La Unasur avanza hacia una "metodología común" para medir sus gastos de defensa
Lima, Agencias
Los ministros de Defensa de Unasur concluyeron hoy su reunión con la firma de la "Declaración de Lima", que solo abarca la búsqueda de una "metodología" para medir los gastos de defensa y deja por fuera propuestas como la creación de una "flota oceánica" para responder a los desastres naturales.
En el tercer encuentro del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), que duró dos días en la capital peruana, los ministros abordaron varios temas como una estrategia de protección a su medio ambiente, cómo responder ante desastres naturales y avanzar en las medidas de control de armamento.
Sobre la propuesta peruana de reducción del gasto de armas en el continente, saludada en su momento por todos los socios, en el documento se emplaza a los ministros a seguir avanzando en busca de una "metodología común de medición de gastos de defensa".
En ese sentido, el Consejo de Defensa Suramericano, nombre que acoge a estas reuniones de ministros del ramo, se limitó a convocar a un taller "ad hoc" que estudie el próximo 2 de junio en Santiago de Chile la cuestión de la medición de gastos.
El grupo de trabajo encargado de elaborar un "protocolo de paz, seguridad y cooperación en la Unasur" tampoco mostró avances concretos, más allá de citarse para una próxima reunión en Quito los días 14 y 15 de julio.
Si bien en la víspera Brasil había presentado una novedosa propuesta de estrategia conjunta para implicar al sector de Defensa en la protección de unos recursos naturales (agua, energía, etc) en los que la región es rica y que despiertan una creciente codicia, según palabras del ministro brasileño, Nelson Jobim, este asunto estuvo fuera del documento firmado.
Otra cuestión que había sido discutida la víspera, como es la de avanzar en estrategias comunes para responder a los desastres naturales, incluida la posibilidad de una "flota oceánica" conjunta, estuvo también ausente de la declaración.
Por otro lado, la delegación colombiana sugirió convocar en Cartagena de Indias una reunión sobre el crimen organizado transnacional que agrupe a los ministros de Defensa, Justicia e Interior de toda la región, propuesta que el documento "acoge con beneplácito" pero que no se plasma en ningún compromiso concreto.
Los ministros tenían el compromiso de entregar los procedimientos de aplicación de las "medidas de fomento de la confianza y seguridad", pero acordaron darse un nuevo plazo hasta el 30 de junio próximo para realizarlo.
En cuanto al comercio de armas y su tratamiento en el comité preparatorio de Naciones Unidas, los firmantes se limitaron a "recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (de Unasur) considerar el estudio de una eventual política común en las negociaciones", síntoma de la disparidad de posiciones actuales.
La reunión despertó escaso interés, incluso, entre los medios peruanos, más centrados en el seguimiento del proceso electoral interno, y evidenció la tibieza con la que el Gobierno de Alan García considera a la Unasur.
Por ejemplo, el presidente no ha encontrado un hueco en su agenda para recibir a la plana mayor de Defensa del continente, y tampoco los ministros han llevado a cabo (pese a que estaba prevista) una visita al Salón Internacional de la Tecnología de la Defensa que estos días tiene lugar en Lima.
En lugar de esta visita, optaron por dedicar sus últimas horas en Lima a actividades de turismo cultural y gastronómico, dijeron a Efe fuentes de la organización.
La reunión sirvió al menos para cerrar algunos acuerdos bilaterales, como el alcanzado por Perú y Colombia sobre la lucha contra las actividades ilegales en su extensa frontera común de más de 1.600 kilómetros.
El "Plan de Acción Binacional de Seguridad Fronteriza" fue firmado por los ministros de Defensa de Perú, Jaime Thorne, y su colega de Colombia, Miguel Hidalgo, y busca establecer estrategias conjuntas contra actividades como el narcotráfico, la trata de personas con fines laborales o sexuales, el tráfico de armas o el contrabando en general.
El texto bilateral recoge, además, aspectos como la defensa de la biodiversidad, el control de la navegación fluvial, el uso de tecnologías para la seguridad fronteriza y el respeto a los derechos humanos entre la población fronteriza.
