Zapatero defiende el estado de alarma ante la "rebeldía" de los controladores
Madrid, AgenciasEl presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió hoy el estado de alarma en el país ante la "abierta rebeldía" del plante masivo de los controladores que el pasado fin de semana causó un enorme caos aéreo, mientras la Fiscalía pedirá para ellos penas de hasta ocho años de cárcel.
El Ejecutivo "agotó todas sus posibilidades de actuación" antes de aprobar el pasado sábado el decreto del estado de alarma, que se aplica por primera vez en la etapa democrática de España, afirmó Zapatero ante el Parlamento.
El gobernante socialista hizo esa declaración en su comparecencia extraordinaria ante el Congreso de los Diputados (Cámara Baja) para explicar las medidas adoptadas ante la protesta imprevista que los controladores mantuvieron entre el viernes y el sábado pasados.
Según Zapatero, "la situación generada, por la intensidad y extensión de sus efectos, y por el modo en que se desencadena -en abierta rebeldía con el Estado de Derecho, con sus normas e instituciones- originando una considerable y creciente alarma social, suponía una afrenta al orden público constitucional y como tal había que abordarla".
El abandono "súbito, masivo y simultáneo" de los controladores, recalcó el jefe del Ejecutivo, paralizó un servicio público esencial, con "graves perjuicios para la economía del país y su imagen internacional".
Además, el boicot de esos profesionales, que dejó en tierra a más de 600.000 personas, obligó al cierre del espacio aéreo español y forzó la movilización de 190 militares y 2.000 agentes de las fuerzas de seguridad.
En esa situación, precisó, "la respuesta clara y contundente" del Gobierno fue "ponderada y valorada por los medios internacionales, neutralizando o aminorando al menos el impacto negativo causado por el caos aéreo provocado por el abandono de controladores".
El Ejecutivo, recalcó, "no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad, todos los instrumentos del Estado de Derecho para poner fin a situaciones" como la del pasado fin de semana, y evitar que los controladores tomen de nuevo a los ciudadanos como "rehenes" de sus reivindicaciones.
No obstante, el mandatario socialista no desveló si va a pedir al Parlamento -como es preceptivo- autorización para prorrogar el estado de alarma, aprobado el pasado sábado con una duración de quince días.
Zapatero sí reconoció que la normalización del servicio "no ha puesto fin a las consecuencias derivadas de los hechos", y asumió la doble obligación de "impulsar la depuración de responsabilidades" y "facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios", sin descartar posibles sanciones penales.
En ese sentido, el fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, anunció hoy que se propondrán penas de hasta ocho años de prisión por un presunto delito de sedición para los controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo.
Los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito "muy grave", puntualizó Conde-Pumpido, al confirmar que hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas supuestamente causantes del caos a los que se exigirá responsabilidad.
El fiscal general cree que el conflicto de los controladores no es un problema laboral, sino un acto "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España.
Por su parte, el líder del conservador Partido Popular (PP, principal fuerza de la oposición), Mariano Rajoy, apoyó la gestión gubernamental del caos aéreo, pero matizó que la crisis revela "falta de previsión" y "un exceso de torpeza" del Ejecutivo.
El Gobierno decretó el pasado sábado el "estado de alarma" para poner fin al caos generado por el plante de los controladores que abandonaron sus puestos a media tarde del viernes, después de que el Ejecutivo aprobara la nueva regulación de sus horarios laborales.
El "estado de alarma", que coloca a los controladores bajo la jurisdicción militar, estará en vigor durante quince días a partir del 4 de diciembre, que fue cuando entró en vigor, aunque puede ser ampliado si el Gobierno lo solicita y obtiene permiso del Parlamento.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha presentado dos recursos ante el Tribunal Supremo -máxima instancia judicial de España- contra los decretos que establecen el estado de alarma y "la militarización" de los servicios civiles de tránsito aéreo.
En un comunicado, USCA informó hoy de que sus asesores jurídicos albergan "serias dudas" sobre el procedimiento que ha seguido el Gobierno.
