México continuará el cerco sobre "La Familia" en Michoacán
México, Agencias
El Gobierno mexicano anunció hoy que mientras persista la amenaza del cartel narcotraficante de "La Familia", sus fuerzas no se retirarán del sureño estado de Michoacán, cuya policía y justicia deben acelerar su depuración.
En los últimos años, Michoacán, un estado de corte agrícola y turístico, ha vivido varios incidentes notables de violencia, quedando marcado en el mapa como uno de los focos rojos del país.
"La Familia" se ha instalado como uno de los carteles más importantes y violentos de México, dedicado al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Su máximo líder fue abatido hace una semana en un cruento operativo de soldados, marinos y policías federales.
Según la nota enviada por el Ejecutivo federal, la coordinación de sus fuerzas de seguridad con las de Michoacán se ha establecido "hasta donde la capacidad institucional de las corporaciones michoacanas lo ha permitido".
Sólo el 15% de los policías estatales, el 9,3% de los policías municipales y el 6,5% de los funcionarios de la Fiscalía ha sido evaluado con controles de confianza, para detectar posibles nexos con el crimen organizado.
"Las autoridades locales deben acelerar los trabajos de certificación de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia", apunta la nota, remitiendo al compromiso hecho por el gobierno michoacano en 2008.
Este sistema ha sido empleado en otras partes del país, con el resultado de cientos de policías despedidos (la mitad de la fuerza policial de Monterrey, tercera ciudad del país, por ejemplo) debido a su posible implicación con grupos criminales.
A pesar de que no es infalible -varios altos funcionarios en liga con el narcotráfico los pasaron con éxito-, ha contribuido al proceso de depuración de policías e instituciones de justicia que reclaman ciudadanía y sectores políticos.
Las instituciones públicas de Michoacán se hallaban fuertemente penetradas por el cartel de "La Familia", a tenor de los expertos. El Gobierno federal detuvo en 2009 a decenas de alcaldes y funcionarios públicos; y aunque posteriormente quedaron libres, la Fiscalía afirmó que recurriría el fallo.
El país anda pendiente estos días del caso del presunto narcodiputado Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador michoacano Leonel Godoy, y al que se le atribuyen nexos con "La Familia".
Godoy Toscano se escondió de la Fiscalía durante más de un año, hasta que, con artimañas y la complicidad de otros diputados de izquierda, logró tomar posesión de su escaño federal y conseguir inmunidad. Las pruebas en su contra, no obstante, motivaron esta semana su desafuero; se halla de nuevo en paradero desconocido.
El Gobierno federal (conservador) y el de Michoacán (izquierda) han mantenido fuertes enfrentamientos en los últimos años a cuenta de la acción del Ejército y los agentes federales, y de las detenciones de funcionarios públicos.
Mientras que la izquierda mexicana tacha el asunto de maniobras políticas en su contra, el Ejecutivo del presidente Felipe Calderón -el mandatario es michoacano de nacimiento- lo justifica como necesario para frenar al violento cartel.
"En reconocimiento de esta debilidad institucional, las propias autoridades locales solicitaron el apoyo del Gobierno federal desde diciembre de 2006", apunta el comunicado, donde se añade que soldados, marinos y policías federales seguirán en el estado.
El Gobierno mexicano anunció hoy que mientras persista la amenaza del cartel narcotraficante de "La Familia", sus fuerzas no se retirarán del sureño estado de Michoacán, cuya policía y justicia deben acelerar su depuración.
En los últimos años, Michoacán, un estado de corte agrícola y turístico, ha vivido varios incidentes notables de violencia, quedando marcado en el mapa como uno de los focos rojos del país.
"La Familia" se ha instalado como uno de los carteles más importantes y violentos de México, dedicado al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Su máximo líder fue abatido hace una semana en un cruento operativo de soldados, marinos y policías federales.
Según la nota enviada por el Ejecutivo federal, la coordinación de sus fuerzas de seguridad con las de Michoacán se ha establecido "hasta donde la capacidad institucional de las corporaciones michoacanas lo ha permitido".
Sólo el 15% de los policías estatales, el 9,3% de los policías municipales y el 6,5% de los funcionarios de la Fiscalía ha sido evaluado con controles de confianza, para detectar posibles nexos con el crimen organizado.
"Las autoridades locales deben acelerar los trabajos de certificación de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia", apunta la nota, remitiendo al compromiso hecho por el gobierno michoacano en 2008.
Este sistema ha sido empleado en otras partes del país, con el resultado de cientos de policías despedidos (la mitad de la fuerza policial de Monterrey, tercera ciudad del país, por ejemplo) debido a su posible implicación con grupos criminales.
A pesar de que no es infalible -varios altos funcionarios en liga con el narcotráfico los pasaron con éxito-, ha contribuido al proceso de depuración de policías e instituciones de justicia que reclaman ciudadanía y sectores políticos.
Las instituciones públicas de Michoacán se hallaban fuertemente penetradas por el cartel de "La Familia", a tenor de los expertos. El Gobierno federal detuvo en 2009 a decenas de alcaldes y funcionarios públicos; y aunque posteriormente quedaron libres, la Fiscalía afirmó que recurriría el fallo.
El país anda pendiente estos días del caso del presunto narcodiputado Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador michoacano Leonel Godoy, y al que se le atribuyen nexos con "La Familia".
Godoy Toscano se escondió de la Fiscalía durante más de un año, hasta que, con artimañas y la complicidad de otros diputados de izquierda, logró tomar posesión de su escaño federal y conseguir inmunidad. Las pruebas en su contra, no obstante, motivaron esta semana su desafuero; se halla de nuevo en paradero desconocido.
El Gobierno federal (conservador) y el de Michoacán (izquierda) han mantenido fuertes enfrentamientos en los últimos años a cuenta de la acción del Ejército y los agentes federales, y de las detenciones de funcionarios públicos.
Mientras que la izquierda mexicana tacha el asunto de maniobras políticas en su contra, el Ejecutivo del presidente Felipe Calderón -el mandatario es michoacano de nacimiento- lo justifica como necesario para frenar al violento cartel.
"En reconocimiento de esta debilidad institucional, las propias autoridades locales solicitaron el apoyo del Gobierno federal desde diciembre de 2006", apunta el comunicado, donde se añade que soldados, marinos y policías federales seguirán en el estado.