La nueva mayoría del Congreso de EE UU abre una investigación sobre las filtraciones de Wikileaks
Washington, El País
La nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes abrirá en los próximos días una investigación sobre los documentos secretos del Departamento de Estado revelados por Wikileaks, según ha anunciado el congresista de California, Darrell Issa, que este miércoles jura su cargo como presidente del Comité de Control y Reforma del Gobierno de la cámara baja, dentro del grupo de legisladores de la oposición que pasan a ocupar los puestos más relevantes del Congreso.
Los papeles de Wikileaks, publicados por EL PAÍS, además de otros cuatro medios de prensa internacionales, se convierten así en una de las prioridades establecidas por el Partido Republicano en este nuevo curso político, junto a asuntos de la trascendencia de la corrupción en Afganistán o las causas de la crisis financiera de 2008.
Issa ha anunciado que su intención es desarrollar esas investigaciones en los primeros tres meses de la legislatura que comienza ahora, aunque aún no se han establecido los subcomités pertinentes, no se ha nombrado al personal que se ocupará de la investigación ni se han comunicado los nombres de los funcionarios que serán citados a declarar.
Caso Wikileaks
En relación con el caso de Wikileaks, se da por descontado, no obstante, que tendrá que comparecer en el Capitolio el consejero Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Thomas Donilson, y, en función del desarrollo de las averiguaciones, podría tener que declarar la secretaria de Estado, Hillary Clinton, u otros altos integrantes de la Administración de Barack Obama.
El Gobierno no se ha referido todavía a cual será su actitud ante estas investigaciones. El presidente está capacitado para aducir razones de seguridad nacional e impedir el interrogatorio en el Congreso de sus principales consejeros, como hizo George Bush con Karl Rove o Condoleezza Rice.
Según declaró el lunes el portavoz de Issa, su comité pretende establecer los orígenes de las filtraciones obtenidas por Wikileaks, además de averiguar cómo se protegen los principales secretos de Estados Unidos y descubrir los riesgos que existen de nuevas fugas en el futuro.
El fiscal general, Eric Holder, ya puso en marcha una investigación sobre ese episodio poco después de que los medios involucrados comenzasen a publicar los papeles, pero hasta el momento no se han hecho públicas las conclusiones ni se ha decidido cómo actuar con respecto al principal responsable de Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra en libertad condicional en Reino Unido a la espera de la resolución de una solicitud de extradición por parte de Suecia.
Otros casos a investigar
La investigación que en breve abrirá el nuevo cuerpo legislativo supondrá una nueva forma de presión sobre el Gobierno para que muestre firmeza con Assange, así como un considerable daño político al propio presidente Obama, añadido al que ya han causado de por sí las filtraciones mismas.
El asunto de Wikileaks será tratado por el Congreso al mismo tiempo que otros cinco casos ya oficialmente anunciados, en lo que constituye uno de los estrenos legislativos más intensos que se recuerdan en el Capitolio. Los otros temas motivo de investigación serán: las causas de la crisis financiera, la corrupción en Afganistán, la quiebra de las firmas de crédito inmobiliario Fannie Mae y Freddie Mac, la responsabilidad de las medidas del Gobierno en el aumento del desempleo y la actuación del la agencia de control de medicinas y alimentos (FDA).
"Si se puede extraer una lección de los resultados de las elecciones del pasado noviembre, es la de que el pueblo norteamericano no volverá a tolerar un gobierno que ha institucionalizado la cultura del derroche y el abuso y que actúa de forma irresponsable con el dinero del contribuyente. Como presidente, Issa se encargará de sacar a la luz los fallos del Gobierno y de hacer su actuación más transparente", afirma un comunicado hecho público por el Comité de Control.
No es seguro que ninguna de la investigaciones que se abran aporten realmente luz sobre los asuntos a tratar. Ni siquiera es seguro que pueden concluir en los plazos y con los testimonios prometidos. Lo que sí es seguro es que serán impulsadas con todo el vigor demostrado hasta ahora en su carrera en el Capitolio por Issa, un enérgico activista conservador que se ha hecho merecida fama de consecuencia en su odio al actual Gobierno.
Issa prometió en la última campaña que sería el azote de Obama y lo ha venido cumpliendo hasta ahora con precisión suiza. Cuenta, por el momento, con el apoyo de los líderes republicanos en el Congreso para su labor inquisitoria y constitucional, pero falta por verse si cuenta también con el respaldo de los ciudadanos.
Aún en sus horas más bajas, Obama es todavía mucho más popular que el Congreso. Los norteamericanos le reprochan algunas cosas, pero la deshonestidad o la corrupción no están entre ellas. La afirmación de Issa este pasado fin de semana de que esta es "una de las administraciones más corruptas de la historia" puede volverse contra él y contra su partido si el público detecta que la investigación anunciada es, en realidad, una injusta persecución.
La nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes abrirá en los próximos días una investigación sobre los documentos secretos del Departamento de Estado revelados por Wikileaks, según ha anunciado el congresista de California, Darrell Issa, que este miércoles jura su cargo como presidente del Comité de Control y Reforma del Gobierno de la cámara baja, dentro del grupo de legisladores de la oposición que pasan a ocupar los puestos más relevantes del Congreso.
Los papeles de Wikileaks, publicados por EL PAÍS, además de otros cuatro medios de prensa internacionales, se convierten así en una de las prioridades establecidas por el Partido Republicano en este nuevo curso político, junto a asuntos de la trascendencia de la corrupción en Afganistán o las causas de la crisis financiera de 2008.
Issa ha anunciado que su intención es desarrollar esas investigaciones en los primeros tres meses de la legislatura que comienza ahora, aunque aún no se han establecido los subcomités pertinentes, no se ha nombrado al personal que se ocupará de la investigación ni se han comunicado los nombres de los funcionarios que serán citados a declarar.
Caso Wikileaks
En relación con el caso de Wikileaks, se da por descontado, no obstante, que tendrá que comparecer en el Capitolio el consejero Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Thomas Donilson, y, en función del desarrollo de las averiguaciones, podría tener que declarar la secretaria de Estado, Hillary Clinton, u otros altos integrantes de la Administración de Barack Obama.
El Gobierno no se ha referido todavía a cual será su actitud ante estas investigaciones. El presidente está capacitado para aducir razones de seguridad nacional e impedir el interrogatorio en el Congreso de sus principales consejeros, como hizo George Bush con Karl Rove o Condoleezza Rice.
Según declaró el lunes el portavoz de Issa, su comité pretende establecer los orígenes de las filtraciones obtenidas por Wikileaks, además de averiguar cómo se protegen los principales secretos de Estados Unidos y descubrir los riesgos que existen de nuevas fugas en el futuro.
El fiscal general, Eric Holder, ya puso en marcha una investigación sobre ese episodio poco después de que los medios involucrados comenzasen a publicar los papeles, pero hasta el momento no se han hecho públicas las conclusiones ni se ha decidido cómo actuar con respecto al principal responsable de Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra en libertad condicional en Reino Unido a la espera de la resolución de una solicitud de extradición por parte de Suecia.
Otros casos a investigar
La investigación que en breve abrirá el nuevo cuerpo legislativo supondrá una nueva forma de presión sobre el Gobierno para que muestre firmeza con Assange, así como un considerable daño político al propio presidente Obama, añadido al que ya han causado de por sí las filtraciones mismas.
El asunto de Wikileaks será tratado por el Congreso al mismo tiempo que otros cinco casos ya oficialmente anunciados, en lo que constituye uno de los estrenos legislativos más intensos que se recuerdan en el Capitolio. Los otros temas motivo de investigación serán: las causas de la crisis financiera, la corrupción en Afganistán, la quiebra de las firmas de crédito inmobiliario Fannie Mae y Freddie Mac, la responsabilidad de las medidas del Gobierno en el aumento del desempleo y la actuación del la agencia de control de medicinas y alimentos (FDA).
"Si se puede extraer una lección de los resultados de las elecciones del pasado noviembre, es la de que el pueblo norteamericano no volverá a tolerar un gobierno que ha institucionalizado la cultura del derroche y el abuso y que actúa de forma irresponsable con el dinero del contribuyente. Como presidente, Issa se encargará de sacar a la luz los fallos del Gobierno y de hacer su actuación más transparente", afirma un comunicado hecho público por el Comité de Control.
No es seguro que ninguna de la investigaciones que se abran aporten realmente luz sobre los asuntos a tratar. Ni siquiera es seguro que pueden concluir en los plazos y con los testimonios prometidos. Lo que sí es seguro es que serán impulsadas con todo el vigor demostrado hasta ahora en su carrera en el Capitolio por Issa, un enérgico activista conservador que se ha hecho merecida fama de consecuencia en su odio al actual Gobierno.
Issa prometió en la última campaña que sería el azote de Obama y lo ha venido cumpliendo hasta ahora con precisión suiza. Cuenta, por el momento, con el apoyo de los líderes republicanos en el Congreso para su labor inquisitoria y constitucional, pero falta por verse si cuenta también con el respaldo de los ciudadanos.
Aún en sus horas más bajas, Obama es todavía mucho más popular que el Congreso. Los norteamericanos le reprochan algunas cosas, pero la deshonestidad o la corrupción no están entre ellas. La afirmación de Issa este pasado fin de semana de que esta es "una de las administraciones más corruptas de la historia" puede volverse contra él y contra su partido si el público detecta que la investigación anunciada es, en realidad, una injusta persecución.