de las cuentas bancarias de SOBOCE.
