Gobierno: No posesión de representante indígena en Santa cruz es un acto discriminatorio
Santa Cruz, AbiLa negativa de la mayoría de la Asamblea Legislativa Departamental a posesionar a una representante indígena como asambleísta es "un acto discriminatorio de desacato a la Ley", dijo el miércoles el ministro de Comunicación, Iván Canelas.
En un encuentro con los periodistas, Canelas lamentó que el presidente de la Asamblea Departamental, Alcides Villagómez, no haya acatado la decisión judicial que definió en febrero pasado que administre la posesión de la representante del pueblo Yuracaré-Moxeño, Rosmery Gutiérrez y su suplente, quienes fueron electos.
Villagómez fue detenido el pasado viernes y guarda reclusión dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), entre tanto se procesa una audiencia en la que el Juez debe definir su futuro.
"Es una determinación judicial, legal, emergente de un Amparo Contitucional presentado por los afectados, por lo que no se puede entender la resistencia a cumplirla", dijo.
Agregó que la Ley es clara al respecto, cuando hay desacato, el juez debe ordenar la detención de las personas que violen los preceptos legales, en este caso .
"Al parecer la negativa a cumplir la Ley se origina en una actitud de discriminación a un importante pueblo indígena y también al temor de la mayoría en la Asamblea de perder un espacio", anotó.
Sin embargo expresó su convencimiento de que el ingreso a la Asamblea Departamental de una representante indígena no modificará el esquema de poder que favorece en la actualidad al gobernador Rubén Costas y a la agrupación que lo respalda.
"No se puede desconocer a pueblos como el Yucararé y el Moxeño que son nómadas y que habitan en las inmediaciones del río Ichilo", reiteró.
Canelas anotó que este asunto debe ser resuelto en el marco de la Ley, al desestimar los posicionamientos de algunas autoridades regionales de Santa Cruz que manifestaron que la detención del presidente de la Asamblea Departamental por incumplir con la Ley ha sido ordenada por el Ejecutivo nacional supuestamente para desestabilizar a la Gobernación cruceña.
"Este es un asunto legal, procesado por la Justicia, en el que Gobierno nacional no tiene nada que ver", afirmó.
Reiteró que la actitud de la mayoría de la Asamblea Departamental de Santa Cruz "raya en una actitud discriminatoria de desconocimiento de un pueblo indígena que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano".
En un encuentro con los periodistas, Canelas lamentó que el presidente de la Asamblea Departamental, Alcides Villagómez, no haya acatado la decisión judicial que definió en febrero pasado que administre la posesión de la representante del pueblo Yuracaré-Moxeño, Rosmery Gutiérrez y su suplente, quienes fueron electos.
Villagómez fue detenido el pasado viernes y guarda reclusión dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), entre tanto se procesa una audiencia en la que el Juez debe definir su futuro.
"Es una determinación judicial, legal, emergente de un Amparo Contitucional presentado por los afectados, por lo que no se puede entender la resistencia a cumplirla", dijo.
Agregó que la Ley es clara al respecto, cuando hay desacato, el juez debe ordenar la detención de las personas que violen los preceptos legales, en este caso .
"Al parecer la negativa a cumplir la Ley se origina en una actitud de discriminación a un importante pueblo indígena y también al temor de la mayoría en la Asamblea de perder un espacio", anotó.
Sin embargo expresó su convencimiento de que el ingreso a la Asamblea Departamental de una representante indígena no modificará el esquema de poder que favorece en la actualidad al gobernador Rubén Costas y a la agrupación que lo respalda.
"No se puede desconocer a pueblos como el Yucararé y el Moxeño que son nómadas y que habitan en las inmediaciones del río Ichilo", reiteró.
Canelas anotó que este asunto debe ser resuelto en el marco de la Ley, al desestimar los posicionamientos de algunas autoridades regionales de Santa Cruz que manifestaron que la detención del presidente de la Asamblea Departamental por incumplir con la Ley ha sido ordenada por el Ejecutivo nacional supuestamente para desestabilizar a la Gobernación cruceña.
"Este es un asunto legal, procesado por la Justicia, en el que Gobierno nacional no tiene nada que ver", afirmó.
Reiteró que la actitud de la mayoría de la Asamblea Departamental de Santa Cruz "raya en una actitud discriminatoria de desconocimiento de un pueblo indígena que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano".
