Jubilaciones: gestora pública otorgará todos los candados y garantías y se abrirá a control social

La Paz, Abi
La gestora pública, que se creará con la nueva Ley de Pensiones, tendrá todos los candados y garantías para asegurar los ahorros de jubilación de los bolivianos y, por contrapartida, estará abierta al control social, reveló el miércoles la bancada oficialista en la Cámara de Diputados.

"Los aportes de los trabajadores son sagrados", afirmó el presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica, Marcelo Elío, frente a la susceptibilidad de algunos sectores civiles que temen una réplica del millonario desfalcó que perpetró hace casi década y media Dante Escobar al Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (FOCSSAP).

"Esta vez hay controles muy estrictos. La misma ley prevé que estos recursos no pueden utilizarse en préstamos, no pueden utilizarse en ninguna otra circunstancia que no sea su fin específico", dijo el diputado Movimiento Al Socialismo (MAS).

FOCSSAP era una especie de fondo de pensiones administrado por una combinación de directores designados por el Gobierno y por los sindicatos de trabajadores para resolver problemas del antiguo sistema de jubilaciones sin éxito alguno.

Por su parte, la diputada Rebeca Delgado, del MAS, subrayó que la Constitución establece que el manejo de la seguridad social está a cargo del Estado y el proyecto de la nueva Ley de Pensiones pone los candados necesarios para que los aportes de los trabajadores no sean administrados inadecuadamente y vulnerables al uso "abusivo".

"Los recursos que recaude la gestora pública de seguridad social están siendo protegidos por varios candados, pero a la vez con todas las posibilidades de auditoría externa, de fiscalización, de medidas bajo indicadores de gestión, es decir, con todos los candados que nos permitan un manejo transparente de nuestros aportes", argumentó.

El proyecto de la nueva Ley de Pensiones establece que la malversación de recursos por los administradores de la gestora pública, tipificada como delito penal, será sancionada con la privación de libertad de entre 5 y 10 años.

Delgado sostuvo no hay observaciones de fondo a ese documento, que tiene el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), y por ello será refrendado en la Cámara Baja.

Hacia las 20h00 la Cámara Baja aprobó más de 170 de los 198 artículos de esa norma y pretende aprobarlo entre la noche de este miércoles y el jueves.

La nueva Ley de Pensiones reemplazará a Ley 1732 promulgada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), que establece que es el propio trabajador el que debe financiar su renta de vejez, debiendo laborar y aportar hasta los 65 años de edad, 7 años más que lo que establece el proyecto de Ley de jubilaciones que propone la administración de Evo Morales y que ya cumple trámites en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La nueva Ley de Pensiones plantea reducir la edad de jubilación a los 58 años para los hombres y hasta los 55 años para las mujeres, dependiendo de la cantidad de hijos. Los mineros podrán jubilarse entre los 51 y 56 años.

Ese proyecto de Ley restituye el aporte patronal y crea una pensión solidaria para incrementar las renta de aquellos trabajadores que ganan menos.