ETA comunica la cancelación de las prácticas de extorsión a los empresarios

Bilbao, Agencias
La organización terrorista ETA comunicó la cancelación de las prácticas de extorsión a empresarios, una de sus principales vías de financiación, en el marco del alto el fuego que declaró el pasado 10 de enero.

Los representantes de los empresarios del País Vasco y de la vecina región de Navarra, en el norte de España, recibieron sendas cartas en las que la banda armada les anuncia el cese de esas prácticas, que denomina "impuesto revolucionario" y en las que exigía distintas sumas de dinero bajo amenazas.

José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra informó hoy de la recepción de la comunicación de ETA en una conferencia de prensa en la que dijo que desde el pasado mes de octubre no le consta que ningún empresario navarro haya recibido cartas reclamando la entrega de dinero.

La patronal vasca, Confebask, también informó de que recibió una carta similar.

Según Sarría, la misiva llegó a la sede de la organización empresarial navarra el pasado 26 de abril, dirigida a su nombre.

"En ella se nos solicitaba que pusiéramos en conocimiento de los empresarios, en particular, y de la sociedad, en general, que la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como ellos le llaman, ha quedado cancelada", señaló.

La carta añade que "debe tomarse como una consecuencia del alto el fuego permanente y de carácter general en vigor".

Fuentes de la Confederación Empresarial Vasca consideraron este hecho "positivo y esperanzador", pero destacaron también la necesidad de mantener la prudencia.

Enrique Portacarrero, director del Circulo de Empresarios Vascos -organismo privado que reúne a directivos de las principales empresas vascas-, afirmó en declaraciones a EFE que ante la noticia de la "cancelación" de las prácticas de extorsión "hay que mantener una elemental prudencia", porque "ETA tiene muy escasa credibilidad.

También dijo que "sería muy deseable" que si la banda terrorista "quiere eliminar el chantaje a los empresarios lo hiciera no solamente durante las elecciones".

Aludía al momento elegido por ETA para comunicar la cancelación de las practicas de extorsión, a falta de menos de un mes para las elecciones locales en España y en pleno proceso sobre una eventual impugnación de las candidaturas que se sospecha que tienen vinculación con su entorno político.

El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, impugnó ayer miércoles ante el Tribunal Supremo las 254 candidaturas presentadas por Bildu y presentó un segundo recurso sobre 16 agrupaciones de electores al considerar que esta coalición vasca es un instrumento de ETA y su brazo político, Batasuna.

Según la Abogacía del Estado, las pruebas aportadas en los recursos demuestran que esa coalición electoral es un "plan B" del entono político de la organización terrorista para tener candidatos en los próximos comicios.

Batasuna y otros grupos de la izquierda independentista vasca que intentaron tomar su relevo fueron ilegalizados por la Justicia española en virtud de la Ley de Partidos vigente desde 2002, que contempla la prohibición de las formaciones que apoyen o amparen el terrorismo, por lo que no pueden concurrir a las elecciones.

ETA, que busca por las armas la independencia del País Vasco, declaró un alto el fuego el pasado 10 de enero tras sufrir sucesivos golpes policiales en toda su estructura, con más de 400 detenidos desde 2007 y un creciente acoso de las fuerzas de seguridad en Francia y Portugal.

En sus cinco décadas de actividad ha asesinado a casi 900 personas y ha cometido decenas de secuestros y miles de extorsiones a empresarios a través de lo que denomina "impuesto revolucionario".

Según un estudio del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Mikel Buesa, entre 1978 y 2008 ETA habría obtenido mediante el chantaje a empresarios 115 millones de euros (unos 170 millones de dólares).

Tras constatar en sus primeros años de actividad que los robos de sucursales bancarias eran demasiado arriesgados y escasamente rentables, comenzó a extorsionar a empresarios reclamándoles una cantidad de dinero bajo la amenaza de atentar contra ellos, su familia o sus bienes.

Inicialmente se centraba en los grandes banqueros y empresarios, pero con el paso de los años la amplió hasta alcanzar a otros colectivos, entre ellos pequeños industriales o profesionales liberales.

El colectivo empresarial fue su principal blanco de extorsión y, como consecuencia, cuarenta empresarios fueron asesinados y casi cincuenta fueron secuestrados desde que la banda inició su actividad terrorista.

El primer empresario asesinado fue el director gerente de "Sigma", Angel Berazadi, secuestrado el 18 de marzo de 1976 y que fue encontrado muerto en una carretera el 7 de abril.

El último fue Ignacio Uría, consejero de la empresa Altuna y Uría, una de las constructoras del tren de alta velocidad en el País Vasco, que fue asesinado el 3 de diciembre de 2008.