Los ministros de Defensa de Unasur concluyeron hoy su reunión con la firma de la "Declaración de Lima", que solo abarca la búsqueda de una "metodología" para medir los gastos de defensa y deja por fuera propuestas como la creación de una "flota oceánica" para responder a los desastres naturales.
En el tercer encuentro del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), que duró dos días en la capital peruana, los ministros abordaron varios temas como una estrategia de protección a su medio ambiente, cómo responder ante desastres naturales y avanzar en las medidas de control de armamento.
Sobre la propuesta peruana de reducción del gasto de armas en el continente, saludada en su momento por todos los socios, en el documento se emplaza a los ministros a seguir avanzando en busca de una "metodología común de medición de gastos de defensa".
En ese sentido, el Consejo de Defensa Suramericano, nombre que acoge a estas reuniones de ministros del ramo, se limitó a convocar a un taller "ad hoc" que estudie el próximo 2 de junio en Santiago de Chile la cuestión de la medición de gastos.
El grupo de trabajo encargado de elaborar un "protocolo de paz, seguridad y cooperación en la Unasur" tampoco mostró avances concretos, más allá de citarse para una próxima reunión en Quito los días 14 y 15 de julio.
Si bien en la víspera Brasil había presentado una novedosa propuesta de estrategia conjunta para implicar al sector de Defensa en la protección de unos recursos naturales (agua, energía, etc) en los que la región es rica y que despiertan una creciente codicia, según palabras del ministro brasileño, Nelson Jobim, este asunto estuvo fuera del documento firmado.
Otra cuestión que había sido discutida la víspera, como es la de avanzar en estrategias comunes para responder a los desastres naturales, incluida la posibilidad de una "flota oceánica" conjunta, estuvo también ausente de la declaración.
Por otro lado, la delegación colombiana sugirió convocar en Cartagena de Indias una reunión sobre el crimen organizado transnacional que agrupe a los ministros de Defensa, Justicia e Interior de toda la región, propuesta que el documento "acoge con beneplácito" pero que no se plasma en ningún compromiso concreto.
Los ministros tenían el compromiso de entregar los procedimientos de aplicación de las "medidas de fomento de la confianza y seguridad", pero acordaron darse un nuevo plazo hasta el 30 de junio próximo para realizarlo.
En cuanto al comercio de armas y su tratamiento en el comité preparatorio de Naciones Unidas, los firmantes se limitaron a "recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (de Unasur) considerar el estudio de una eventual política común en las negociaciones", síntoma de la disparidad de posiciones actuales.
La reunión despertó escaso interés, incluso, entre los medios peruanos, más centrados en el seguimiento del proceso electoral interno, y evidenció la tibieza con la que el Gobierno de Alan García considera a la Unasur.
Por ejemplo, el presidente no ha encontrado un hueco en su agenda para recibir a la plana mayor de Defensa del continente, y tampoco los ministros han llevado a cabo (pese a que estaba prevista) una visita al Salón Internacional de la Tecnología de la Defensa que estos días tiene lugar en Lima.
En lugar de esta visita, optaron por dedicar sus últimas horas en Lima a actividades de turismo cultural y gastronómico, dijeron a Efe fuentes de la organización.
La reunión sirvió al menos para cerrar algunos acuerdos bilaterales, como el alcanzado por Perú y Colombia sobre la lucha contra las actividades ilegales en su extensa frontera común de más de 1.600 kilómetros.
El "Plan de Acción Binacional de Seguridad Fronteriza" fue firmado por los ministros de Defensa de Perú, Jaime Thorne, y su colega de Colombia, Miguel Hidalgo, y busca establecer estrategias conjuntas contra actividades como el narcotráfico, la trata de personas con fines laborales o sexuales, el tráfico de armas o el contrabando en general.
El texto bilateral recoge, además, aspectos como la defensa de la biodiversidad, el control de la navegación fluvial, el uso de tecnologías para la seguridad fronteriza y el respeto a los derechos humanos entre la población fronteriza.