Acuerdos con la COB distendieron conflictos y retornaron a Bolivia a la normalidad
La Paz, Abi
Los acuerdos logrados el pasado fin de semana entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) distendieron los conflictos sociales y retornaron a Bolivia a la normalidad, en especial en esta ciudad que fue el principal foco de los problemas.
La Paz amaneció el lunes en un clima de tranquilidad, pese a que todavía se registraron algunos atisbos de desacuerdo en sectores laborales no conformes con el convenio logrado por sus máximos representantes con el gobierno.
El consenso fue posible tras una maratónica reunión de 36 horas entre el sábado y el domingo en las instalaciones de la Vicepresidencia, donde autoridades y sindicalistas buscaron fórmulas de solución a las reivindicaciones laborales.
El acuerdo fue entregado firmado a los dirigentes de la COB que informaron del mismo a sus bases en una reunión ampliada con la presencia de representantes de al menos 40 organizaciones.
El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, dijo que los dirigentes de la COB; encabezados por su secretario ejecutivo, Pedro Montes, ratificaron que participaron en la reunión con las prerrogativas de tomar decisiones.
Sin embargo algunos sectores, en especial del Magisterio, expresaron su desacuerdo con el incremento del 12 por ciento a los salarios de los sectores de salud y de educación, una vez que consideran que está lejos de las pretensiones de los sindicatos que era el 15 por ciento para todos los trabajadores.
El dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Alvarez, manifestó que su sector "mantendrá la protesta", pese a que las actividades educativas comenzaron a normalizarse, no solamente en La Paz, sino en todo el país con el retorno a las aulas.
El Gobierno destacó el logro del consenso con la COB fue posible "por encima de las acciones de violencia social y los dinamitazos" que caracterizaron la pasada semana a la ciudad de La Paz y a la carretera hacia Oruro con enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Señaló que el acuerdo del domingo ratificó los avances logrados los días 9, 10 y 11 de abril en reuniones en las que marcó los lineamientos el presidente Evo Morales.
Para llegar al consenso, el Ejecutivo dispuso el incremento en dos puntos porcentuales el monto aprobado inicialmente que llegaba al 10 por ciento para los sectores de salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía.
"Fue un esfuerzo en las finanzas nacionales sin arriesgar la estabilidad de economía porque un reajuste del 15 por ciento era inviable si es que se busca impulsar el proceso de reactivación del aparato productivo, fuente de la creación de industrias y empleos", afirmó.
El acuerdo de ocho puntos incluye un trabajo conjunto en algunos temas como la elaboración de proyectos de Ley que desmoronen el polémico Decreto Supremo 21060, la búsqueda de recursos adicionales para el incremento del 12 por ciento, y la conformación de una comisión al más alto nivel que promueva la reestructuración de la Caja Nacional de Salud (CNS).
Igualmente insta a la COB a presentar proyectos alternativos para potenciar el aparato productivo, una vez que sea estudiada su viabilidad.
El Ministro resaltó que destinar una mayor cantidad de recursos para los incrementos salariales o utilizar las reservas internacionales con ese fin "hubiese impedido la realización de obras e inversiones públicas y castigado al pueblo con la suspensión del pago de bonos para los ciudadanos de la tercera edad, los niños y las madres gestantes".
Aclaró que, pese a la convulsión provocada la pasada semana en las calles de La Paz por algunos sindicatos radicales, la economía no se ha paralizado, una vez que hubo normalidad en la banca, en los servicios y en las actividades mineras, petroleras e industriales.
"Los grandes perjudicados por esas movilizaciones fueron los estudiantes por el paro del Magisterio y los enfermos que se vieron privados de ser atendidos en los hospitales del seguro social", aseveró.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que será necesario abrir investigaciones para establecer las responsabilidades sobre los perjuicios provocados durante los días de paralización, además de las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y la Policía.
Los acuerdos logrados el pasado fin de semana entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) distendieron los conflictos sociales y retornaron a Bolivia a la normalidad, en especial en esta ciudad que fue el principal foco de los problemas.
La Paz amaneció el lunes en un clima de tranquilidad, pese a que todavía se registraron algunos atisbos de desacuerdo en sectores laborales no conformes con el convenio logrado por sus máximos representantes con el gobierno.
El consenso fue posible tras una maratónica reunión de 36 horas entre el sábado y el domingo en las instalaciones de la Vicepresidencia, donde autoridades y sindicalistas buscaron fórmulas de solución a las reivindicaciones laborales.
El acuerdo fue entregado firmado a los dirigentes de la COB que informaron del mismo a sus bases en una reunión ampliada con la presencia de representantes de al menos 40 organizaciones.
El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, dijo que los dirigentes de la COB; encabezados por su secretario ejecutivo, Pedro Montes, ratificaron que participaron en la reunión con las prerrogativas de tomar decisiones.
Sin embargo algunos sectores, en especial del Magisterio, expresaron su desacuerdo con el incremento del 12 por ciento a los salarios de los sectores de salud y de educación, una vez que consideran que está lejos de las pretensiones de los sindicatos que era el 15 por ciento para todos los trabajadores.
El dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Alvarez, manifestó que su sector "mantendrá la protesta", pese a que las actividades educativas comenzaron a normalizarse, no solamente en La Paz, sino en todo el país con el retorno a las aulas.
El Gobierno destacó el logro del consenso con la COB fue posible "por encima de las acciones de violencia social y los dinamitazos" que caracterizaron la pasada semana a la ciudad de La Paz y a la carretera hacia Oruro con enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Señaló que el acuerdo del domingo ratificó los avances logrados los días 9, 10 y 11 de abril en reuniones en las que marcó los lineamientos el presidente Evo Morales.
Para llegar al consenso, el Ejecutivo dispuso el incremento en dos puntos porcentuales el monto aprobado inicialmente que llegaba al 10 por ciento para los sectores de salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía.
"Fue un esfuerzo en las finanzas nacionales sin arriesgar la estabilidad de economía porque un reajuste del 15 por ciento era inviable si es que se busca impulsar el proceso de reactivación del aparato productivo, fuente de la creación de industrias y empleos", afirmó.
El acuerdo de ocho puntos incluye un trabajo conjunto en algunos temas como la elaboración de proyectos de Ley que desmoronen el polémico Decreto Supremo 21060, la búsqueda de recursos adicionales para el incremento del 12 por ciento, y la conformación de una comisión al más alto nivel que promueva la reestructuración de la Caja Nacional de Salud (CNS).
Igualmente insta a la COB a presentar proyectos alternativos para potenciar el aparato productivo, una vez que sea estudiada su viabilidad.
El Ministro resaltó que destinar una mayor cantidad de recursos para los incrementos salariales o utilizar las reservas internacionales con ese fin "hubiese impedido la realización de obras e inversiones públicas y castigado al pueblo con la suspensión del pago de bonos para los ciudadanos de la tercera edad, los niños y las madres gestantes".
Aclaró que, pese a la convulsión provocada la pasada semana en las calles de La Paz por algunos sindicatos radicales, la economía no se ha paralizado, una vez que hubo normalidad en la banca, en los servicios y en las actividades mineras, petroleras e industriales.
"Los grandes perjudicados por esas movilizaciones fueron los estudiantes por el paro del Magisterio y los enfermos que se vieron privados de ser atendidos en los hospitales del seguro social", aseveró.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que será necesario abrir investigaciones para establecer las responsabilidades sobre los perjuicios provocados durante los días de paralización, además de las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y la Policía.