Canelas: Sanción a gobernador del Beni es un asunto judicial, no del Gobierno
La Paz, AbiEl ministro de Comunicación, Iván Canelas, aseguró el martes que la sanción al gobernador de Beni, Ernesto Suárez y al asambleísta departamental del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Navia, por un presunto hecho de corrupción, es un asunto judicial, no del Gobierno nacional.
La jueza Narda Vera ordenó el lunes el arresto domiciliario de Suárez y Navia, además del pago de una fianza de 50.000 bolivianos por un presunto hecho de corrupción por la compra de un generador de energía eléctrica para la localidad San Borja, entre el 2005 y 2006.
"La persecución política es siempre la excusa que utilizan las personas que fueron denunciadas por actos de supuesta corrupción, lo que no se dice es que en esa misma decisión de la justicia está involucrado el jefe de la bancada del MAS en la Asamblea departamental, Carlos Navia, quien también tiene detención domiciliaria", dijo.
Agregó que sobre Navia también pesa la obligación de pagar una fianza de 50.000 bolivianos.
Canelas aseveró que el Gobierno "no sólo es respetuoso de las determinaciones de la justicia, sino también es drástico al exigir la investigación de todos los casos de corrupción sea quien sea, sea militante, autoridad o dignatario, sea quien sea el involucrado".
Agregó que "es una falsa excusa y justificativo que en este caso se trate de una persecución política", como sostienen algunos dirigentes de la oposición.
El Ministro anotó que el Gobernador del Beni tiene que defenderse y aclarar ante la justicia las acusaciones que pesan en su contra, al igual que el jefe de bancada del MAS en la Asamblea del Beni".
Canelas rechazó las aseveraciones de quienes, a su juicio, no quieren responder y someterse a la Justicia en Bolivia.
"El Gobierno no se va a involucrar en absoluto en ese tema, una vez que está en el ámbito de la Justicia y de las propias normas de la Asamblea departamental y de la autonomía", indicó.
Reiteró que si la Justicia asume sanciones contra los involucrados, no es responsabilidad del Gobierno.
Suárez es acusado de malversación y daños económicos al Estado por el caso del generador de energía eléctrica.
Para la sanción de esos delitos, la Ley de Lucha contra la Corrupción, vigente desde el año 2010, prevé condenas que van de tres a ocho años de reclusión.
