Piedad Córdoba dice en el Senado que acata pero no comparte destitución
Bogotá, Agencias
La congresista opositora colombiana Piedad Córdoba dijo hoy en un pleno del Senado en Bogotá que acata pero no comparte la decisión de la Procuraduría General (Ministerio Público) de destituirla por supuestamente haber colaborado con la guerrilla de las FARC.
"Acato, aunque no comparto, la sanción (...) de destitución e inhabilidad para desempeñar mis funciones políticas por el término de 18 años, en razón de mis convicciones", expresó la legisladora en una declaración que leyó ante sus colegas de la cámara alta.
La senadora, cuya intermediación ha facilitado la puesta en libertad de una docena de rehenes de las FARC, fue sancionada el pasado lunes por el procurador general, Alejando Ordóñez, dentro de una causa disciplinaria por haber, según este funcionario, promovido al grupo guerrillero y colaborado con él.
Ordóñez basó su decisión en archivos informáticos de los computadores de "Raúl Reyes", portavoz internacional y miembro del mando central de las FARC muerto en marzo de 2008 durante un bombardeo a su campamento en suelo ecuatoriano.
En su declaración, Córdoba defendió que, como congresista, está comprometida desde hace 20 años "con la defensa de la democracia, la justicia, el diálogo como mecanismo de solución de los conflictos y la política puesta al servicio del bien colectivo".
"Mi actuar ético en todo momento ha estado en consonancia con el artículo 22 de la Constitución Política, según el cual la paz es un deber y un derecho y de obligatorio cumplimiento", agregó la senadora, que pertenece al Partido Liberal Colombiano (PLC).
La legisladora prometió que seguirá con sus recorridos por todo el país y el mundo "impulsando la humanización y la solución dialogada del conflicto, promoviendo movimientos sociales y políticos a favor de la paz".
Asimismo, "exhibiendo la fuerza de mi palabra, mi compromiso humanitario y toda la capacidad que poseo con la voz de aquellos y aquellas que se cansaron de ser obligados a no vivir en paz en este país", enfatizó luego.
Córdoba dejó en manos de sus colegas esta declaración tras recibir la solidaridad de algunos sectores del Legislativo, como el PLC, el Polo Democrático Alternativo (PDA, de izquierda) y el Partido Verde (PV).
El PDA también consensuó y entregó una constancia o declaración de apoyo a Córdoba, para quien pidió "todas las garantías del debido proceso con la seguridad de que ella demostrará su inocencia".
"Sin embargo, más allá de las formalidades y los procedimientos legales, manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que el derecho a disentir y a hacer oposición siga siendo atropellado en Colombia", añadió la bancada del PDA.
En el mismo sentido se manifestó el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia (MSB Colombia), con sede en Cúcuta, ciudad de la frontera noreste con Venezuela.
En un comunicado, el director general de la formación, David Corredor, llamó a la comunidad internacional a que entienda y vea que en su país no hay libertad integral y que la democracia es limitada.
"Lo que le hacen injustamente a Piedad Córdoba es una advertencia a los que hacemos política y no estamos alineados con el régimen", consideró Corredor, y advirtió: "Corremos el riesgo de ser judicializados, perseguidos y, en el peor de los casos, desaparecidos o muertos".
La congresista opositora colombiana Piedad Córdoba dijo hoy en un pleno del Senado en Bogotá que acata pero no comparte la decisión de la Procuraduría General (Ministerio Público) de destituirla por supuestamente haber colaborado con la guerrilla de las FARC.
"Acato, aunque no comparto, la sanción (...) de destitución e inhabilidad para desempeñar mis funciones políticas por el término de 18 años, en razón de mis convicciones", expresó la legisladora en una declaración que leyó ante sus colegas de la cámara alta.
La senadora, cuya intermediación ha facilitado la puesta en libertad de una docena de rehenes de las FARC, fue sancionada el pasado lunes por el procurador general, Alejando Ordóñez, dentro de una causa disciplinaria por haber, según este funcionario, promovido al grupo guerrillero y colaborado con él.
Ordóñez basó su decisión en archivos informáticos de los computadores de "Raúl Reyes", portavoz internacional y miembro del mando central de las FARC muerto en marzo de 2008 durante un bombardeo a su campamento en suelo ecuatoriano.
En su declaración, Córdoba defendió que, como congresista, está comprometida desde hace 20 años "con la defensa de la democracia, la justicia, el diálogo como mecanismo de solución de los conflictos y la política puesta al servicio del bien colectivo".
"Mi actuar ético en todo momento ha estado en consonancia con el artículo 22 de la Constitución Política, según el cual la paz es un deber y un derecho y de obligatorio cumplimiento", agregó la senadora, que pertenece al Partido Liberal Colombiano (PLC).
La legisladora prometió que seguirá con sus recorridos por todo el país y el mundo "impulsando la humanización y la solución dialogada del conflicto, promoviendo movimientos sociales y políticos a favor de la paz".
Asimismo, "exhibiendo la fuerza de mi palabra, mi compromiso humanitario y toda la capacidad que poseo con la voz de aquellos y aquellas que se cansaron de ser obligados a no vivir en paz en este país", enfatizó luego.
Córdoba dejó en manos de sus colegas esta declaración tras recibir la solidaridad de algunos sectores del Legislativo, como el PLC, el Polo Democrático Alternativo (PDA, de izquierda) y el Partido Verde (PV).
El PDA también consensuó y entregó una constancia o declaración de apoyo a Córdoba, para quien pidió "todas las garantías del debido proceso con la seguridad de que ella demostrará su inocencia".
"Sin embargo, más allá de las formalidades y los procedimientos legales, manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que el derecho a disentir y a hacer oposición siga siendo atropellado en Colombia", añadió la bancada del PDA.
En el mismo sentido se manifestó el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia (MSB Colombia), con sede en Cúcuta, ciudad de la frontera noreste con Venezuela.
En un comunicado, el director general de la formación, David Corredor, llamó a la comunidad internacional a que entienda y vea que en su país no hay libertad integral y que la democracia es limitada.
"Lo que le hacen injustamente a Piedad Córdoba es una advertencia a los que hacemos política y no estamos alineados con el régimen", consideró Corredor, y advirtió: "Corremos el riesgo de ser judicializados, perseguidos y, en el peor de los casos, desaparecidos o muertos".