Cossío, desde una granja en Paraguay, acusa de dictador a Evo Morales
Asunción, Erbol
El suspendido gobernador del departamento de Tarija, Mario Cossío, refugiado en Paraguay tras declararse perseguido político, acusó de dictador al presidente Evo Morales y de embarcarse en una campaña para suprimir toda oposición en Bolivia.
“Fui derrocado el 16 de diciembre pasado con un golpe de Estado promovido por la dictadura de Evo Morales”, dijo Cossío en una entrevista con la AFP.
“Es el pago de factura por mi lucha histórica a favor de la autonomía de cuatro departamentos del sur y el oriente de mi país”, expresó el político, contactado en una granja en las afueras de Asunción, cuyo paradero era desconocido hasta este domingo por las propias autoridades paraguayas.
“Pero yo sigo siendo el gobernador porque fui electo por la voluntad popular y no hay otro poder que el pueblo para destituirme”, expresó Cossío con convicción.
“En Bolivia, el presidente Morales está en camino de instalar un régimen de dictaduras. Para lograrlo, lo que está haciendo es descabezar, destruir todos los liderazgos opositores alternativos que existen”, dijo.
Sostuvo que son seis los alcaldes que ya han sufrido ese “derrocamiento” y que el próximo objetivo es la expulsión de los gobernadores de Santa Cruz y del departamento de Beni.
“El más emblemático es el caso del alcalde de Potosí que ha sido derrocado hace pocas semanas. Está el alcalde de Sucre. El alcalde de La Paz está a punto de ser derrocado. Se habla de otros alcaldes que están a punto de sufrir el mismo destino”, subrayó.
Preguntado si no hubiera sido más positivo quedarse a reclamar en su país, respondió que la situación de detención del gobernador del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, desde hace 3 años, es un ejemplo claro de la indefensión de los opositores.
“Hasta hoy día no tuvo una audiencia para defenderse. Por eso mi opción ha sido esta: permanecer libre para seguir diciendo lo que pienso, para denunciar, para advertir que en Bolivia hay una dictadura en ciernes”, remarcó el gobernador.
Afirmó que en Bolivia rige una ley impuesta por el oficialismo que viola abiertamente la constitución, la que establece que cualquier gobernador puede ser suspendido en su cargo a simple acusación de un fiscal.
“Es una ley especial para sacarnos a los que fuimos electos. Después irán sobre Costas de Santa Cruz y Suárez del Beni. No hay un opositor de relevancia que no tenga acusaciones de corrupción. Morales es un cínico”, enfatizó.
Cossío, cuyo paradero se desconocía en Bolivia, tiene 27 procesos por supuestas irregularidades en su primera gestión, y fue imputado por la justicia por la pérdida de 1.339 millones de bolivianos (190 millones de dólares) por un “error administrativo”, a favor de una empresa de construcción de caminos.
Cinco colaboradores suyos en la gobernación fueron detenidos una semana después de su defenestramiento.
La Comisión Nacional para Refugiados (Conare) de Paraguay anunció el viernes pasado que concedió “refugio provisorio” a Cossío.
La oposición acusa a Morales de utilizar los procesos judiciales para sacar del camino a sus adversarios políticos.
El suspendido gobernador del departamento de Tarija, Mario Cossío, refugiado en Paraguay tras declararse perseguido político, acusó de dictador al presidente Evo Morales y de embarcarse en una campaña para suprimir toda oposición en Bolivia.
“Fui derrocado el 16 de diciembre pasado con un golpe de Estado promovido por la dictadura de Evo Morales”, dijo Cossío en una entrevista con la AFP.
“Es el pago de factura por mi lucha histórica a favor de la autonomía de cuatro departamentos del sur y el oriente de mi país”, expresó el político, contactado en una granja en las afueras de Asunción, cuyo paradero era desconocido hasta este domingo por las propias autoridades paraguayas.
“Pero yo sigo siendo el gobernador porque fui electo por la voluntad popular y no hay otro poder que el pueblo para destituirme”, expresó Cossío con convicción.
“En Bolivia, el presidente Morales está en camino de instalar un régimen de dictaduras. Para lograrlo, lo que está haciendo es descabezar, destruir todos los liderazgos opositores alternativos que existen”, dijo.
Sostuvo que son seis los alcaldes que ya han sufrido ese “derrocamiento” y que el próximo objetivo es la expulsión de los gobernadores de Santa Cruz y del departamento de Beni.
“El más emblemático es el caso del alcalde de Potosí que ha sido derrocado hace pocas semanas. Está el alcalde de Sucre. El alcalde de La Paz está a punto de ser derrocado. Se habla de otros alcaldes que están a punto de sufrir el mismo destino”, subrayó.
Preguntado si no hubiera sido más positivo quedarse a reclamar en su país, respondió que la situación de detención del gobernador del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, desde hace 3 años, es un ejemplo claro de la indefensión de los opositores.
“Hasta hoy día no tuvo una audiencia para defenderse. Por eso mi opción ha sido esta: permanecer libre para seguir diciendo lo que pienso, para denunciar, para advertir que en Bolivia hay una dictadura en ciernes”, remarcó el gobernador.
Afirmó que en Bolivia rige una ley impuesta por el oficialismo que viola abiertamente la constitución, la que establece que cualquier gobernador puede ser suspendido en su cargo a simple acusación de un fiscal.
“Es una ley especial para sacarnos a los que fuimos electos. Después irán sobre Costas de Santa Cruz y Suárez del Beni. No hay un opositor de relevancia que no tenga acusaciones de corrupción. Morales es un cínico”, enfatizó.
Cossío, cuyo paradero se desconocía en Bolivia, tiene 27 procesos por supuestas irregularidades en su primera gestión, y fue imputado por la justicia por la pérdida de 1.339 millones de bolivianos (190 millones de dólares) por un “error administrativo”, a favor de una empresa de construcción de caminos.
Cinco colaboradores suyos en la gobernación fueron detenidos una semana después de su defenestramiento.
La Comisión Nacional para Refugiados (Conare) de Paraguay anunció el viernes pasado que concedió “refugio provisorio” a Cossío.
La oposición acusa a Morales de utilizar los procesos judiciales para sacar del camino a sus adversarios políticos.