Presidente boliviano ratificó plena cooperación del Gobierno a damnificados por desastres

La Paz, Abi
Tras una reunión de más de dos horas y media en el Palacio de Gobierno, el presidente Evo Morales Ayma, ratificó el viernes a los damnificados de los desastres producidos el pasado fin semana en La Paz la disposición del Gobierno de apoyarlos para superar la difícil coyuntura.

A la conclusión del encuentro, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, manifestó que fue "una reunión productiva en la que el Jefe de Estado expresó a los representantes de los damnificados que el Gobierno no los abandonará y los ayudará a normalizar sus condiciones de vida".

En la actualidad, por lo menos 3.100 afectados viven en albergues instalados por el Ejecutivo en diversos lugares de La Paz donde les proporciona alimentos, cobijo, vituallas y atención sanitaria. Los otros 3.000 han sido acogidos por sus parientes y amigos hasta conseguir una vivienda donde morar.

Saavedra afirmó que tras los sucesos desatados desde el pasado sábado, el Estado siempre estuvo presente para asistir a las familias afectadas, quienes perdieron no solamente sus viviendas que se derrumbaron, sino sus bienes que quedaron sepultados bajo tierra.

Señaló que el Presidente escuchó las demandas de los representantes de los damnificados para plantear caminos de solución gradual.

Una de esas medidas es que inmediatamente se identifiquen los terrenos, el Gobierno invertirá dineros para la construcción de urbanizaciones, preferentemente en la ciudad de El Alto, con casas de 60 metros cuadrados que consten de dos dormitorios, una sala y dependencias.

Explicó que, junto con los representantes vecinales, se realizará un censo para establecer quiénes son los damnificados para evitar infiltraciones de extraños.

"Existen varios planes al respecto. Uno de ellos es que, en el caso de los propietarios, el Estado está dispuesto a correr con el 100 por ciento de sus terrenos y construcción, mientras que para los inquilinos se pondrá a disposición el programa de vivienda social, mediante la cual solamente deberán aportar el 30 por ciento del costo de la vivienda, una vez que el Gobierno asumirá el 70 por ciento restante", dijo.

Explicó que los vecinos plantearon que entre los afectados hay personas que se dedicaban a la producción agrícola, por lo que se ha encargado al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que estudie esos casos para proporcionarles terrenos en algunas regiones de La Paz.

"A parir de este viernes se ha dispuesto un reforzamiento de la seguridad en la zona afectada con la movilización de unidades policiales y militares, a petición de los damnificados", afirmó Saavedra.

Agregó que se realizará un estudio técnico geológico de la zona, a cargo del Viceministerio de Cuencas, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento S.A (EPSAS) para la canalización de ríos y vertientes que circulan por la zona.

Igualmente se encomendará a los organismos pertinentes que analicen la situación de los prestatarios que contrajeron créditos bancarios para construir las viviendas que se derrumbaron a fin de establecer refinanciamientos y plazos de pago.

"Desde el punto de vista humanitario, los representantes de los afectados solicitaron la mejora de los sistemas de alimentación en los albergues, lo que será coordinado entre el Viceministerio de Defensa Civil y los dirigentes vecinales", indicó.

Otro de los pedidos de los damnificados es el traslado de la planta de EPSAS instalada en la zona de Pampahasi y la colocación de una red de alcantarillado.

Uno de los representantes de los vecinos, José Luis Llusco, destacó la actitud del Presidente Morales, de quien dijo que es "un hombre muy sensible que quiere solucionar los problemas de los bolivianos, más aún de aquellos que han sido afectados por desgracias, como las del deslizamiento de La Paz.

"Fue una reunión positiva que abre esperanzas para los que hemos sufrido esta desgracia", expresó.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, las fuertes precipitaciones pluviales que causaron inundaciones y desbordes de ríos han dejado un saldo de unos 14.000 afectados en todo país, tanto en las zonas del oriente, occidente y de los valles.

Ante esa coyuntura, el Gobierno ha declarado el 22 de febrero pasado el estado de Emergencia Nacional y destinado 20 millones de dólares para los programas de ayuda, aunque ha dejado abierta la posibilidad de solicitar la cooperación internacional.

Sin embargo, antes de que se produzca ese pedido organismos internacionales y países amigos se han manifestado al respecto para ofrecer su cooperación.

El ministro de Comunicación Social, Iván canelas, aseveró que se estima que en unos seis meses se contarán con viviendas en las que puedan rehacer su vida los damnificados.

Canelas destacó la solidaridad demostrada por el pueblo con campañas de apoyo que recaudaron unas 55 toneladas de vituallas y alimentos, además de 150.000 dólares depositados en una cuenta bancaria especial.