Imponen una primera sentencia por un linchamiento en Bolivia
La Paz, AgenciasUna juez boliviana impuso hoy la primera sentencia por linchamiento a los asesinos del alcalde de la población andina de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, quien fue secuestrado, torturado y quemado en junio de 2004.
La jueza Nancy Bustillos informó a los medios que ocho de los 25 imputados por la muerte del alcalde fueron condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto por los delitos de "asesinato, secuestro, vejámenes y tortura", sentencia que deberán cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.
Seis imputados más fueron condenados a entre dos y 20 años de cárcel, otros cuatro fueron absueltos del caso y siete acusados se encuentran prófugos, informó Bustillos.
El fiscal Milton Mendoza, que estuvo a cargo del caso cuando comenzaron las investigaciones, dijo a Efe que se trata del primer linchamiento donde se dicta una sentencia judicial.
Mendoza destacó que el fallo demuestra que "es difícil pero no es imposible" investigar este tipo de hechos en los cuales participa casi toda una comunidad y se genera "una suerte de solidaridad conjunta" para encubrir a los culpables.
"Los campesinos abrieron entonces una hostilidad directa contra el Estado y lo peor fue que autoridades de Gobierno fueron a negociar (...) Pero la sentencia, aunque lenta y retardada, nos da la razón, ahí hubo asesinato", agregó.
En junio de 2004, el cuerpo de Altamirano apareció totalmente calcinado y maniatado en la plaza central de su pueblo, situado a 87 kilómetros de La Paz, al día siguiente de haber sido secuestrado por desconocidos en esa ciudad.
Los pobladores de Ayo Ayo justificaron entonces el linchamiento en la presunta corrupción del alcalde y aseguraron haber aplicado la llamada "justicia indígena comunitaria", que ha sido reconocida en la Constitución promovida por el Gobierno de Evo Morales y vigente en el país desde febrero de 2009.
El Ejecutivo y las organizaciones indígenas han asegurado que los linchamientos no son parte de la "justicia comunitaria", que ha vuelto a ser cuestionada este año tras el asesinato en mayo pasado de cuatro policías a manos de indígenas de la región andina de Potosí (suroeste).
Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas potosinos torturaron y lincharon a los agentes tras acusarlos de cometer delitos en esa región, donde se presume que hay actividades del narcotráfico y contrabando de vehículos desde Chile.
La Organización de las Naciones Unidas expresó en junio pasado su preocupación por el "progresivo aumento" de los linchamientos en Bolivia, que suman al menos 30 desde 2009, sin contar otros 77 intentos frustrados.
