Desbaratan red de corrupción en Ministerio de Gobierno

La Paz, Abi
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó el jueves que una investigación permitió desbaratar una red de corrupción en esa repartición estatal, en la que estaban implicados al menos cuatro personas, que defraudaron entre abril de 2008 y febrero de 2010 al menos medio millón de bolivianos.

"La investigación ha permitido desbaratar a una red de corrupción al interior del Ministerio de Gobierno y por eso nos querellaremos en contra de esas personas que traicionaron la confianza del pueblo utilizando recursos públicos para beneficio personal y buscaremos la sanción más drástica", advirtió en conferencia de prensa.

Explicó que dos ex funcionarios del Ministerio de Gobierno: Juan Pablo Nina Condori (conciliador bancario) y Alfredo Cusi Cruz (operador contable), en complicidad de Lorenzo Canaviri y Wilmer León Mujica, desviaron fondos de ese despacho cobrando cheques adulterados.

Los acusados se encontraban prófugos desde noviembre del año pasado, pero tras una búsqueda a través de los servicios de inteligencia y en coordinación con el Ministerio Público fueron aprehendidos y encomendados al Fiscal Isabelino Gómez, para que sean encarcelados.

"Los dos delincuentes, hasta hace poco funcionarios del Ministerio de Gobierno, y sus cómplices fueron imputados por el fiscal, bajo cargos de peculado, uso de instrumento falsificado, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, conducta antieconómica, falsedad material y abandono del cargo", detalló el Ministro de Gobierno.

Llorenti informó que una auditoría realizada entre el 2008 y 2010, estableció que los ex funcionarios, en complicidad con Canaviri y León, cobraron varios cheques de esa institución en el Banco Unión.

Por ejemplo, explicó que el 10 de julio de 2008, Nina y Cusi rindieron cuentas por un valor de 1.478 bolivianos, pero Canaviri y León cobraron un cheque con el importe de 13.478 bolivianos.

Llorenti, dijo que "el informe de auditoría de noviembre del pasado año establece un daño económico al Estado de más de 500 mil bolivianos (medio millón), en 43 cheques cobrados por esas personas acusadas de falsificación".