Contraloría denuncia daño económico de 4,5 millones de dólares en Puentes Trillizos
La Paz, Abi
La Contraloría General del Estado (CGE) denunció el lunes, ante la Fiscalía de Distrito de La Paz, un daño económico de 4.520.504 dólares ocasionados por la suscripción de dos adendas al contrato de construcción de los Puentes Trillizos.
Según la denuncia, esas adendas permitieron la conversión del costo en dólares a Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s), acto calificado de "ilegal" para el caso de contratos llave en mano.
"Se trata de una denuncia presentada esta mañana en la Fiscalía de Distrito en el caso de los Puentes Trillizos, en este tema en una primera investigación se determinó un daño económico al Estado de aproximadamente 4,5 millones de dólares por trasladar un contrato llave en mano, firmado en dólares, a UFV's, que es un acto ilegal", denunció el contralor Gabriel Herbas en conferencia de prensa.
Explicó que la denuncia se interpuso en contra del ex alcalde de La Paz, Juan Del Granado Cossío, por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por haber firmado las adendas de 13 de marzo de 2008 y 18 de junio de 2010.
La denuncia incluye a Héctor Ascui Sandoval, representante de la Asociación Accidental Progreso (AAP), por la firma de contratos lesivos al Estado.
Además están involucrados los ex concejales Gabriela Niño de Guzmán García, Miguel Quispe Callisaya, Jhenny Cárdenas Villanueva, Rosario Aguilar Rodríguez, Nicolás Huallpara Aruquipa y Martín Rengel Luna, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
"Cuando encontramos delitos de orden penal lo que procede es que la Fiscalía verifique lo que nosotros estamos señalando en esta denuncia y una vez verificado la Fiscalía obre, según procedimiento penal", argumentó Herbas.
El Contralor General explicó que el contrato original de 13 de julio de 2007 estipulaba un precio de 14.383.319,72 dólares.
En una de sus cláusulas se establecía que, por tratarse de un contrato llave en mano, bajo ningún aspecto, fundamento o variable, podía realizarse un reajuste de precios.
No obstante, dijo que con una adenda, el Gobierno Municipal de La Paz efectuó anticipos equivalentes al 31% del valor del contrato original en dólares, además del anticipo del 20% previsto en el contrato original.
El 18 de junio de 2009 el Gobierno Municipal y la AAP suscribieron una segunda adenda para que el contrato, suscrito en dólares, sea expresado en UFV´s, con una aplicación retroactiva.
"Los argumentos fueron la supuesta devaluación del dólar respecto del boliviano en forma imprevista, el incremento de precios de insumos del proyecto y riesgo en la conclusión del proyecto", argumentó.
La Contraloría General del Estado (CGE) denunció el lunes, ante la Fiscalía de Distrito de La Paz, un daño económico de 4.520.504 dólares ocasionados por la suscripción de dos adendas al contrato de construcción de los Puentes Trillizos.
Según la denuncia, esas adendas permitieron la conversión del costo en dólares a Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s), acto calificado de "ilegal" para el caso de contratos llave en mano.
"Se trata de una denuncia presentada esta mañana en la Fiscalía de Distrito en el caso de los Puentes Trillizos, en este tema en una primera investigación se determinó un daño económico al Estado de aproximadamente 4,5 millones de dólares por trasladar un contrato llave en mano, firmado en dólares, a UFV's, que es un acto ilegal", denunció el contralor Gabriel Herbas en conferencia de prensa.
Explicó que la denuncia se interpuso en contra del ex alcalde de La Paz, Juan Del Granado Cossío, por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por haber firmado las adendas de 13 de marzo de 2008 y 18 de junio de 2010.
La denuncia incluye a Héctor Ascui Sandoval, representante de la Asociación Accidental Progreso (AAP), por la firma de contratos lesivos al Estado.
Además están involucrados los ex concejales Gabriela Niño de Guzmán García, Miguel Quispe Callisaya, Jhenny Cárdenas Villanueva, Rosario Aguilar Rodríguez, Nicolás Huallpara Aruquipa y Martín Rengel Luna, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
"Cuando encontramos delitos de orden penal lo que procede es que la Fiscalía verifique lo que nosotros estamos señalando en esta denuncia y una vez verificado la Fiscalía obre, según procedimiento penal", argumentó Herbas.
El Contralor General explicó que el contrato original de 13 de julio de 2007 estipulaba un precio de 14.383.319,72 dólares.
En una de sus cláusulas se establecía que, por tratarse de un contrato llave en mano, bajo ningún aspecto, fundamento o variable, podía realizarse un reajuste de precios.
No obstante, dijo que con una adenda, el Gobierno Municipal de La Paz efectuó anticipos equivalentes al 31% del valor del contrato original en dólares, además del anticipo del 20% previsto en el contrato original.
El 18 de junio de 2009 el Gobierno Municipal y la AAP suscribieron una segunda adenda para que el contrato, suscrito en dólares, sea expresado en UFV´s, con una aplicación retroactiva.
"Los argumentos fueron la supuesta devaluación del dólar respecto del boliviano en forma imprevista, el incremento de precios de insumos del proyecto y riesgo en la conclusión del proyecto", argumentó.