Los documentos salvados desvelan la represión del régimen egipcio
La policía secreta se afana estos días en destruir todo tipo de pruebas
El Cairo, El País
El Cairo, El País
La policía política egipcia se afana estos días en destruir documentos. Pero grupos de manifestantes lograron el sábado salvar unos cuantos, irrumpiendo en una sede cairota de la Seguridad del Estado. Los documentos demuestran que el régimen de Hosni Mubarak manipulaba a su antojo la judicatura, la prensa y los procesos electorales, y que mantenía encarcelados a miles de ciudadanos sin acusarles de ningún delito: en 2003 había 9.413 personas en mazmorras secretas, alguna de ellas desde hacía 14 años.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pidió inmediatamente en su página de Facebook que los documentos fueran entregados a los militares, porque su difusión podía poner en peligro la seguridad nacional o la vida de ciertos individuos. Los documentos, sin embargo, ya circulaban por Internet, exceptuando los que se referían a cuestiones relacionadas con la defensa del país.
Eran documentos inconexos, que solo permitían entrever la degradación profunda del Estado egipcio. Cuando los manifestantes entraron en la sede de la policía política en Seis de Octubre, un suburbio de El Cairo, la mayor parte de los archivos habían sido ya triturados o quemados. El propio edificio estaba en llamas y, significativamente, la policía no permitió el acceso a los bomberos.
Un documento del 14 de octubre de 2003 revelaba, por ejemplo, que en ese momento había 9.413 personas encarceladas clandestinamente, y que al menos una de ellas llevaba 14 años en esa situación. En un documento del 21 de diciembre de 2005 se ordenaba a un juez que condenara a una persona relacionada con movimientos de oposición. Una orden del 28 de octubre de 2010 prohibía a la prensa que informara sobre 24 jueces que habían sido expedientados por aceptar sobornos de los acusados.
En otro memorándum se relataba que el gran muftí de Egipto, Ali Gomaa, uno de los juristas más respetados por los suníes de todo el mundo, podía ser objeto de chantaje porque tenía "muchas esposas secretas".
Algunos de los textos revelaban cómo se ganaba un escaño en el Parlamento. Hosam Badrawi, último secretario general del Partido Nacional Democrático de Mubarak y considerado uno de los dirigentes más reformistas, se presentó por el distrito de El Cairo donde tenía su sede la radiotelevisión pública; todos los empleados del organismo, casi 60.000, fueron censados en ese distrito y recibieron la orden de votar por Badrawi, quien obtuvo una resonante victoria frente a otros candidatos oficialistas.
Los papeles rescatados sacaban a la luz varias de las maniobras de Mubarak para abortar el proceso revolucionario iniciado el 25 de enero. El 28 de enero, la Seguridad del Estado ordenó a las televisiones públicas que anunciaran que todos los presos habían escapado y que recomendaran a los ciudadanos que se armaran y vigilaran sus casas día y noche para evitar asaltos; el objetivo era atemorizar a la gente y evitar que acudiera a las manifestaciones. Mientras tanto, la propia policía política se ocupaba de efectuar asaltos y robos.
Otra maniobra: un alto mando militar se dirigió el 2 de febrero a Amr Musa, secretario general de la Liga Árabe y actual candidato a la presidencia egipcia en las elecciones previstas en septiembre, para pedirle que formara un consejo de sabios y que compareciera en la plaza de Tahrir para afirmar que "el 95% de las demandas del pueblo" habían sido ya atendidas, con el fin de desmovilizar a la multitud. Musa formó, efectivamente, un consejo de sabios e intentó asumir la función de negociador entre Mubarak y los manifestantes; estos últimos, sin embargo, no le hicieron ningún caso.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pidió inmediatamente en su página de Facebook que los documentos fueran entregados a los militares, porque su difusión podía poner en peligro la seguridad nacional o la vida de ciertos individuos. Los documentos, sin embargo, ya circulaban por Internet, exceptuando los que se referían a cuestiones relacionadas con la defensa del país.
Eran documentos inconexos, que solo permitían entrever la degradación profunda del Estado egipcio. Cuando los manifestantes entraron en la sede de la policía política en Seis de Octubre, un suburbio de El Cairo, la mayor parte de los archivos habían sido ya triturados o quemados. El propio edificio estaba en llamas y, significativamente, la policía no permitió el acceso a los bomberos.
Un documento del 14 de octubre de 2003 revelaba, por ejemplo, que en ese momento había 9.413 personas encarceladas clandestinamente, y que al menos una de ellas llevaba 14 años en esa situación. En un documento del 21 de diciembre de 2005 se ordenaba a un juez que condenara a una persona relacionada con movimientos de oposición. Una orden del 28 de octubre de 2010 prohibía a la prensa que informara sobre 24 jueces que habían sido expedientados por aceptar sobornos de los acusados.
En otro memorándum se relataba que el gran muftí de Egipto, Ali Gomaa, uno de los juristas más respetados por los suníes de todo el mundo, podía ser objeto de chantaje porque tenía "muchas esposas secretas".
Algunos de los textos revelaban cómo se ganaba un escaño en el Parlamento. Hosam Badrawi, último secretario general del Partido Nacional Democrático de Mubarak y considerado uno de los dirigentes más reformistas, se presentó por el distrito de El Cairo donde tenía su sede la radiotelevisión pública; todos los empleados del organismo, casi 60.000, fueron censados en ese distrito y recibieron la orden de votar por Badrawi, quien obtuvo una resonante victoria frente a otros candidatos oficialistas.
Los papeles rescatados sacaban a la luz varias de las maniobras de Mubarak para abortar el proceso revolucionario iniciado el 25 de enero. El 28 de enero, la Seguridad del Estado ordenó a las televisiones públicas que anunciaran que todos los presos habían escapado y que recomendaran a los ciudadanos que se armaran y vigilaran sus casas día y noche para evitar asaltos; el objetivo era atemorizar a la gente y evitar que acudiera a las manifestaciones. Mientras tanto, la propia policía política se ocupaba de efectuar asaltos y robos.
Otra maniobra: un alto mando militar se dirigió el 2 de febrero a Amr Musa, secretario general de la Liga Árabe y actual candidato a la presidencia egipcia en las elecciones previstas en septiembre, para pedirle que formara un consejo de sabios y que compareciera en la plaza de Tahrir para afirmar que "el 95% de las demandas del pueblo" habían sido ya atendidas, con el fin de desmovilizar a la multitud. Musa formó, efectivamente, un consejo de sabios e intentó asumir la función de negociador entre Mubarak y los manifestantes; estos últimos, sin embargo, no le hicieron ningún caso.
