El fiscal de la CPI investiga la posible comisión de crímenes en Costa de Marfil
Naciones Unidas, Agencias
La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha puesto en marcha una investigación para determinar si se han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en la crisis que sufre Costa de Marfil, afirmó hoy su titular, Luis Moreno Ocampo.
El jurista argentino explicó que las indagaciones se encuentran en una fase preliminar y todavía no se ha adoptado una decisión acerca de la apertura formal de un caso.
"Estamos en la fase de examen para tomar una decisión, y estamos recopilando información", señaló Moreno Ocampo en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.
Para ese fin, se reunión hoy con el embajador marfileño ante la ONU, Yusuf Bamba, nombrado por Alassane Ouattara, el presidente de Costa de Marfil reconocido por la comunidad internacional.
También dijo que espera recibir un informe "muy detallado" de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre las violaciones cometidas en el país desde que el actual gobernante, Laurent Gbagbo, se negó a reconocer la victoria de la oposición en las elecciones del pasado noviembre.
Al mismo tiempo, su oficina mantuvo contactos la semana pasada con partidarios de Gbagbo, que se han comprometido a proporcionarle información, indicó.
"Nos encontramos reuniendo el máximo de información posible, de manera imparcial, para definir qué actuación emprendemos", insistió el fiscal, quien recordó que primero debe "convencer" a los jueces de la CPI de que los presuntos crímenes cometidos se encuentran dentro de la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya.
La única manera de saltarse este paso, prosiguió Moreno Ocampo, es si un país miembro del Tratado de Roma refiere el caso al tribunal.
La Fiscalía de la CPI ya advirtió desde la aparición de las primeras denuncias que vigilaba de cerca los acontecimientos en Costa de Marfil, y en varias ocasiones ha recordado que cualquier ataque contra los "cascos azules" que protegen a Ouattara constituiría un crimen de guerra bajo el derecho internacional.
La representante especial de la ONU para los Niños en los Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy, se sumó hoy a las inquietudes expresadas por otras instancias del organismo mundial acerca de la situación en el país africano.
Coomaraswamy aseguró que se siente preocupada por las "persistentes denuncias de muertes, mutilaciones y secuestros de menores" desde el inicio de la crisis.
"También nos preocupa que la falta de acceso hace extremadamente difícil comprobar estas alegaciones", señaló en un comunicado la representante especial de la ONU, que instó a los dos bandos a respetar los compromisos adquiridos por el país en relación a los derechos de la infancia.
Al menos 260 personas han perdido la vida en los incidentes violentos causados por la crisis política marfileña, según la misión de la ONU en el país africano (UNOCI), que ha sido víctima repetidamente de actos hostiles por parte de partidarios de Gbagbo.
Los seguidores de Ouattara han denunciado la actuación de "escuadrones de la muerte", a los que acusan de docenas de secuestros y asesinatos, mientras que también se sospecha la existencia de fosas comunes con víctimas de la violencia política.
La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha puesto en marcha una investigación para determinar si se han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en la crisis que sufre Costa de Marfil, afirmó hoy su titular, Luis Moreno Ocampo.
El jurista argentino explicó que las indagaciones se encuentran en una fase preliminar y todavía no se ha adoptado una decisión acerca de la apertura formal de un caso.
"Estamos en la fase de examen para tomar una decisión, y estamos recopilando información", señaló Moreno Ocampo en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.
Para ese fin, se reunión hoy con el embajador marfileño ante la ONU, Yusuf Bamba, nombrado por Alassane Ouattara, el presidente de Costa de Marfil reconocido por la comunidad internacional.
También dijo que espera recibir un informe "muy detallado" de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre las violaciones cometidas en el país desde que el actual gobernante, Laurent Gbagbo, se negó a reconocer la victoria de la oposición en las elecciones del pasado noviembre.
Al mismo tiempo, su oficina mantuvo contactos la semana pasada con partidarios de Gbagbo, que se han comprometido a proporcionarle información, indicó.
"Nos encontramos reuniendo el máximo de información posible, de manera imparcial, para definir qué actuación emprendemos", insistió el fiscal, quien recordó que primero debe "convencer" a los jueces de la CPI de que los presuntos crímenes cometidos se encuentran dentro de la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya.
La única manera de saltarse este paso, prosiguió Moreno Ocampo, es si un país miembro del Tratado de Roma refiere el caso al tribunal.
La Fiscalía de la CPI ya advirtió desde la aparición de las primeras denuncias que vigilaba de cerca los acontecimientos en Costa de Marfil, y en varias ocasiones ha recordado que cualquier ataque contra los "cascos azules" que protegen a Ouattara constituiría un crimen de guerra bajo el derecho internacional.
La representante especial de la ONU para los Niños en los Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy, se sumó hoy a las inquietudes expresadas por otras instancias del organismo mundial acerca de la situación en el país africano.
Coomaraswamy aseguró que se siente preocupada por las "persistentes denuncias de muertes, mutilaciones y secuestros de menores" desde el inicio de la crisis.
"También nos preocupa que la falta de acceso hace extremadamente difícil comprobar estas alegaciones", señaló en un comunicado la representante especial de la ONU, que instó a los dos bandos a respetar los compromisos adquiridos por el país en relación a los derechos de la infancia.
Al menos 260 personas han perdido la vida en los incidentes violentos causados por la crisis política marfileña, según la misión de la ONU en el país africano (UNOCI), que ha sido víctima repetidamente de actos hostiles por parte de partidarios de Gbagbo.
Los seguidores de Ouattara han denunciado la actuación de "escuadrones de la muerte", a los que acusan de docenas de secuestros y asesinatos, mientras que también se sospecha la existencia de fosas comunes con víctimas de la violencia política.