MNR pide concluir indagación de 'masacre de Navidad' o asesinato de mineros en Amayapampa
La Paz, AbiLa Secretaría Nacional interina del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) pidió formalmente al Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción concluir la investigación oficial de la tristemente célebre 'masacre de Navidad' o Amayapampa y Capasirca, a finales de 1996, durante el primer mandato del ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, se conoció el lunes en fuentes partidarias.
También llegar al fondo de una estafa de proporciones a civiles a finales de la década de los años '80 del siglo pasado.
"Le solicitamos que por el Ministerio de Transparencia lnstitucional y Lucha contra la Corrupción que usted dirige, se pueda viabilizar y coadyuvar a que se concluya la investigación de 2 casos que son de conocimiento público: 1) caso Amayapampa, Llallagua y Capasirca, entre el 19 y 22 de diciembre de 1996 (y) 2) caso Finsa, la gran estafa en Bolivia", dice una carta firmada por el secretario general en ejercicio del MNR, Einar Calderón Ortega, enviada a la ABI vía digital.
La solicitud está redactada en papel membretado del MNR y fue entregada, lo certifica un sello institucional, al ministerio anticorrupción el 26 de noviembre último.
Calderón Ortega, ex candidato a la Gobernación de La Paz postulado por el MNR en las elecciones subnacionales de abril pasado, afirma cumplir "con las instrucciones del Jefe Nacional del MNR, compañero Tohnny Torres Teno".
La denominada, por mal nombre, 'masacre de Navidad' refiere el asesinato de entre 11y 13 mineros en el departamento boliviano de Potosí, donde el gobierno de Sánchez de Lozada ordenó reprimir una protesta pacífica.
Durante la represión, que conmovió el tramo final del gobierno de Sánchez de Lozada, murió también un uniformado baleado por la espalda, Eduardo Rivas.
La mina Amayapampa era gerenciada por la empresa canadiense Da Capo que rechazó un petitorio de sus empleados mineros de esa región boliviana, causa por la que los mineros colapsaron sus operaciones.
A pedido de Sánchez de Lozada, que lideró el MNR entre 1989 y 2004, destacados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, investigaron el hecho y concluyeron que la administración del ex presidente, en cuyo segundo mandato entre 2002 y 2003 se registró una de las mayores crisis políticas en Bolivia que terminó derrocándolo, motorizó la fuerza antes que el entendimiento.
En la mira de la investigación quedó el entonces ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada, Franklin Anaya, que movilizó a fuerzas combinadas del Ejército y la Policía para liberar la mina.
No existe detenido alguno por la matanza de campesinos en Amayapampa y Capasirca, entre ellos un adolescente de 15 años alcanzado por una bala perdida.
Con la aquiescencia de Torres Teno, Calderón también pidió concluir la investigación de "la gran estafa de Finsa", una casa de préstamos de existencia legal irregular, que a fines de la década de los años '80 se alzó con 56 millones de dólares de ahorradores locales en la ciudad central de Cochabamba.
El dueño de tal financiera al margen de la ley, Nelson Arévalo, que apareció extrañamente muerto en su vehículo en 1991 en una plaza de Cochabamba, vinculó a Anaya con una red de extorsionadores a Finsa, recuerda la prensa de la época.
Anaya, que radica en Cochabamba, busca la jefatura del MNR, el partido más antiguo de la política boliviana, en estado residual o casi extinguido después de las represiones que ordenó Sánchez de Lozada años más tarde, en octubre de 2003, que dejaron 67 muertos y 400 heridos de bala en las ciudades de El Alto y La Paz.
Sánchez de Lozada, sometido en rebeldía a un juicio por genocidio instaurado en la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, vive hace 7 años autoexiliado en Estados Unidos.
También llegar al fondo de una estafa de proporciones a civiles a finales de la década de los años '80 del siglo pasado.
"Le solicitamos que por el Ministerio de Transparencia lnstitucional y Lucha contra la Corrupción que usted dirige, se pueda viabilizar y coadyuvar a que se concluya la investigación de 2 casos que son de conocimiento público: 1) caso Amayapampa, Llallagua y Capasirca, entre el 19 y 22 de diciembre de 1996 (y) 2) caso Finsa, la gran estafa en Bolivia", dice una carta firmada por el secretario general en ejercicio del MNR, Einar Calderón Ortega, enviada a la ABI vía digital.
La solicitud está redactada en papel membretado del MNR y fue entregada, lo certifica un sello institucional, al ministerio anticorrupción el 26 de noviembre último.
Calderón Ortega, ex candidato a la Gobernación de La Paz postulado por el MNR en las elecciones subnacionales de abril pasado, afirma cumplir "con las instrucciones del Jefe Nacional del MNR, compañero Tohnny Torres Teno".
La denominada, por mal nombre, 'masacre de Navidad' refiere el asesinato de entre 11y 13 mineros en el departamento boliviano de Potosí, donde el gobierno de Sánchez de Lozada ordenó reprimir una protesta pacífica.
Durante la represión, que conmovió el tramo final del gobierno de Sánchez de Lozada, murió también un uniformado baleado por la espalda, Eduardo Rivas.
La mina Amayapampa era gerenciada por la empresa canadiense Da Capo que rechazó un petitorio de sus empleados mineros de esa región boliviana, causa por la que los mineros colapsaron sus operaciones.
A pedido de Sánchez de Lozada, que lideró el MNR entre 1989 y 2004, destacados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, investigaron el hecho y concluyeron que la administración del ex presidente, en cuyo segundo mandato entre 2002 y 2003 se registró una de las mayores crisis políticas en Bolivia que terminó derrocándolo, motorizó la fuerza antes que el entendimiento.
En la mira de la investigación quedó el entonces ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada, Franklin Anaya, que movilizó a fuerzas combinadas del Ejército y la Policía para liberar la mina.
No existe detenido alguno por la matanza de campesinos en Amayapampa y Capasirca, entre ellos un adolescente de 15 años alcanzado por una bala perdida.
Con la aquiescencia de Torres Teno, Calderón también pidió concluir la investigación de "la gran estafa de Finsa", una casa de préstamos de existencia legal irregular, que a fines de la década de los años '80 se alzó con 56 millones de dólares de ahorradores locales en la ciudad central de Cochabamba.
El dueño de tal financiera al margen de la ley, Nelson Arévalo, que apareció extrañamente muerto en su vehículo en 1991 en una plaza de Cochabamba, vinculó a Anaya con una red de extorsionadores a Finsa, recuerda la prensa de la época.
Anaya, que radica en Cochabamba, busca la jefatura del MNR, el partido más antiguo de la política boliviana, en estado residual o casi extinguido después de las represiones que ordenó Sánchez de Lozada años más tarde, en octubre de 2003, que dejaron 67 muertos y 400 heridos de bala en las ciudades de El Alto y La Paz.
Sánchez de Lozada, sometido en rebeldía a un juicio por genocidio instaurado en la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, vive hace 7 años autoexiliado en Estados Unidos.
