Canelas: "Sectores de extrema quieren retornar y sembrar violencia en Santa Cruz"
La Paz, AbiLos sectores de extrema derecha quieren retornar y sembrar violencia y enfrentamientos en el departamento de Santa Cruz", advirtió el viernes el ministro de Comunicación, Iván Canelas.
En una conferencia de prensa, el Ministro lamentó lo sucedido el jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde reaparecieron los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista UJC) para protagonizar acciones de violencia e inclusive quemar un ejemplar de la Constitución Política del Estado (CPE).
"Es una violación a las Leyes que rigen a Bolivia, por lo que las autoridades asumirán las medidas jurídicas que correspondan para sancionar esos hechos con el fin de que no se repitan", afirmó.
Agregó que igualmente el Ministerio Público puede actuar de oficio en estos casos, en resguardo del respeto al ordenamiento jurídico del país.
La UJC ha sido en el pasado reciente un grupo que ha protagonizado una serie de actos de discriminación de raza y de color con agresiones a las personas y migrantes de otros departamentos, quienes, por razones de trabajo, se trasladaron para residir en Santa Cruz.
Esta agrupación también actuó durante jornadas para desestabilizar al Gobierno y al proceso de cambio, ya sea durante la realización de un referéndum revocatorio, como en la puesta en marcha de un golpe de Estado cívico-Prefectural en el año 2008, que finalmente fracasó.
El Ministerio Público también ha imputado a algunos de sus miembros por haber formado parte o tener relación con un movimiento secesionista entre fines de 2008 y abril de 2009. Ese movimiento tenía proyectado desarrollar actividades terroristas en el país.
Esos intentos conspirativos estuvieron encabezados por el mercenario boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, quien conformó una agrupación de extranjeros y nacionales que estaban listos para desencadenar acciones de violencia en el país que lleven hasta a una guerra civil.
El grupo de Rózsa fue desarticulado por un operativo policial realizado a mediados de abril de 2009 en un hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Desde entonces el Ministerio Público lleva adelante una investigación en la que imputó hasta el momento a 39 personas para que respondan ante la justicia.
Los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista reaparecieron el jueves en Santa cruz de la Sierra en instancias en que la justicia procesa un caso de desacato a las Leyes.
Las jueza Valeria Salas decidió el jueves pasar a la cárcel de Palmasola al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Alcides Villagómez, debido a que no acató un dictamen emergente de un Amparo Constitucional del 17 de febrero pasado que le ordenaba posesionar como asambleísta a la representante indígena Rossmeri Gutiérrez.
La decisión judicial obliga a Villagómez y a la Asamblea Legislativa Departamental a incorporar a la representante del pueblo Yuracaré-Moxeño, una vez que fue elegida en los comicios departamentales.
Villagómez y la mayoría de la Asamblea se oponen a tomarle juramento y cederle un curul porque, en su criterio, "El pueblo yucararé-moxeño no existe".
El ministro de Comunicación aseveró que negar a un representante indígena formar parte de la Asamblea Legislativa Departamental, pese a haber sido elegido por el pueblo, "es un acto discriminatorio que no se puede tolerar".
"Es una cuestión de respeto a las Leyes y debe ser abordado por el Órgano Judicial", dijo.
