Buscan frenar una propuesta de entregar una lista de padres indocumentados a Inmigración

Charlotte, Agencias
Varias organizaciones de defensa de los derechos civiles solicitarán hoy a la junta de una localidad en Carolina del Norte rechazar una propuesta que exige al Departamento de Servicios Sociales (DSS) entregar a Inmigración la lista de padres indocumentados.

Bill James, uno de nueve comisionados del condado Mecklenburg, donde se asienta Charlotte, presentará hoy la controvertida medida al pleno de la junta en una reunión a la que asistirán familias hispanas y líderes que defienden los derechos de los inmigrantes.

James, de postura conservadora, busca que el DSS "ignore regulaciones estatales y federales" y alerte a inmigración cuando un "sospecho indocumentado" solicita servicios sociales para sus hijos nacidos en EEUU "sin importar" las implicaciones legales y en nombre de la "seguridad nacional".

"Cómo sabemos que no tenemos personas recibiendo beneficios sociales con relación a grupos terroristas, o que están siendo buscados, y no nos molestamos en reportarlos a inmigración, Seguridad Nacional, o a alguien", afirmó James a los medios.

Por políticas del estado, el DSS no puede divulgar información privada de los solicitantes de servicios sociales como estampillas de comida o Medicaid.

Según Stacey Bonilla, activista comunitaria, lo que pide James es "ilegal" y sobre todo motivado por su "agenda personal" contra los inmigrantes y que no "llegará muy lejos".

"Está tratando de negar servicios a niños que son ciudadanos norteamericanos pidiendo violar leyes estatales y federales. Eso si es ilegal", afirmó hoy a Efe Stacey Bonilla, líder comunitaria.

Según cifras del DSS, unos 5.635 "niños ancla" en Mecklenburg -como se les denomina a los menores de padres sin papeles migratorios que nacieron en el país- reciben ayuda de alimentos a un costo de 2.7 millones de dólares.

En carta a los comisionados, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) enumera varios casos en otras ciudades del país que han adoptar medidas anticonstitucionales contra los indocumentados y que han resultado en litigios costosos para sus arcas.

Como en 2006 en Hazleton (Pensilvania), con su ordenanza de negar renta a indocumentados, y la más reciente ley SB1070 en Arizona, ambas en claras interferencias con las leyes federales existentes de inmigración.

"La resolución motivaría acciones de perfil racial y abriría un espacio innecesario para demandas costosas en tiempos de recesión económica", apuntó el comunicado de ACLU.

El grupo además demanda una investigación como ocurrió con la lista de Utah cuando dos empleados del DSS divulgaron los nombres de 1.300 supuestos indocumentados.