El motín policial debilita a Correa
Quito, AgenciasEcuador puso fin en la madrugada de ayer a la revuelta policial que mantenía al país en jaque desde el jueves. El rescate del presidente Rafael Correa, retenido durante 11 horas por los sublevados en un hospital de Quito, ha devuelto la normalidad institucional, si bien la tensión política, alimentada por la polarización y la parálisis legislativa, está lejos de remitir.
En un intento por ahuyentar la imagen de vulnerabilidad que ofreció durante varias horas, el presidente aseguró que "no habrá perdón ni olvido" e insistió en calificar de "intento de golpe de Estado" lo que en ámbitos opositores se considera una protesta policial fuera de control. "No se trató de una legítima reclamación salarial", dijo Correa, sino de una "conspiración" que no quedará impune. El Gobierno busca responsables y ya hay uno en el punto de mira: el ex presidente y rival Lucio Gutiérrez, a quien Correa acusó de estar detrás de la rebelión.
Cuarenta minutos bastaron para acabar con el asedio del presidente en el Hospital de la Policía. Allí había recalado, a mediodía del jueves, tras una accidentada reunión con los agentes sublevados en el regimiento Quito 1, a cargo de la seguridad de la capital. Los amotinados protestaban contra la decisión del Gobierno de suprimir sus incentivos salariales. Pero el tono fue subiendo (Correa se llegó a abrir la camisa y a retar a que le dispararan) y el encuentro acabó entre gases lacrimógenos y zarandeos que lastimaron al presidente, convalenciente de una operación de rodilla.
Los agentes rebeldes rodearon el hospital durante varias horas, hasta que el Ejército, apoyado por un grupo policial de élite, se abrió paso a tiros. Correa fue sacado en un todoterreno en medio de un intenso intercambio de disparos, que dejó al menos dos policías muertos (uno de ellos, del equipo de rescate, alcanzado por fuego amigo). Unas 80 personas, entre militares, agentes y seguidores del presidente, resultaron heridos. "Eso es lo que lograste Correa, que nos enfrentemos pueblo contra pueblo", se lamentaba uno de los agentes de élite, citado por el diario El Comercio.
Superada la crisis, rodó la primera cabeza. Fue la del comandante general de la Policía, Freddy Martínez, que renunció su cargo en cuanto Correa fue rescatado. "Un comadante irrespetado y agredido por sus subalternos no puede quedarse al frente de ellos", dijo Martínez, que lamentó que los policías "equivocaran el camino" en sus reivindicaciones y sugirió que "posiblemente hubo infiltración de gente interesada en desestabilizar a la policía".
Rafael Correa, en el poder desde 2007, ha sobrevivido al desafío más grave de su mandato, pero afronta ahora una delicada situación política, marcada por el malestar reinante no solo por sus políticas de ajuste económico, sino por un estilo de gobernar que opositores y organizaciones sociales califican de autoritario y arrogante.
De hecho, el apoyo internacional sin fisuras recibido por el Gobierno ecuatoriano (desde la ONU a Estados Unidos, pasando por la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea o Unasur) contrasta con el apoyo con matices de las fuerzas políticas y sociales ecuatorianas. Hubo unanimidad en el rechazo a la revuelta policial y a cualquier intento de desestabilizar el orden político, pero el presidente Correa no se libró de las críticas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) aseguró que el presidente está pagando las consecuencias de "su prepotencia". "Hemos visto cómo las leyes consensuadas fueron vetadas por el presidente, cerrando cualquier posibilidad de acuerdos", declaró Norma Amay, presidenta de la organización indígena.
En el mismo sentido se pronunciaron la Federación de Servidores Públicos y varias organizaciones sindicales, afectados, como los policías, por los recortes gubernamentales. "Esperamos que el Gobierno rectifique y facilite el diálogo", dijo el dirigente sindical Matías Tatamuez.
El gremio periodístico rechazó "el clima de inestabilidad institucional", pero protestó igualmente por la decisión del Gobierno de obligar a todos los canales a emitir en cadena. "Al amparo del estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones de los hechos que no sean oficiales", afirmó ayer en un comunicado la Asociación de Editores de Periódicos.
Y desde Brasil, donde se encuentra como observador electoral, Lucio Gutiérrez, ex militar, ex presidente de Ecuador y líder del partido Sociedad Patriótica, rechazó estar detrás de la revuelta ("son acusaciones temerarias y cobardes", dijo) y aseguró que Correa "magnificó la protesta policial" para "esconder la corrupción en su Gobierno", en referencia a las acusaciones de malversación contra Fabricio Correa, hermano del presidente.
La revuelta policial ha sucedido en el momento en que el mandatario se plantea aplicar la llamada muerte cruzada, un derecho constitucional que le permite disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas. Con ello tendría margen de maniobra para gobernar por decreto y sacar adelante varias leyes conflictivas, como la del Servicio Público que ha provocado las protestas y suscitado rechazo en su propio partido, Alianza País. Los analistas se preguntan si, después de este sobresalto, Correa buscará vías de consenso.
