Transición del Ministerio de Defensa Legal a la Procuraduría tardará 60 días
La Paz, AbiLa transición del Ministerio de Defensa Legal a la Procuraduría tardará 60 días, tiempo en el que se elaborará el reglamento a la Ley promulgada el domingo por el presidente Evo Morales, informaron fuentes oficiales.
La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, informó que ese es el periodo que establece la ley para la vigencia plena de la inédita Procuraduría, que extingue a ese despacho estatal.
"Son 60 días para la transición, eso es lo que dice la ley. Desde el Ministerio únicamente se prepara todo en lo que va a consistir la transición, lo cierto es que la ley determina una reglamentación y seguramente eso se va a ir trabajando para que se ponga en vigencia la Procuraduría", explicó a los periodistas.
En ese marco, informó que todos los procesos judiciales en contra del Estado, que se encuentran en negociación, pasarán a la Procuraduría, al igual que los funcionarios del Ministerio de Defensa Legal-
También, en ese tiempo, el Jefe de Estado nombrará a los ejecutivos las tres procuradurías, que establece la ley, y a los directores departamentales.
"La ley está determinando funciones a cada una de las procuradurías y de las direcciones, pero eso tiene que estar debidamente reglamentado para que puedan funcionar. La designación de los representantes será una decisión del Presidente de acuerdo a la ley", remarcó.
Arismendi sostuvo que las tres subprocuradurías funcionarán en la ciudad de El Alto y las direcciones en los nueve departamentos del país.
La Ley de la Procuraduría establece la creación de la Procuraduría General del Estado, cuya función principal será defender judicial y extra judicialmente los intereses del Estado, en resguardo de la soberanía de los bienes, del patrimonio e intereses y, en particular, en materia de inversiones, derechos humanos y medioambiente.
Asimismo crea el Consejo de Abogados del Estado, que tendrá la función de producir doctrina jurídica en materia de defensa legal y funda la Escuela de Abogados del Estado para formar profesionales en las áreas jurídicas de toda la administración central del Estado.
