El ruido de sables se apaga en Ecuador

Quito, El País
La presencia militar en Quito era ayer perceptible pero discreta. Aparte de los cerca de 300 efectivos destacados para resguardar el Palacio de Carondelet, la sede del Gobierno en pleno centro histórico, se veían patrullas de tres o cuatro soldados en algunas calles y en los grandes parques de la ciudad como El Ejido, La Alameda y La Carolina. No infundían inquietud ni sensación de estar a la espera de entrar en acción, más bien lo contrario. En puntos considerados estratégicos, como las vías de acceso a la capital, algunas gasolineras y plantas de distribución eléctrica, la presencia militar era mayor y más vigilante. Desde la entrada en vigor el jueves pasado de la ley de excepción a raíz de la sublevación de los policías contra el presidente Rafael Correa, el Ejército supervisa la labor de los agentes de seguridad y hasta tiene potestad para detener a quien cometa un delito flagrante.

A pesar del malestar que hay en los cuarteles por la nueva Ley de Servicio Público que elimina algunos incentivos económicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía y que fuera el detonante de la asonada policial del jueves -en la que también participaron miembros de la Fuerza Aérea-, los militares se mantienen fieles al presidente. "Hay malestar, sobre todo en los mandos medios, pero la cúpula es leal a Correa. Se puede estar en desacuerdo con el presidente, pero ante todo somos un Ejército profesional. Aquí no ha habido infiltración de militares cubanos o venezolanos con la excusa de defender la Constitución, nos bastamos solos", dice el coronel retirado Galo Monteverde. El oficial habla con orgullo. Y es que su "ejército", como dice, salió el jueves a la calle a defender a un presidente constitucional por primera vez desde la recuperación de la democracia en 1979.

Hasta ahora la institución castrense había sido cómplice o mero observador en las revueltas que se cobraron ocho presidentes en 10 años desde 1997. Abdalá Bucaram fue destituido por incapacidad mental sin examen médico y los militares se limitaron a indicarle la salida. Mahuad fue derrocado por un complot indígena-militar que formó una Junta de Salvación Nacional de la que fue parte el coronel Lucio Gutiérrez. Gustavo Noboa juró el cargo en 2000 en el Ministerio de Defensa. Cinco años más tarde, una "revolución ciudadana" expulsó a Gutiérrez tras tres años en el poder y el Ejército observó la caída de su viejo camarada como quien ve llover.

"El Ejército ha entrado en la era moderna", dice Paco Moncayo, general retirado de cuatro estrellas, ex alcalde de Quito y actual parlamentario independiente de centroizquierda. "Hasta el golpe de Gutiérrez contra Mahuad hace más de una década, el Ejército había honrado la tradición de neutralidad forjada desde finales de los setenta. Antes y después de esa asonada, el militar se limitó a mantener como pudo el orden ante la inestabilidad política. Ahora, Correa, con su manejo irresponsable de la rebelión policial, fuerza al Ejército a salir en su defensa y enfrentarse a los agentes. Esto había sucedido solo en dos ocasiones, durante el Gobierno de Velasco Ibarra

[cinco veces presidente en distintos periodos entre 1934 y 1972], otro populista", reflexiona. "El Ejército se comportó como una institución del siglo XXI, pero el contexto en el que tuvo que actuar pertenece a la segunda mitad del XX. El Gobierno es el que está desfasado, no el Ejército", añade.

Aunque Moncayo, como la mayoría de los analistas consultados, duda de que el Ejército o una parte de este protagonice un golpe de Estado, advierte que la institución es un polvorín y que solo la insistencia del comandante en jefe de las tres fuerzas, el general Ernesto González, para que el Gobierno revise la ley que afecta a los salarios del cuerpo ha rebajado un poco la tensión. El malestar no es solo por la rebaja de las retribuciones, sino también por un error de cálculo en la aplicación de la escala salarial de suboficiales y oficiales que se arrastra desde 2006.

Durante el fin de semana, la ministra de Política, Doris Soliz, declaró que el Gobierno reescribirá la ley que desató la sublevación de policías para clarificar su contenido, pero que no hará cambios significativos. También quedó descartada, de momento, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas que tenía en mente Correa para reforzar su poder y sacar adelante su plan de austeridad.