¿Puede EE.UU. procesar a Julian Assange por las filtraciones de WikiLeaks?

Carlos Chirinos, BBC Mundo
Toda la clase política estadounidense ha condenado la publicación de los más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado, que WikiLeaks asegura haber recibido de una fuente no identificada, por "poner en riesgo la seguridad nacional" y "en peligro" vidas de estadounidenses y sus aliados.

Mientras el Departamento de Justicia sigue su investigación sobre las posibles responsabilidades de WikiLeaks y los periódicos con los que se alió para difundir la información, algunos han pedido que se le clasifique como "organización terrorista" y se corten sus vías de financiamiento.

El cerco financiero ya ha ido creándose con la decisión de empresas como Visa y Mastercard de suspender sus servicios al sitio, algo que ha desatado lo que algunos llaman la primera guerra cibernética mundial, en la que simpatizantes de WikiLeaks han realizado ataques informáticos a las páginas web de esas compañías.

En cambio, levantar un caso legal contra WikiLeaks o contra su editor, Julian Assange, parece ser más difícil porque implica pisar el terreno celosamente defendido y constitucionalmente consagrado de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Espionaje antes y ahora

Fuentes del Departamento de Justicia que hablaron a BBC Mundo bajo condición de no ser identificadas, por no estar autorizadas a tratar el tema, reconocieron que la investigación se realiza con "extremo cuidado" para "evitar que se vea como un ataque a la libertad de expresión".

La investigación contra WikiLeaks se hace siguiendo la Ley de Espionaje de 1917, que impide a cualquier persona -sea o no funcionario público- la transmisión de información de defensa "con la intención o con razones para creer que esa información será usada contra EE.UU. o beneficiará a una nación extranjera".

En un intento por reforzar la estructura legal, pasados tres días de que estallara el escándalo de las filtraciones, el 2 de diciembre, el senador John Ensign presentó al Congreso un proyecto de ley que, según planteó, "le daría al gobierno mayor flexibilidad para ir tras WikiLeaks y su fundador Julian Assange".

Ensign propone reforzar la vigente Ley de Espionaje con una titulada Aseguramiento de la Inteligencia Humana y Reforzamiento de su Difusión Legal, que impediría publicar el nombre de "informantes humanos" que colaboren con organizaciones estadounidenses.

"Hay una duda jurídica internacional sobre qué tipo de jurisprudencia se puede aplicar (…) EE.UU. está en una encrucijada jurídica", le comentó a BBC Mundo el analista político de la Universidad de Georgetown, en Washington, Patricio Zamorano.
Para Zamorano se trata de un "contexto extraño" en el que el gobierno "tiene pocas herramientas y, por eso, está cuidando mucho cómo reaccionar".

Vías legales

Un informe sobre el caso WikiLeaks presentado el 6 de diciembre por el Servicio de Investigaciones del Congreso, oficina que asesora al Poder Legislativo en temas legales, asegura que "hay vías" para iniciar un proceso legal pero que existirían "grandes dificultades" para armar el caso.

"Parece que hay una amplia autoridad estatutaria para procesar a individuos que obtienen y diseminan la mayoría de los documentos en discusión, en tanto que el elemento de intencionalidad pueda ser probado y el potencial daño a las seguridad nacional pueda ser demostrado".

El informe explica que los ciudadanos extranjeros sólo podrían ser procesados en caso de que hayan sido activos en la obtención de la información, aunque reconoce que usar la Ley Contra Espionaje "fuera del clásico escenario del espionaje ha sido controvertido".

Además, el Servicio de Investigaciones advierte de las dificultades que habría para lograr una eventual extradición de Assange para que responda en EE.UU. por un crimen que podría considerarse "político".

"El país está consciente de que cualquier tipo de acción que ejerza va a ser juzgado por el efecto que tenga sobre la libertad de expresión y en qué forma contradice una política pública de apertura y de respeto de la democracia y de los derechos humanos", afirmó Zamorano.

Imagen internacional

Según el reporte de la Oficina de Investigación del Senado, la Corte Suprema de Justicia nunca se ha pronunciado inequívocamente respecto a la protección de medios que difunden información clasificada.

Sin embargo, la tendencia ha sido a "no matar el mensajero", que en este caso sería Assange y su organización los que recibieron los datos de una fuente con acceso directo.

"Los primeros responsables de la custodia del información están en el gobierno estadounidense, lo cual no justifica medidas irresponsables a partir del conocimiento e los datos", le dijo a BBC Mundo Giannina Segnini, la periodista costarricense que destapó el caso de corrupción que culminó con el encarcelamiento del ex presidente Miguel Ángel Rodríguez.

La tendencia en el pasado ha sido de "no matar al mensajero". EE.UU. tiene todo el derecho de investigar cómo ocurrió esta filtración, lo que no me parece que esté bien es presionar a empresas para que eviten la publicación de los datos que está liberando WikiLeaks", afirmó Segnini.

"La publicación de la información filtrada no es un delito, por eso The New York Times lo ha hecho muchas veces. Si seguimos ese argumento ya se hubiera procesado a su editor en cantidad de ocasiones", aseguró.

Independientemente de la decisión que se tome finalmente en Washington sobre cómo proceder legalmente, para muchos el caso destaca ya la incongruencia de un gobierno que afuera da lecciones de libertad y transparencia, cuando en casa está demostrando tener una piel muy sensible.

"SAGRADA" PRIMERA ENMIENDA

En EE.UU. se considera intocable la Primera Enmienda de la Constitución que dice que "el Congreso no debe hacer ninguna ley limitando la libertad de expresión o de prensa".

Bajo esa providencia se han amparado medios de comunicación y periodistas para presentar información secreta provista por fuentes oficiales violando la ley.
La Corte Suprema admite que ese derecho no es absoluto y que "el interés nacional" puede requerir su control, aunque exige al gobierno demostrar cómo la seguridad del estado puede peligrar.

En 1971 el gobierno no pudo demostrarlo cuando intentó censurar la publicación de los llamados Papeles del Pentágono, la historia secreta de la guerra en Vietnam que recopiló el Departamento de Defensa y que llegó a manos del The New York Times.
Desde entonces los Papeles del Pentágono son la trinchera desde la que la prensa enfrenta a desafíos gubernamentales.