Gobierno ratifica que no promoverá modificaciones a Ley de Imprenta porque defiende a la sociedad

La Paz, Abi
El Gobierno ratificó el jueves su decisión de no promover modificaciones a la Ley de Imprenta en vigencia desde 1925 porque es un instrumento legal que defiende a la sociedad, según manifestó el Portavoz Oficial de la Presidencia, Iván Canelas.

En una conferencia de prensa en el palacio de Gobierno, Canelas anotó que el Ejecutivo "no tiene un proyecto o propuesta para modificar la Ley de Imprenta porque no es obsoleta y fue aprobada para las publicaciones de prensa, sean periódicos, libros, revistas y otras, y no puede ser aplicada por analogía al trabajo de algunos canales de televisión, por ejemplo".

Recordó que el propio presidente Evo Morales hizo conocer públicamente la posición del Gobierno esta semana. Morales expresó ?No hay ninguna intención de modificar la Ley de Imprenta? y agregó que este es un asunto que concierne a los propios medios de comunicación y trabajadores de la prensa.

Sin embargo el Jefe de Estado mencionó algunos episodios reflejados en medios de comunicación que se convierten en escenarios para amplificar mensajes racistas contra las autoridades del Ejecutivo.

El Portavoz Oficial de la Presidencia anotó que la posición del Gobierno al respecto no debe ser confundida con las declaraciones de algunos parlamentarios que pueden considerar la necesidad de aplicar ajustes a la Ley de Imprenta.

"Nos preocupa que en algunos medios de comunicación esas declaraciones sean endilgadas al Gobierno, como si fuera una posición de las autoridades. Las declaraciones que emitan los parlamentarios sobre este asunto no deben involucrar al Ejecutivo", reiteró.

Canelas resaltó los esfuerzos que realizan algunas organizaciones periodísticas y de radiodifusión, como el grupo ERBOL, para "proponer algunas incorporaciones a las leyes tomando en cuenta los adelantos tecnológicos de la comunicación".

Recuérdese que la Ley de Imprenta rige desde enero de 1925, hace exactamente 75 años y fue promulgada por el presidente Bautista Saavedra. La Ley de Imprenta es una institución jurídica que nació tras un intenso debate nacional prolongado desde 1826, cuando el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre, fundador de la República, aplicó la Constitución Bolivariana introduciendo la penalización del llamado "abuso de la libertad de imprenta", cuando no había radioemisoras con alta tecnología, ni mucho menos canales de televisión.

Otra de las precisiones formuladas por Canelas se refirió al proyecto de Ley contra el Racismo y la Discriminación que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la posición que han asumido algunas organizaciones periodísticas.

"No creo que haya un periodista que esté en contra de la aprobación de una Ley contra el Racismo y la Discriminación", señaló, al anotar que otra cosa es que algunos de los artículos de este proyecto legal sean observados.

Canelas, quien ha sido dirigente de los sindicatos de la prensa por varios años y periodista en ejercicio en diversos medios de comunicación en el pasado, enfatizó su convencimiento de que "no hay periodista que esté en contra del racismo".

Sin embargo lamentó que algunas personas que fungen como periodistas en los medios de comunicación hayan asumido posiciones y emitido voces discriminatorias en Bolivia, como es el caso de Luis Arturo Mendívil y Carlos Valverde, ambos desde medios de comunicación del departamento de Santa Cruz.

Mendívil, propietario de radio Oriente de Santa Cruz, ha sido acusado por la propia Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) de emitir en ese medio de comunicación "opiniones racistas, discriminatorias, lindantes con la apología del delito y el libertinaje de prensa que ponen en riesgo la unidad y la convivencia nacional".

El informe sindical acusó a Mendívil de fomentar el racismo, la discriminación, el odio a los ?collas? (pobladores del occidente) e inducir a acciones violentas de corte étnico a través de un medio de comunicación masiva.

Canelas manifestó que esos excesos deben ser sancionados por la Ley porque son negativos para el país.

Indicó que es necesario dejar que la Comisión Legislativa que analiza el proyecto de Ley contra el Racismo y la Discriminación trabaje esa propuesta en base al diálogo con diversos sectores para lograr un instrumento legal de consenso.

El proyecto de Ley contra el Racismo y la Discriminación ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra en su fase de revisión en el Senado.

"El Gobierno es respetuoso de la autonomía de poderes y respalda las acciones que lleva adelante el Legislativo para recoger las posiciones de los sectores para aprobar una Ley de consenso", anotó.

Igualmente se refirió a los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que respaldan al Gobierno para crear Leyes y normas que combatan el racismo y la discriminación en Bolivia, una vez que tienen informes sobre los abusos que sufren en el país algunos ciudadanos por esos excesos, ya sea por cuestiones de color de piel, raza, situación económica y otros.

"Hasta los jóvenes son víctimas de la discriminación por su forma de vestir y otros", anotó.

El Portavoz enfatizó que por ello se ha convocado a las organizaciones de prensa al Legislativo a analizar el proyecto de Ley y dar a conocer sus observaciones a algunos artículos, antes de declarar medidas de presión que están en su derecho, pero es importante siempre agotar todas las instancias del dialogo.

Algunos organismos de prensa han considerado que dos artículos de la Ley contra el Racismo y la Discriminación ponen en riesgo el respeto a la libertad de expresión.

Al respecto, Canelas subrayó que esos cuestionamientos deben ser dados a conocer a la Comisión Legislativa para su debate y, mejor aún, si es con iniciativas puntuales.

Canelas dijo que, por su parte, tiene interés en reunirse con la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de la Prensa para dialogar sobre este tema. Adelantó igualmente que este viernes asistirá a un seminario organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa al sector empresarial del periodismo, para hacerles conocer la posición del Gobierno.