Cossío da por hecho su suspensión y asegura que se trata de un “golpe”

Tarija, Erbol
El gobernador Mario Cossío dio casi por hecho su suspensión cuando este lunes se reúna la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija para conocer la acusación formal presentada en su contra por el fiscal Gilbert Muñoz el jueves de la semana pasada, donde es sindicado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Imbolsur, delitos tipificados y sancionados por los artículos 224 y 154 del Código Penal.

El gobernador tarijeño, en comunicación telefónica con la Red Erbol, aseguró que su persona no tuvo ninguna participación en el tema de Imbolsur y que lo único que se busca con la acusación del Ministerio Público es alejarlo del cargo, lo que se constituiría, a su criterio, en “un golpe de Estado por parte del gobierno del presidente Evo Morales”.

“Yo no participó, ni participé en procesos de contrataciones durante mi gestión como Prefecto a partir de junio del año 2006 y no he firmado contratos (…) (Con la denuncia) la democracia de este departamento (Tarija) se está poniendo en vilo, y buscan derrocar un gobierno que ha sido constituido por voz popular”, aseguró Cossío.

Este lunes, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija se reúne a partir de las 15.00 para tomar conocimiento de la acusación formal que entregó el fiscal Gilbert Muñoz, y deberá disponer, conforme señala el inciso 1) del artículo 145 de la Ley Marco de Autonomías, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión temporal del gobernador y designar, al mismo tiempo y en la misma resolución, a quien lo reemplazará durante su enjuiciamiento, en este caso cualquiera de los 30 asambleístas elegidos por voto directo en las elecciones de abril pasado.

“Mañana no va haber un debate de suspensión, mañana el debate es en Tarija sobre si aceptan un golpe de Estado o no manipulado por el gobierno”, aseveró la autoridad departamental.

Extraoficialmente se conoce que el pacto entre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que cuenta con 11 asambleístas, y Poder Autonómico Nacional (PAN), que tiene cinco legisladores; además de los tres representes de los pueblos indígenas, podría volver a funcionar para disponer la suspensión de Cossío, tal como ocurrió en la elección de la presidenta de la Asamblea Departamental, Aluida Vilte (MAS).

Esta alianza sirvió también para aprobar la cuestionada Ley 007 que otorga una serie de funciones y responsabilidades a los 11 Ejecutivos Seccionales, entre ellas administrar las entidades desconcentradas de la Gobernación, tales como el Servicio Departamental de Caminos, Servicios Eléctricos de Tarija (Setar S.A.), la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) y otras.

La correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa tarijeña deja en desventaja a la agrupación ciudadana del gobernador Mario Cossío, Camino Al Cambio, con 11 representantes, mientras que el bloque opositor, liderado por el partido del presidente Evo Morales, tiene 19 asambleístas.

Para el gobierno nacional la acusación contra el gobernador de Tarija es vista como una inminente suspensión temporal del cargo, en aplicación de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”.
El caso que atinge a Cossío data del 29 de noviembre de 2006, cuando la ex Prefectura de Tarija firmó un contrato con la empresa Imbolsur para la adquisición de 2.990 toneladas de cemento asfáltico, destinado a la construcción de la carretera Puerta El Chaco-Canaletas.

Sin embargo, de por medio existía una Póliza de Seguridad de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Suministro que ascendía a 1.339.100,70 bolivianos, correspondiente al siete por ciento del monto total del contrato, que no fue ejecutada, causándose así un daño al Estado.