Correa quiere reestructurar el sistema de justicia vía referéndum
Paúl Mena Erazo, EcuadorEl presidente ecuatoriano, Rafael Correa, acudió este lunes a la Corte Constitucional para entregar las 10 preguntas que tendría la consulta popular que impulsa su gobierno.
A decir del mandatario, entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentra el generar “una profunda reforma al sistema de justicia”.
En su propuesta de consulta, Correa pregunta al pueblo si, “con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial”, está de acuerdo en que una comisión técnica compuesta por delegados del presidente de la República, la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social asuma por 18 meses “todas las funciones del actual Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial”.
Para juristas, como el ex presidente de la antigua Corte Suprema de Justicia y ex procurador del Estado, Gustavo Medina, dicha pregunta reflejaría un afán por controlar la justicia.
“Los poderes del Estado que designarían delegados para la constitución de la comisión técnica de la que se habla en la pregunta de la consulta están actualmente bajo la orientación política del Ejecutivo”, señaló Medina a BBC Mundo.
Pero el presidente Correa se ha anticipado a las críticas. “Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter las manos, por el bien del pueblo ecuatoriano”, dijo días atrás el mandatario.
Una historia conflictiva
La controversia en torno a lo que el jurista Medina llama “ensayos políticos con la intención de controlar la justicia” no es nueva en Ecuador.
En 1984, el presidente León Febres Cordero impuso una integración de la Corte Suprema de Justicia diferente a la que había resuelto el Parlamento, tras haber sitiado la Corte con tanques de la fuerza pública.
Rafael Correa
Otro caso recordado por los ecuatorianos ocurrió en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en 2004, cuando una mayoría legislativa afín al mandatario destituyó a la Corte Suprema de Justicia y eligió a la denominada “Pichi Corte”, presidida por Guillermo “Pichi” Castro.
Esta vez, tras varias polémicas en torno al sistema de justicia durante su mandato, el presidente Correa señala que Ecuador tiene la urgente necesidad de reestructurar las cortes y pide a los ciudadanos confiar en su gobierno.
“Si el pueblo nos otorga el sí, ya será responsabilidad del gobierno y del proyecto de revolución ciudadana lo que pase con las cortes (…) Si no cambiamos a los jueces ineficientes y corruptos, el país no saldrá adelante”, dijo Correa la noche de este lunes.
Las 10 preguntas que el presidente Correa plantea para la consulta popular incluyen otros aspectos como medidas restrictivas para los medios de comunicación y acciones destinadas a contrarrestar la delincuencia.
Una de las preguntas inquiere si los ecuatorianos están de acuerdo con que se dicte una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en prensa, radio y televisión “que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios”, y que establezca “criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores”.
Además la consulta popular plantearía la prohibición de que los principales accionistas de los medios de comunicación privados de carácter nacional tengan cualquier participación accionaria fuera del ámbito comunicacional.
La modificación del régimen de prisión preventiva, el considerar delito al enriquecimiento privado no justificado y a la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social, y la prohibición de los juegos de azar y de los espectáculos en los que se mate a animales por diversión conforman otras de las preguntas de la consulta.
La Corte Constitucional tiene 45 días para analizar si las preguntas presentadas son apropiadas. Entre tanto, el debate en torno a la consulta popular cobra fuerza en el país.
