Asamblea suspende a Cossío para que sea enjuiciado por el caso Imbolsur

Tarija, Erbol
Con 19 votos de la alianza MAS, PAN y Pueblos Indígenas, el plenario de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija suspendió de su cargo, de forma temporal, al gobernador Mario Cossío para que sea enjuiciado por el caso Imbolsur.

La decisión fue asumida después de varias interrupciones al desarrollo de la sesión que fue instalada la mañana de este miércoles en medio de protestas de la bancada oficialista de Camino Al Cambio, que instaló un piquete de huelga de hambre en respaldo a Cossío, quien asumió la misma medida de presión. Incluso hubo cortes de energía eléctrica en el edificio donde funciona el órgano legislativo, todo con el propósito de evitar la suspensión del gobernador.

Tras leerse la acusación formal del Ministerio Público contra la primera autoridad política del departamento, los 11 asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), cinco de Poder Autonómico Nacional (PAN) y tres de los Pueblos Indígenas, aprobaron la resolución que instruye la suspensión de Mario Cossío, en aplicación de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”.

El domingo, en entrevista con la Red Erbol, el gobernador tarijeño anticipó su inminente suspensión debido a la acusación formal presentada en su contra por el fiscal Gilbert Muñoz el jueves de la semana pasada, donde es sindicado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Imbolsur, delitos tipificados y sancionados por los artículos 224 y 154 del Código Penal.

Aseguró que su persona no tuvo ninguna participación en el tema de Imbolsur y que lo único que se buscaba con la acusación del Ministerio Público era alejarlo del cargo, lo que se constituye, a su criterio, en “un golpe de Estado por parte del gobierno del presidente Evo Morales”.

“Yo no participó, ni participé en procesos de contrataciones durante mi gestión como Prefecto a partir de junio del año 2006 y no he firmado contratos (…) (Con la denuncia) la democracia de este departamento (Tarija) se está poniendo en vilo, y buscan derrocar un gobierno que ha sido constituido por voz popular”, aseguró en esa entrevista Cossío.

El caso en el que está involucrado Cossío data del 29 de noviembre de 2006, cuando la ex Prefectura de Tarija firmó un contrato con la empresa Imbolsur para la adquisición de 2.990 toneladas de cemento asfáltico, destinado a la construcción de la carretera Puerta El Chaco-Canaletas.

Sin embargo, de por medio existía una Póliza de Seguridad de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Suministro que ascendía a 1.339.100,70 bolivianos, correspondiente al siete por ciento del monto total del contrato, que no fue ejecutada, causándose así un daño al Estado.