La Ley de la Procuraduría creará el Consejo de Abogados del Estado
La Paz, Erbol
La creación de un Consejo de Abogados para coadyuvar en la defensa legal del Estado, será uno de los pilares fundamentales del proyecto de Ley de la Procuraduría General del Estado, el mismo que fue aprobado ayer en su estación en detalle en una Comisión Integrada de la Cámara de Diputados.
“Tiene una importancia fundamental en la medida que este Consejo de Abogados, marcará una línea -si vale el término- jurisprudencial en lo que debe hacerse en la defensa legal del Estado. Permitirá uniformar criterios, en el momento de hacer una defensa y seguir lineamientos generales para ganar los procesos”, explicó la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Cecilia Ayllón (MAS).
El proyecto de Ley en su artículo 24, capítulo quinto, establece que “se crea el Consejo de Abogados del Estado como entidad descentralizada de la Procuraduría General del Estado (PGE), cuya función es colegir y agrupar a todos los abogados que trabajaron o trabajen en el sector público en todos sus niveles”.
De la misma manera, señala que el Consejo deberá mantener un registro actualizado de todos los juristas que prestaron y prestan asesoramiento jurídico técnico en todas las entidades públicas del nivel central, descentralizado, autónomo y municipal en todo el territorio nacional.
En su organización (artículo 25), la propuesta indica que la institución tendrá un Directorio compuesto por cinco miembros elegidos entre los abogados del Estado, y un director general que será designado por el Procurador. Mientras que las atribuciones específicas serán establecidas mediante decreto supremo.
Para la diputada Norma Piérola, de Convergencia Nacional (CN), la creación del Consejo de Abogados no beneficiará en mucho a los bolivianos y lo único que se pretende es sepultar al Colegio Nacional de Abogados de Bolivia y a los colegios departamentales.
“Lo que si se quiere, es institucionalizar a los abogados del Gobierno. Es lamentable que se quiera dar los beneficios de exclusividad a los profesionales que prestan servicios en la administración pública”, aseguró.
Asimismo, calificó de “nefasto” el derecho que se otorga al Presidente del Estado, para designar a los subprocuradores.
La norma prevé ser analizada por el pleno camaral, la próxima semana, según lo confirmó la diputada Ayllón.
La creación de un Consejo de Abogados para coadyuvar en la defensa legal del Estado, será uno de los pilares fundamentales del proyecto de Ley de la Procuraduría General del Estado, el mismo que fue aprobado ayer en su estación en detalle en una Comisión Integrada de la Cámara de Diputados.
“Tiene una importancia fundamental en la medida que este Consejo de Abogados, marcará una línea -si vale el término- jurisprudencial en lo que debe hacerse en la defensa legal del Estado. Permitirá uniformar criterios, en el momento de hacer una defensa y seguir lineamientos generales para ganar los procesos”, explicó la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Cecilia Ayllón (MAS).
El proyecto de Ley en su artículo 24, capítulo quinto, establece que “se crea el Consejo de Abogados del Estado como entidad descentralizada de la Procuraduría General del Estado (PGE), cuya función es colegir y agrupar a todos los abogados que trabajaron o trabajen en el sector público en todos sus niveles”.
De la misma manera, señala que el Consejo deberá mantener un registro actualizado de todos los juristas que prestaron y prestan asesoramiento jurídico técnico en todas las entidades públicas del nivel central, descentralizado, autónomo y municipal en todo el territorio nacional.
En su organización (artículo 25), la propuesta indica que la institución tendrá un Directorio compuesto por cinco miembros elegidos entre los abogados del Estado, y un director general que será designado por el Procurador. Mientras que las atribuciones específicas serán establecidas mediante decreto supremo.
Para la diputada Norma Piérola, de Convergencia Nacional (CN), la creación del Consejo de Abogados no beneficiará en mucho a los bolivianos y lo único que se pretende es sepultar al Colegio Nacional de Abogados de Bolivia y a los colegios departamentales.
“Lo que si se quiere, es institucionalizar a los abogados del Gobierno. Es lamentable que se quiera dar los beneficios de exclusividad a los profesionales que prestan servicios en la administración pública”, aseguró.
Asimismo, calificó de “nefasto” el derecho que se otorga al Presidente del Estado, para designar a los subprocuradores.
La norma prevé ser analizada por el pleno camaral, la próxima semana, según lo confirmó la diputada Ayllón.
