Para eludir a la justicia, la persecución política es una buena excusa que utiliza Cossío

La Paz, Abi
El Gobernador de Tarija, Mario Cossío Cortez, que provocó un daño económico al Estado de 249 millones de bolivianos entre el 2006-2008, ha recurrido a utilizar argumentaciones de persecución política "como una buena excusa para eludir a la justicia por los hechos de corrupción", coincidieron en manifestar varias autoridades del Ejecutivo.

Cossío ocupa el primer lugar entre las autoridades departamentales denunciadas por hechos de corrupción, sobre todo, malversación de recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

El año 2008 se emitieron 58 denuncias contra algunos prefectos, en el siguiente orden: Mario Cossío, con 18 denuncias de corrupción, seguido por el entonces prefecto de La Paz, José Luis Paredes y el gobernador del Beni Ernesto Suárez Sattori con 17, Manfred Reyes Villa con 8; de Cochabamba, seguidos por el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, con 6; y Rubén Costas, de Santa Cruz con 3.

Para el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, con la instauración por parte de Cossío de procesos judiciales a los ministros de Economía, Luis Arce, y de Justicia, Nilda Copa, por los supuestos delitos de conspiración y sedición, Cossío busca no sólo victimizarse, sino "montar un manto distraccionista y de impunidad".

La persecución política que argumenta Cossío, al igual que el destituido alcalde de Potosí, René Joaquino, y el ex cívico de Sucre, Jaime Barrón, y otros "se ha convertido en una muletilla trillada sin ningún tipo de creatividad", dijo Llorenti.

Indicó que la decisión de procesar a Cossío se originó en el Ministerio Público en el marco de sus competencias y atribuciones porque fue acusado del desvío de recursos del IDH para consultas autonómicas, sobreprecios para la ejecución de obras e irregularidades en la contratación de empresas.

El ministro Llorenti subrayó que el Gobernador de Tarija, sufre de delirio de persecución política y busca evadir a la justicia en los procesos que enfrenta por corrupción.

A su juicio Cossío "debería preocuparse por los procesos que está enfrentado ante la justicia por una mala administración envuelta en hechos de corrupción".

"Mario Cossío Cortez debe ocuparse de garantizar el desarrollo de su departamento, de elaborar proyectos que beneficien a los ciudadanos y rendir cuentas al pueblo tarijeño del dinero que administra, en lugar de intentar evadirse de la justicia con sus falsas acusaciones", manifestó la ministra de Justicia, Nilda Copa, quien fue acusada por el Gobernador de Tarija, de gestar un supuesto golpe regional.

Cossío provocó un daño económico al Estado de 249 millones de bolivianos y fue imputado por el Ministerio Público por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica

En el Ministerio Público se investiga el incumplimiento en la ejecución de la boleta de garantía presentada por la empresa IMBOLSUR, dejando sin respaldo un incumplimiento de contrato.

Otros cargos son el uso indebido de recursos de la Prefectura de Tarija para la realización ilegal del Referéndum Autonómico y la deficiente ejecución del proyecto de construcción de un Centro de Rehabilitación, además de la irregular contratación de 315 funcionarios para la Gobernación de Tarija.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado pidió al Congreso Nacional iniciar juicio de responsabilidades en contra de Cossío por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Y suman las acusaciones, como la de la compra e instalación de motores generadores de luz en mal estado, que colapsaron provocando cortes de luz en las comunidades de Bermejo y Entre Ríos y la irregular ejecución de obras en el departamento, como las del velódromo Departamental, la Piscina Olímpica, las presas Huacata, Calderas y otras.

Igualmente la irregular ejecución de 15 obras en Tarija, entre ellas los Gaviones del Río Camacho, acceso al puente San Pedro, Puente Jarcas y otras.

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