Critican en EEUU retraso en divulgar documentos oficiales
Washington, Agencias
Empleados del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron por meses que altos funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama retrasaron la divulgación de archivos gubernamentales sobre temas delicados, de acuerdo con correos electrónicos no censurados obtenidos por la agencia The Associated Press.
Ciudadanos, periodistas y grupos de observadores habían solicitado esos textos tras recurrir a la ley de acceso a la información pública.
Los empleados públicos describieron la desacostumbrada inspección política como "entrometida" y "una locura", y por su causa hay una audiencia legislativa programada para esta semana y una investigación del inspector general de la dependencia.
Las inquietudes fueron manifestadas incluso por la funcionaria encargada de enviar los archivos al personal político de la titular del departamento, Janet Napolitano, para que hicieran sigilosas revisiones. La directora de privacidad Mary Ellen Callahan, quien fue nombrada por Napolitano, se quejó a finales del 2009 de que el proceso de revisión era laborioso y que quería cambiarlo.
Se prevé que Callahan sea una testigo primordial durante la audiencia que realizará el jueves la Comisión de Supervisión y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes.
En los correos electrónicos, la funcionaria advertía que el Departamento de Seguridad Nacional podía ser demandado por los retrasos que las revisiones políticas causaban e insinuaba que un reportero podría descubrir el escrutinio político.
"Este nivel de atención es UNA LOCURA", dijo Callahan en diciembre del 2009 a su entonces suplente Catherine Papoi. Callahan dijo que esperaba que alguien externo al gobierno descubriera los detalles de las revisiones políticas recurriendo a la ley de acceso a la información.
Menos de una semana después del correo de Callahan, el 21 de diciembre, la AP solicitó formalmente los registros sobre el polémico escrutinio político. El departamento entregó más de 995 páginas de correos electrónicos el año pasado, después de una lucha de siete meses, y la AP publicó historias sobre el programa. Pero los correos estaban censurados de acuerdo con algunas cláusulas de la ley de acceso a información pública que permiten al gobierno retener pasajes que describen deliberaciones internas sobre elaboración de políticas.
Las nuevas versiones obtenidas de los mismos correos internos no están censuradas.
El gobierno censuró el correo de Callahan que describía que el escrutinio era "una locura". También censuró las quejas de Papoi acerca de que las revisiones políticas eran una "intromisión" que causaba retrasos en el departamento de acceso a la información de la agencia. Papoi fue destituida posteriormente y algunos legisladores republicanos afirman que fue en represalia por estas quejas.
Aunque la ley de acceso a la información pública, llamada Freedom of Information Act, o FOIA, en inglés, especifica que cualquiera que solicite información del gobierno debe recibirla sin especificar para qué la quiere y no está obligado a proveer datos personales más que su nombre y dirección para recibirla, los empleados del Departamento de Seguridad Nacional recibieron la orden de dar a los funcionarios del gobierno información sobre las personas que solicitaban los documentos, como dónde vivían y si eran reporteros o civiles, así como sus lugares de trabajo.
Si un legislador era el solicitante, los empleados debían especificar si era demócrata o republicano.
Empleados del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron por meses que altos funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama retrasaron la divulgación de archivos gubernamentales sobre temas delicados, de acuerdo con correos electrónicos no censurados obtenidos por la agencia The Associated Press.
Ciudadanos, periodistas y grupos de observadores habían solicitado esos textos tras recurrir a la ley de acceso a la información pública.
Los empleados públicos describieron la desacostumbrada inspección política como "entrometida" y "una locura", y por su causa hay una audiencia legislativa programada para esta semana y una investigación del inspector general de la dependencia.
Las inquietudes fueron manifestadas incluso por la funcionaria encargada de enviar los archivos al personal político de la titular del departamento, Janet Napolitano, para que hicieran sigilosas revisiones. La directora de privacidad Mary Ellen Callahan, quien fue nombrada por Napolitano, se quejó a finales del 2009 de que el proceso de revisión era laborioso y que quería cambiarlo.
Se prevé que Callahan sea una testigo primordial durante la audiencia que realizará el jueves la Comisión de Supervisión y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes.
En los correos electrónicos, la funcionaria advertía que el Departamento de Seguridad Nacional podía ser demandado por los retrasos que las revisiones políticas causaban e insinuaba que un reportero podría descubrir el escrutinio político.
"Este nivel de atención es UNA LOCURA", dijo Callahan en diciembre del 2009 a su entonces suplente Catherine Papoi. Callahan dijo que esperaba que alguien externo al gobierno descubriera los detalles de las revisiones políticas recurriendo a la ley de acceso a la información.
Menos de una semana después del correo de Callahan, el 21 de diciembre, la AP solicitó formalmente los registros sobre el polémico escrutinio político. El departamento entregó más de 995 páginas de correos electrónicos el año pasado, después de una lucha de siete meses, y la AP publicó historias sobre el programa. Pero los correos estaban censurados de acuerdo con algunas cláusulas de la ley de acceso a información pública que permiten al gobierno retener pasajes que describen deliberaciones internas sobre elaboración de políticas.
Las nuevas versiones obtenidas de los mismos correos internos no están censuradas.
El gobierno censuró el correo de Callahan que describía que el escrutinio era "una locura". También censuró las quejas de Papoi acerca de que las revisiones políticas eran una "intromisión" que causaba retrasos en el departamento de acceso a la información de la agencia. Papoi fue destituida posteriormente y algunos legisladores republicanos afirman que fue en represalia por estas quejas.
Aunque la ley de acceso a la información pública, llamada Freedom of Information Act, o FOIA, en inglés, especifica que cualquiera que solicite información del gobierno debe recibirla sin especificar para qué la quiere y no está obligado a proveer datos personales más que su nombre y dirección para recibirla, los empleados del Departamento de Seguridad Nacional recibieron la orden de dar a los funcionarios del gobierno información sobre las personas que solicitaban los documentos, como dónde vivían y si eran reporteros o civiles, así como sus lugares de trabajo.
Si un legislador era el solicitante, los empleados debían especificar si era demócrata o republicano.
