Gobierno preocupado por intento de autoridades procesadas por nublar la verdad

La Paz, Abi
El portavoz de la Presidencia de Bolivia, Iván Canelas, expresó el martes la preocupación del gobierno de Evo Morales, luego que diversas autoridades procesadas por la justicia por contravenciones a la ley, recurrieran al argumento "fácil" de que se trata de una persecución política, en un intento por nublar la verdad.

"Hemos visto nuevamente alarmados que todos aquellos que están siendo procesados en la justicia están acudiendo al fácil argumento de que son perseguidos políticos y eso no es cierto Todos han sido acusados por delitos de corrupción y estas acusaciones deben ser evaluadas, analizadas de manera independiente y responsable en la justicia boliviana", argumentó en declaraciones en La Paz.

Canelas lamentó que autoridades cuestionadas resistan el imperio de la ley.

"Se resisten a participar en los procesos legalmente constituidos en la justicia, no quieren participar cuando se los convoca, no van a declarar y quieren acogerse al fácil argumento de que son perseguidos políticos", machacó, al tiempo de asegurar que, por el lado del gobiernista Movimiento Al Socialismo son varios los militantes que se encuentran tras de rejas por corrupción.

La preocupación oficial patentada por Canelas se registró en medio de una improvisada conferencia de prensa un día después que el gobernador del departamento Beni, Ernesto Suárez, que enfrenta un proceso por corrupción que le ha valido que la justicia le impida salir del país, llamara a rearticular un bloque opositor para enfrentar "esa persecución política", según él, desencadenada por el gobierno.

"Hemos escuchado, por ejemplo, algún gobernador, que estaba convocando a unirse para defenderse del gobierno. En realidad tendrían que defenderse ante la justicia porque es la justicia la que les está siguiendo este proceso", sugirió Canelas.

Aludió también el caso del ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón, que el lunes se declaró "perseguido político", luego que un juez de la jurisdicción departamental Chuquisaca le ratificara arresto preventivo por galvanizar desde su puesto de ex rector de la Universidad San Francisco de Xavier y la presidencia de un Comité Interinstitucional, opuesto en rotundo al gobierno de Morales, agresiones y vejaciones inferidas en plaza pública a un grupo de indígenas quechuas el 25 de mayo de 2007.

También refirió el proceso contra el alcalde suspendido de Potosí, René Joaquino, que ha sido denunciado ante la justicia ordinaria por ordenar la compra irregular de un parque automotor a medio uso, en abierta contravención a la ley boliviana.

"En el caso del señor Joaquino y por declaraciones de los fiscales se ha establecido con claridad que él cometió irregularidades en la compra de esos vehículos. No hicieron licitaciones públicas. El órgano ejecutivo municipal de la época (en Potosí) decidió por encima del Concejo la adquisición de estos vehículos usados que además fueron cancelados en 4 partidas", describió, al tiempo de deslindar al gobierno responsabilidad alguna sobre el caso, ahora en manos de la justicia.

"El Gobierno no le ha iniciado proceso al señor Joaquino, le han iniciado los mismos concejales (de Potosí) entre los que están los de su propio partido", reveló Canelas, al asegurar que "lo mismo pasa con el señor Barrón que está acusado por varios delitos".

Por último el portavoz presidencial aseguró que el Gobierno "no va a meterse en nada (de los asuntos) del Organo Judicial".