Dictan detención domiciliaria y arraigo para gobernador Suárez y asambleísta Navia, del MAS
Trinidad, BENI, AbiLa juez Cautelar, Narda Vega, ordenó el lunes detención domiciliaria y arraigo para el gobernador del Beni, Ernesto Suárez y, entre otros dos, el asambleísta Carlos Navia, militante del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), además de una fianza de 50.000 bolivianos.
"Son medidas sustitutivas a la detención preventiva, las cuales van a consistir en el arraigo de Ernesto Suárez, así como también la detención domiciliaria y una fianza de 50.000 bolivianos", explicó a los periodistas.
Suárez fue formalizado por inferir un daño económico al Estado por 800.000 bolivianos en el caso de la Cooperativa Eléctrica Maniqui, en el municipio de San Borja.
En la gestión 2006, Suárez, así como el Gobierno Municipal de San Borja, representado por el alcalde, Ronald Tovías Simon, firmaron dos convenios por los cuales la entonces Prefectura de Beni (ahora Gobernación) y la Alcaldía de San Borja canalizaron de fondos a la privada Cooperativa Maniqui Limitada que gerencia el suministro de energía eléctrica en ese distrito amazónico.
Los fondos fueron transferidos a la mencionada cooperativa para el alquiler y reparación de generadores de energía de su propiedad, a contrapelo de la ley.
Asimismo, la Jueza imputó al actual asambleísta Navia, que también ejerció la Prefectura de ese departamento y le dictó medidas cautelares a la detención preventiva por el denominado 'caso Maniqui'.
El sumario también implicó a Tovías Simon, ex alcalde de San Borja, que debe sopesar una orden de detención domiciliaria, arraigo y fianza de 50.000 bolivianos.
Tras escuchar el dictamen judicial Suárez denunció que "no existe justicia en nuestro país", y que "con esta clase de acciones sólo se demuestra la persecución por parte del Gobierno".
"El pueblo de San Borja me pidió un motor de luz y que se repare el motor de luz, se lo di, porque me pidió; era mi obligación como autoridad, y si eso me cuesta estar aquí con gusto me siento señora juez", afirmó.
El daño económico ocasionado a la Prefectura de Beni y, por extensión al erario nacional, alcanza 840.883 bolivianos.
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