Revilla denuncia ofensiva gubernamental para tomar la Alcaldía Municipal de La Paz

La Paz, Erbol
El alcalde Luis Revilla denunció este martes el inicio de una ofensiva del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) para tomar la Alcaldía de La Paz con una denuncia en su contra por parte del Contralor General del Estado. En contraste, el contralor Gabriel Herbas acusó al Burgomaestre paceña falsificó documentación para beneficiarse más de 155.000 bolivianos.

“Necesito decirles a quienes desde el Gobierno están impulsando esta ofensiva en contra de La Paz que no les tenemos miedo, que vamos a enfrentar esta acción en los planos jurídico, institucional y por supuesto en el plano político”, dijo Revilla.

De esta forma respondió el burgomaestre paceño a la denuncia del Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, que establece supuestas irregularidades en los gastos de representación en la gestión de Revilla, poniendo énfasis en un documento membretado de descargo con el logo del Bicentenario con fecha de julio del 2006, periodo en el que aún no se celebraba los 200 años.

Revilla señaló que los gastos de representación están regulados en el artículo 12, numeral 23 de la Ley de Municipalidades, que sigue aún en vigencia y que no ha sido derogada por la Ley Marco de Autonomías y que establece que los gobiernos municipales deben fijar anualmente el monto para este fin.

“En mi gestión como presidente del Concejo Municipal es que por primera vez se establece una reglamentación de los gastos de representación con procedimientos, porque antes estos gastos no tenían ningún documento, ni ningún tipo de descargos”, dijo Revilla.

Precisó que estos gastos (3.400 bolivianos por mes) han estado destinados a brindar apoyo a distintas actividades de la comunidad, por ejemplo cuando hay una solicitud de la compra de un trofeo u otro tipo de solicitudes que hacen organizaciones vecinales o sociales a las autoridades.

Respecto a los descargos irregulares, Revilla, mostrando a la prensa las hojas originales, señaló que la denuncia del Contralor está basada en un documento falso, el que presenta el logo del Bicentenario, que contiene un sello y no así la firma del Alcalde o del entonces Presidente del Concejo Municipal.

“Lo que no se percató el Contralor es que esta firma de este comprobante es la única distinta a todas los demás. Esta firma es un sello que aparenta la firma del Presidente del Concejo, Luis Revilla”, dijo al aclarar que esta situación fue detectada anteriormente y que está en curso actualmente una investigación para dar con el autor de este documento que tiene el propósito de perjudicar al Alcalde.

Señaló que está analizando la posibilidad de iniciar un juicio contra el Contralor por calumnias, injurias, desacato, por violar sus derechos constitucionales con documentos falsos y dañar su imagen y honor personal.

Por su parte, el contralor Gabriel Herbas afirmó, en declaraciones a la Red Erbol, que el alcalde Revilla falsificó documentos y se apropió ilícitamente de 156.000 bolivianos y bienes del Estado, puesto que esta cantidad no tiene respaldo ni descargo correspondiente.

“En una auditoria se ha encontrado una irregularidades respecto a los gastos de representación que fungía en ese momento el señor Revilla como presidente del Concejo Municipal de La Paz, además en los tres años que se hizo la auditoria se encontró que 156.000 bolivianos que no tienen los descargos correspondientes”, puntualizó.

En tanto, el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabían Yacsik, en defensa de Revilla. dijo que la Contraloría, en especial su Gerencia Departamental en La Paz, tiene atosigada a la gestión presente por lo que dejó sentada la posibilidad de que responda a una intensión política.

“Ojala no se trate de una atención especial que le ha estado dedicando este tiempo a la alcaldía de La Paz con un equipo enorme, esperamos no sea con índole política”, remarcó.

La diputada de la opositora Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, aseveró que el gobierno central busca descabezar a todos sus rivales políticos. “Su sueño es llegar a fin de año solo, sin oposición, con un país a su merced, todos los órganos en su poder, por eso son perseguidos sus rivales ocasionales”.

Antes de Revilla ya seis alcaldes opositores políticos al gobierno de Evo Morales fueron, por distintos argumentos, obligados a dimitir de su cargo. El primero fue Héctor Cartagena, alcalde suspendido del municipio de Quillacollo de Cochabamba, quien agobiado por problemas de salud, que se acentuaron por las presiones políticas y judiciales, asumió la decisión de presentar su renuncia irrevocable a su cargo.

Otro caso fue del alcalde de la localidad cruceña de Warnes, Nyls Carmona, que fue suspendido de su cargo a sola acusación del fiscal, tal como lo determina el artículo 145 de la Ley de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

El burgomaestre de esta ciudad próxima a Santa Cruz de la Sierra, fue acusado ante el Ministerio Público por supuesto uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Esta situación generó protestas en los pobladores de Warnes y sectores de oposición política y regional.

Otros burgomaestres suspendidos por la presión política oficialista a través de la Ley de Autonomías fueron René Joaquino, de Potosí; Délfor Burgos, de Bermejo; Jaime Barrón, de Sucre; y Víctor Balderrama, de Punata.