Autoridades y dirigentes firman acta de pacificación en Llallagua
Llallagua, ErbolDirigentes de los ayllus Sikuya y Chullpas, cooperativistas mineros, además de autoridades municipales, policiales y de sectores que representan a la población de Llallagua suscribieron hoy un acta de pacificación de cuatro puntos, en el que descartan nuevas marchas de protesta por la subida de precios con el fin de restablecer la tranquilidad.
En el documento, también se da un plazo de 48 horas a las autoridades de gobierno para que se constituyan en el lugar y den solución al problema de subida de precios, ocasionada por el derogado Decreto Supremo 748, según el reporte de la Coordinadora del equipo PADEP en el Norte Potosí.
El Acta ratifica el interés común de la población concentrada en Llallagua y de los ayllus que habitan comunidades ubicadas en los alrededores de la localidad, uno de los principales centros abastecedores de bienes de consumo del Norte Potosí.
El compromiso fue suscrito al cabo de una reunión de varias horas presidida por el alcalde de Llallagua, Tomas Quiroz, en las instalaciones del Gobierno Municipal de Llallagua.
En ella participaron autoridades municipales, concejales, presidente de juntas vecinales de Llallagua, segundas mayores de los ayllus Sikuya y Chullpas, representantes de cooperativistas mineros, del comité cívico del centro poblado de Llallagua y el Comandante de la Policía, con la participación de los sectores sociales afectados por las marchas de protesta, que ayer derivaron en saqueo de tiendas comerciales.
Las marchas, convocadas por los ayllus y los cooperativistas mineros para una protesta pacífica contra la subida de precios de los alimentos.
Según el reporte policial, unos 30 locales comerciales fueron saqueados y 10 destruidos. Varias viviendas particulares y oficinas sufrieron destrozos de sus vidrios.
Tanto los ayllus, como los cooperativistas, pidieron disculpas públicas a la población por los hechos de violencia provocados, dijeron, por algunos infiltrados en sus filas. Los ayllus se comprometieron a devolver lo sustraído. Paralelamente, la población de Llallagua emitió una resolución luego de un cabildo que se llevó a cabo ayer en el que piden un proceso judicial contra los dirigentes de las movilizaciones y sanciones penales.
Acta de Pacificación:
a) Ratifican la unión por intereses comunes entre la población concentrada de Llallagua y los miembros de ayllus Sikuya y Chullpas
b) Considerando que la causa principal -que les llevo a los ayllus y trabajadores mineros a la marcha de protesta de ayer- es la extrema pobreza de los pobladores del norte de Potosí y la medida errónea del gobierno al establecer la alza de precios de combustible, exigen la presencia de autoridades del nivel nacional y departamental en Llallagua en 48 horas como plazo máximo, para conocer los hechos acaecidos en Llallagua y buscar la solución estructural al mismo.
c) Los representantes de organizaciones de ayllus, cooperativistas mineros y juntas vecinales descartan toda posibilidad de otra marcha de protesta, a fin de restablecer la tranquilidad y confianza de los pobladores de Llallagua.
d) Se ha conformado una comisión interinstitucional, con el mandato de cuantificar los perdidas y daños sufridos durante la marcha de protesta de ayer, y gestionar el resarcimiento del mismo.
Exigen a autoridades garantías
Los pobladores de esta localidad del departamento de Potosí salieron a las calles el martes para exigir a las autoridades garantías que impidan nuevas agresiones y saqueos comerciales que sufrieron en la víspera tras una manifestación que reclamaba por el alza de precios de los principales artículos alimenticios.
La marcha se ha apostado frente a la Alcaldía de Llallagua en espera de un informe del alcalde sobre las acciones emprendidas contra de los agresores.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó que los sucesos producidos el lunes se originaron en dos marchas protagonizadas por los cooperativistas mineros y por comunarios de los ayllus Chullpas y Sicoyas que habitan en las cercanías a Llallagua.
"Se produjeron ataques a la propiedad privada", dijo al referirse a los ataques a tiendas de los comerciantes de alimentos instalados en una calle de esa población.
"Son hechos que no pueden ser permitidos y la justicia debe sancionar a los responsables", afirmó el Ministro, una vez que todo hecho de violencia debe ser investigado y procesado por el Ministerio Público y los tribunales.
Ante el riesgo de enfrentamientos, unidades policiales salieron a las calles de esta población minera tras el retiro de los comunarios.
"La policía inicialmente se replegó a su cuartel para evitar enfrentamientos y patrulla en esa población y aledañas", explicó el portavoz del Comando de la Policía, Jorge Daga.
Explicó que algunos antisociales aprovecharon la marcha para atacar varias tiendas que no escucharon la recomendación policial de cerrar sus negocios, algunos de venta de celulares y artículos de comunicación.
