Presidente boliviano asegura que Gobierno está preparado para garantizar venta de combustibles
La Paz, AbiEl presidente, Evo Morales, aseguró el lunes que, con o sin las operaciones de los miembros de la Asociación de Surtidores (ASOSUR), el Gobierno está preparado para garantizar la venta de combustibles al pueblo boliviano.
En una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, el Mandatario se refirió a la amenaza de ASOSUR de devolver las licencias y cerrar operaciones de las estaciones de servicio en rechazo a la aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo.
"Si quieren devolver las licencias, que lo hagan, mejor aún, y si quieren vender al Estado que vendan", anotó.
Sin embargo dijo que, "por encima de cualquier protesta, el Gobierno está preparado para garantizar la venta de combustibles".
Morales afirmó que el Gobierno tomó contacto con otros surtidores no afiliados a ASOSUR, que expresaron su conformidad con la nueva Ley de Lucha contra el Contrabando.
"Son estaciones de servicio que trabajan legalmente y dan facturas y no destinan combustibles para el contrabando", apuntó.
El Mandatario indicó que, quienes promueven el rechazo contra el proyecto de ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, son personas que trabajan "ilegalmente".
"Cuando era dirigente sindical he sido víctima de dueños de surtidores y aprendí que es importante recabar nuestra factura después de comprar combustible", dijo.
Precisó que, por la no emisión de facturas, los dueños de las estaciones de servicio reciben el 16 por ciento más de su ganancia, lo que imposibilita que esos recursos sean destinados a las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN).
"Hay un grupo de dueños de surtidores que roban al pueblo, al Estado y no emiten facturas, por eso tenemos contactos con otros sectores de dueños de surtidores que quieren aportar al Estado", dijo.
La ASOSUR, que tiene representación del 30 por ciento de las estaciones de servicio registradas en el país, cuestionó el proyecto de Ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados porque, a su juicio, abre la posibilidad de expropiar las estaciones de servicio, particularmente las que se encuentran cerca a las poblaciones fronterizas, por evasión de impuestos y por vinculaciones con el contrabando de combustible.
